EL DESPIDO COMO REPRESALIA - Testigos en sede laboral.

 

Sabido es, que la prueba testimonial posee una importancia fundamental y ocasionalmente, resulta decisiva para algunos –la mayoría- de los procesos laborales a fin de desentrañar la verdad real de la disputa que ha sido traída a juicio.

Es en esa inteligencia, que frecuentemente la declaración de testigos efectuada de manera sincera, resulte vital para la dilucidación del caso en el proceso laboral y, no resulta menos cierto que en muchas ocasiones tal declaración, genera consecuencias contrarias a los intereses del empleador demandado, siendo esto, un elemento generador de situaciones de conflictos entre el empleador y su empleado/a testimoniante en el proceso.

La situación apuntada es la que genera una situación al menos incómoda –cuando no- apremiante desde el punto objetivo para con el trabajador testigo. Es importante aclarar que en la Argentina no existe un marco protectorio para que el testigo que declara en juicio laboral tenga una debida protección en materia laboral con la finalidad evitar o resarcir los efectos negativos que se pudieran generar como situación devenida por su participación en un conflicto legal.

Ello así porque cabe recordar que el real o potencial conflicto de intereses con el empleador del declarante, puede manifestarse con actitudes hostiles de distinto tipo e incluso que el testigo empleado del demandado pueda ser injustamente sancionado con el despido, sea éste, sin causa o bien encubriendo la misma con una expresión ficticia con la que se encubra la real voluntad de represalia o revancha del principal.

La posibilidad de que este tipo de conductas del empleador efectivamente ocurran o bien puedan potencialmente ocurrir, constituye el fundamento central para establecer algún tipo de protección adicional para el dependiente que declare en juicio laboral y así, brindar una mayor garantía para la efectiva realización de protección a determinados bienes jurídicos, tanto respecto del propio trabajador como de la administración de justicia laboral.

En efecto, parece del orden natural de las cosas que si el testigo concurre a los Tribunales del Trabajo habiendo sido objeto de alguna insinuación, presión o si media algún antecedente en la empresa de que otro trabajador declarante ha sido objeto de presiones o sanciones de algún tipo, ello bien puede influir en el ánimo del mismo de modo que su declaración no tenga la suficiente amplitud, veracidad o sinceridad si es que con la misma habría de perjudicar los intereses del empleador y con ello ver concretada  la  conducta  disvaliosa  que  éste  de algún modo hubiera insinuado o anticipado.

En situaciones como las descriptas, se estaría configurando un perjuicio que podría caracterizarse como de tipo psicológico o moral por el dilema en que se colocaría el testigo ante la presión del empleador o sus cuadros conductivos, el compromiso con la verdad emergente no sólo de la lealtad que se suele cultivar entre compañeros de trabajo, sino también el cumplimiento de la obligación legal de no faltar a aquélla ya sea no tergiversando los hechos y, sobre todo, no siendo reticente en los detalles que pueden resultar de singular relevancia en el pleito.

Ante tal situación no sólo se produce el perjuicio concreto a la persona del testigo trabajador, sino también se proyectan obstáculos hacia la administración de justicia laboral y a los eventuales derechos del reclamante en juicio.

Esto, porque si bien es cierto que la búsqueda de la verdad material no está ausente como objetivo de toda contienda judicial, no es menos cierto que dicha finalidad está especialmente presente en el proceso laboral.

Ello así porque -como fue dicho al comienzo- esa búsqueda de la verdad material como objetivo del proceso laboral permite que se concrete la efectiva aplicación de uno de los principios de derecho sustancial como es el de primacía de la realidad que es factible si a la autoridad judicial llega al conocimiento de los verdaderos hechos sobre cuya base se ha de aplicar el derecho sustantivo.

Ahora bien, hasta aquí el tema ha sido abordado desde la perspectiva de facilitar la aplicación del derecho del trabajo, pero también la protección en tratamiento debe tener su proyección a la persona del testigo trabajador.

En efecto, al establecer algún tipo de protección adicional para el empleado/a declarante se contribuiría a brindar a éste, una suerte de mayor tranquilidad de espíritu y la consiguiente disposición para brindar una amplia colaboración con la autoridad judicial al momento de prestar su declaración y si por esto fuera objeto de despido, que la indemnización por éste motivo se agrave patrimonialmente.

Ello así porque dicha protección traería como correlato una suerte de obstáculo para que el empleador se vea tentado de utilizar al despido como represalia, situación ésta que operaría de similar modo que otras indemnizaciones por el efecto pecuniario sobre el principal, con el consecuente freno que esto representa para la actitud rupturista que no tiene sustento en una causa justificada.

Debo destacar que lo antes dicho tiene su inspiración en un proyecto de ley (2011) del Diputado nacional doctor Héctor Recalde en el que se propiciaba establecer legislativamente la protección especial en tratamiento. Cierto es, que tal proyecto no prosperó debido al fuerte –lobby empresario- y algún desinterés del cuerpo legislativo permeable a ese lobby.

