El trabajador y su voluntad viciada en acuerdo extrajudicial

La Cámara del Trabajo declaró la nulidad de un acuerdo de rescisión de contrato entre un trabajador y una empresa celebrado ante un escribano público. Para los jueces, el actor fue parte del acuerdo “en virtud de un estado de necesidad y sin contar con asesoramiento letrado, lo que permite concluir que su voluntad estuvo viciada”.

La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, resolvió declarar la nulidad de un acuerdo celebrado en escritura pública entre un trabajador y su empleador, e hizo lugar al reclamo salarial iniciado en la causa "Aguilar Santos, Jesús c/ Inc SA s/ Diferencias de Salarios".-

Las juezas Beatriz Fontana y Estela Ferreirós tuvieron el criterio opuesto al juez de Primera Instancia, que rechazó el pedido de nulidad del acuerdo sobre la base de que el mismo no se redarguyó de falsedad. Ambas sostuvieron que no era necesaria esa impugnación para acreditar que había irregularidades en la celebración del acuerdo.-

“Para establecer el vicio de la voluntad no se requiere en este caso redargüir de falsa el acta notarial, en tanto el escribano interviniente en modo alguno puede dar cuenta de la existencia o no de vicio de la voluntad de uno de los firmantes, sino que solamente se expide respecto de lo que manifestaron en su presencia”, argumentó la Sala al respecto.-

En ese sentido, el fallo enumeró las conjeturas que hacían advertir que el actor contó con su voluntad viciada al momento de celebrar el acuerdo, tales como que “no estuvo acompañado por ningún asesor letrado, requisito que si bien no es exigido por el art. 241 LCT, no cabe duda que constituye un indicio serio para establecer si efectivamente el dependiente pudo haber obrado con cabal conocimiento del acto al que estaba asistiendo”.-

“Ese indicio es aún más serio si se tiene en cuenta que el mismo acuerdo podría haberse celebrado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que no hubiera devengado costo alguno para la demandada pero hubiera exigido el asesoramiento letrado del actor”, agregaron las magistradas.-

Otro punto tenido en consideración, refirió al hecho de que “la rescisión contractual celebrada por escritura pública no requiere homologación administrativa ni judicial”. “En especial en las circunstancias que surgen de autos, en tanto el accionante venía de padecer un periodo de enfermedad que lo obligó a ausentarse, y produciéndose la rescisión del contrato precisamente en el momento de su reingreso”, indicó el fallo.-

A todo ello se le agregó, según la Cámara, el hecho de que “al poco tiempo de celebrar el acuerdo en cuestión el actor intimó poniendo en cuestión el mismo, sin perjuicio de lo cual la demandada se mantuvo en su postura sosteniendo la legitimidad de aquél”. Para la Alzada, “esa respuesta de la accionada no parece acorde con la buena fe que ambas partes deben profesar también en el momento de extinguir el contrato de trabajo “.-

Todas estas circunstancias llevaron a las sentenciantes a dictaminar que existían en autos “sobrados elementos de prueba para tener por acreditado que el actor fue parte del acuerdo del que da cuenta la escritura (…) en virtud de un estado de necesidad y sin contar con asesoramiento letrado, lo que permite concluir que su voluntad estuvo viciada”. Por lo tanto, se anuló el acuerdo y se hizo lugar a la demanda.-

Fuente: Dju

Daniel Viglietti - A Desalambrar

Abuso punitivo - Detenida sin Pruebas - Daño Moral - El Estado debe Indemnizar

El Estado Nacional deberá pagarle más de medio millón de pesos a una vecina bonaerense que fue detenida casi sin pruebas por la Jueza Federal de Comodoro Rivadavia, Dra. Eva Parcio. Se trata de una mujer de iniciales M.I.A., que fue involucrada en un megaoperativo de narcotráfico sólo por figurar como titular de un teléfono celular sospechado en la causa.-

Demanda contra el Estado

La afectada era vicedirectora de un jardín de infantes en San Cayetano, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por el daño moral y familiar que le causó el incidente, demandó al Estado y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón.-

El caso original explotó en julio de 2002. Unos 150 kilos de cocaína fueron incautados del buque de bandera panameña, el Sierra Guadalupe, en Puerto Deseado, Santa Cruz. Era el mayor decomiso narco en la historia de la Patagonia y la droga se valuó en más de 3 millones de dólares. Según la primera sospecha de la Jueza Parcio, M.I.A., era el contacto local.-