El trabajador/a testigo NO DEBE DESALENTARSE y continuar prestando declaración en los juicios cumpliendo con la ley y, con sus compañeros que, en muchas ocasiones –más de las que se conocen- resultan violentados en sus derechos por empleadores abusivos.

Fuentes: Héctor Recalde - Miguel Omar Pérez

DONDE HAY UNA NECESIDAD, NACE UN DERECHO..!

 Ampliación de las moratorias previsionales.

Una medida política necesaria.

Conclusiones

·  El esquema actual para acceder a la moratoria previsional, que tiene vigencia desde 2014 finaliza el 23 de julio próximo. El Presidente Alberto Fernández anunció su prórroga, tomando la “decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”. Actualmente en el Congreso de la Nación hay un proyecto que cuenta con media sanción para ampliar la moratoria previsional.

·  Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.

·  Sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

·  Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio.

·  En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

·  El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.

·  A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde sólo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

·  Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

·  En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a  las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

·  Es posible constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 a tercer trimestre 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%, en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%. En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.

·  La moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales o desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.

·  ¿Las moratorias quiebran el sistema previsional? Los números no acompañan esta tesis. Del análisis de los datos históricos se pudo concluir que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones. Esto se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema. Es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios.

·  Esto se contrapone a lo sucedido con posterioridad. Entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores/as activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema.

·  La decisión del Presidente Alberto Fernández, y la eventual aprobación del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso, lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación. De esta manera se procura que, por un lado, aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio. Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI. 

Fuente: C.E.P.A.

GESTION DEL DELITO. AGENCIA POLICIAL MEXICANA. COMPLICIDAD JUDICIAL.

https://youtu.be/jw901iRgSh4 

Rodríguez Larreta culpa a los abogados/as laboralistas

Bajo el supuesto objetivo de crear empleo, Rodríguez Larreta anunció una pérdida de derechos laborales en una futura gestión de Cambiemos y culpó a los abogados laboralistas.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo declaraciones radiales el pasado 23 de mayo referidas, entre otras cuestiones, a la necesidad de realizar una reforma laboral (https://www.diarioconvos.com/2022/05/23/las-10-frases-de-horacio-rodriguez-larreta-en-radio-con-vos/).

La página web de la radio en la cual prestó tales declaraciones, sintetizó de esta manera:“Según el jefe de gobierno porteño, los propios sindicalistas se quejaron con él porque “las multas que se cobra a las empresas por despidos triplican las indemnizaciones que reciben los trabajadores. Eso no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”.

No se sabe quiénes serían los supuestos sindicalistas, y amparándose en esa ignota fuente, el Jefe de Gobierno hace suyas afirmaciones que merecen ser replicadas. A esto hay que agregar que tales declaraciones han sido reproducidas con el mismo tenor por otros medios periodísticos, tratándose de una nueva embestida contra derechos laborales fundamentales.

Las trabajadoras y los trabajadores sin registración laboral o incorrectamente registrados (trabajo en “negro”) que son despedidos sin justa causa, tienen derecho al cobro de indemnizaciones -mal llamadas “multas”- que duplican la indemnización por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo, más un 25% de las remuneraciones percibidas sin registración (todo esto según la ley 24.013, año 1991).

Ello sumado al incremento indemnizatorio del 50% de las indemnizaciones por antigüedad debidas y no pagadas (ley 25.323, año 1999), puede llevar a elevar las indemnizaciones por despido al triple de la indemnización por antigüedad.

La ley 24.013 es fruto de un proyecto legislativo de Menem y Cavallo en el marco de un blanqueo y pretende reparar al trabajador y a la trabajadora precarizados, que no recibieron aportes de seguridad social.  La ley 25.323 (dictada en la época del presidente De La Rúa) indemniza al trabajador y a la trabajadora por no dejarle otra alternativa que hacer un juicio, el cual puede durar años para cobrar la indemnización por antigüedad que por ley les corresponde.

En consecuencia, esa “triplicación de las indemnizaciones” – en los pocos casos que procede, ya que es una falsa generalización –  es fruto de derechos reconocidos anteriores al crecimiento económico iniciado en los años posteriores a la crisis del 2001, en que se verificó una de las etapas de mayor crecimiento del empleo en nuestro país. Es una muestra más de que la creación de empleo no tiene obstáculo en las leyes que amparan a los trabajadores y a las trabajadoras.

En cuanto a que la indemnización “…no va para el trabajador, sino para los abogados laboralistas”, es una mentira de muy fácil refutación. El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que: “Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derecho-habientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder”.

Es decir que, todo pago que se realiza en un juicio laboral se debe realizar mediante depósito judicial a la orden del Tribunal, el cual transfiere luego las sumas depositadas a una cuenta bancaria de titularidad exclusiva del trabajador o trabajadora litigantes. Esto sucede así aún en el caso en que éstos últimos le hayan otorgado poder al abogado o abogada que los patrocinó en el juicio.

En consecuencia, afirmar que las indemnizaciones van “para los abogados laboralistas”, es una grosera falsedad destinada a desalentar a los trabajadores y trabajadoras en el reclamo de los derechos que por ley les corresponden.

Para finalizar, hay que señalar la idea de reducir derechos laborales para generar empleo, no es nueva y se viene reproduciendo desde hace décadas sin advertir que, como ha sido demostrado hasta el hartazgo, no son las cargas sociales o las indemnizaciones por despido las que impiden crear empleo sino la estructura económica del país que, vale la pena decirlo, mantiene a los principales gestores del Producto Bruto Interno, estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores, recibiendo menos del 40% del mismo, mientras los denominados erróneamente como “dadores de trabajo”, parte de los cuales se encuentran concentrados y son los responsables desde hace muchos años de la grave situación que vive la Argentina, se apropian del 60% restante.

A esto hay que agregar que, el mal llamado “costo laboral”, que son en verdad derechos humanos laborales esenciales, suele ser una parte menor del total del valor de los bienes producidos (en especial los alimentarios), que además se va incrementando en las cadenas de valor, con intermediarios a menudo especuladores y totalmente innecesarios. Agregándose además que, ese supuesto “alto costo” tan denostado, se asemeja a la mayoría de los que existen en la mayor parte del mundo.

Por todo ello, repudiamos los comentarios realizados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un intento más de instalar la idea sobre una reforma laboral regresiva y que no busca en verdad generar empleo. 

Repudio al que adhiero de manera ferviente con la ASOCIACION de ABOGADOS y ABOGADAS LABORALISTAS (AAL).

Se promulgó la Ley de Cannabis Medicinal

El Presidente de la Nación promulgó la Ley N° 27.669 que establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional de cannabis para el uso medicinal

A través del dictado del Decreto N° 266/22 se promulgó la Ley N° 27669 que establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal.

El Decreto promulgatorio, firmado por el Presidente de la Nación, Albereto Fernández, el Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, y el Ministro de Producción, Matías Sebastián Kulfas, se puiblicó en el Boletín Oficial de hoy, luego de que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fuera aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación con 155 votos afirmativos 56 negativos y 19 abstenciones, siendo de esa manera convertido en Ley.

La iniciativa tiene la finalidad de regular la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal.

Entre sus fundamentos, el texto destaca que “la industria del cannabis legal ha generado gran interés a nivel mundial. El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial…”.

Uno de los principales puntos es la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado que tendrá las funciones de reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados (en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas).

Decreto N° 266/22

Ley N° 27669

* Fuente: Palabras de Derecho

 

NULIDAD DEL DESPIDO

En significativas ocasiones muchos empleadores producen despidos bajo el ropaje de una causa genérica, mediante ésta, procura evadir el pago de indemnizaciones laborales previstas en la legislación. 

Dentro de las causales más comunes encontramos las siguientes:

• Desgano.
• Pérdida de confianza.
• Reiteración y/o invocación de sanciones leves.
• No alcanzar “objetivos” fijados por la empresa.

En estas circunstancias las causales esgrimidas por la patronal, resultan no valederas para extinguir la relación laboral, solo consiguen evitarse el pago de indemnizaciones dinerarias, salvo que el trabajador inmediatamente de haber sido notificado del despido, oponga sus defensas para derrumbar la causal maliciosamente utilizada por el empleador.

Las causales indicadas anteriormente se denominan dentro de la especialidad del derecho del trabajo como “causales genéricas”. Sobre ello, la justicia laboral ha considerado injustificado el despido de un trabajador de más de ocho años de antigüedad, quien contaba con un único antecedente desfavorable consistente en un llamado de atención imputándole en forma genérica “conductas hostiles”.

La empleadora en aquel tiempo, desvinculó al trabajador endilgándole un “comportamiento injurioso” para con ellos, a partir de un telegrama que el trabajador había despachado notificando a sus patrones a los fines que registraran correctamente la fecha de ingreso en la documentación laboral.

También el trabajador solicitaba a su empleadora para que sus patrones concluyeran con las hostilidades y persecución discriminatoria contra él por haber testimoniado en un juicio que otro trabajador había iniciado contra la empresa.

Por ello, cuando el trabajador se considera injustamente discriminado y resulta despedido con aparente “justa causa”, debe asesorarse convenientemente, de manera tal que se pueda presentar ante la justicia laboral a los fines que ésta ordene el reingreso del trabajador a su ocupación habitual y se le efectúe el pago de todos los salarios caídos y/o se lo indemnice por despido incausado, exigiendo a los efectos probatorios que se produzca un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba. 

Es decir, que la mecánica probatoria deberá responder a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales del trabajador, debido a las serias dificultades de la prueba del hecho discriminatorio o lesivo del derecho fundamental del reclamante.

 

Ver fallo: “Víctor César Lescano c/ Ingeplam S.A s/Despido (CNAT. Voto Dr. Oscar Zas)