Lo cierto es que el 9 de abril de 2003 a las 3.45, la mujer estaba en su casa de la calle 6 de Setiembre de San Cayetano con su esposo (L.O.A.), cuando irrumpieron un civil y un uniformado apuntándolos con un arma. Revisaron la vivienda al detalle y secuestraron un celular, una agenda y documentación con datos de clientes del marido.-

Fue detenida, esposada y retirada abruptamente. Fuera de la casa había más uniformados armados. La calle, cortada al tránsito. La subieron a un coche y en sede de la Prefectura completó planillas, le tomaron fotos y huellas dactilares. La trasladaron al Juzgado Federal de Mar del Plata. Luego a un calabozo de la Comisaría VI y por fin, a la Departamental de la Mujer.-

Al otro día voló a Comodoro Rivadavia, vestida con chaleco antibalas y tapada la cabeza con una campera. Nunca había tomado un avión. En el despacho de la Jueza Parcio, la interrogaron por números de teléfonos y cantidad de celulares que usaba. Allí se entera que la detenían porque en la libreta de otro involucrado figuraba un número que supuestamente era de ella. Fue encarcelada en el subsuelo de la sede de la Policía Federal local. El  día 14 de abril quedó libre pero recién la sobreseyeron el 19 de diciembre.-

La mujer demandó al Estado por el periplo que sufrió. Según el fallo, “la administración de justicia y la seguridad de la sociedad no pueden ser excusas para cercenar un derecho fundamental como la libertad”. La orden de allanamiento y detención “obedeció a un actuar apresurado e irreflexivo de la magistrada, ya que basó su sospecha únicamente en el uso de un celular que supuestamente era de la actora”. No hubo investigación “previa, seria y responsable” que de haberse efectuado “hubiera comprobado que la señora ninguna relación tenía con el tráfico de estupefacientes”.-

Una vez localizado el domicilio real de la sospechosa en San Carlos, “no se realizó ninguna tarea de investigación acerca de la persona, grupo familiar, actividades laborales, económicas, inserción social y cualquier otro dato de interés a los fines de dar crédito a la sospecha inicial”. La mujer tenía más teléfonos a su nombre pero a diferencia del primero, no fueron intervenidos para probar su conexión con el crimen organizado.-

La Jueza Parcio –en lugar de allanar y detener- bien pudo haberla citado a declarar ante el Juzgado Federal de Mar del Plata. En lugar de eso, entendió que junto con su marido eran los contactos locales para exportar droga a España. “Arriba a tal conclusión luego de destacar esencialmente los contactos telefónicos frecuentes con otros abonados relacionados a la causa y en función de ello ordena la captura y el allanamiento”. Las tareas de investigación fueron nulas con la mujer: sólo se intervino una línea para decidir capturarla.-

Según los Camaristas Federales Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, “la sospecha no puede apoyarse exclusivamente en la supuesta titularidad de un celular sin ningún otro componente que le brinde solidez a la sospecha. Menos cuando de la investigación surgen otros elementos que de haber sido valorados e investigados oportunamente podrían haber llevado a la desvinculación de la mujer o al menos no detenerla de esa forma”.-

El vértigo de la pesquisa ante la detección de una carga inusual para la región y la posibilidad de que ella fuera el nexo con el envío de droga al exterior no eran excusas, ya que se la detuvo recién 8 meses después. Tiempo suficiente para investigarla mejor.-

La Jueza Parcio le pidió a Unifón información clave sobre ese celular: la compañía contestó tarde, después de la detención. Si la Jueza hubiese insistido, nada habría sucedido. “La envergadura de la operación (contrabando de exportación de más de 125 kilos de estupefacientes) debió llevar a reflexionar al instructor que difícilmente los involucrados utilizarían sus teléfonos”, ironiza la sentencia.-

“Entre la fecha de la detención y la libertad no hubo nuevos elementos, todo lo cual denota el actuar apresurado de la juez al momento de ordenar la captura, quien teniendo el conocimiento ya del domicilio real de quien figuraba como abonado y que la supuesta titular poseía otros números telefónicos, no investigó si la titular de la línea era efectivamente la usuaria”.-

La propia Jueza, al desvincular a la pareja, admitió que “ni M. I. A. ni L. O. A. fueron los usuarios de los equipos telefónicos utilizados por los partícipes del plan ilícito ejecutado, pese a figurar como titulares de los mismos. Las pruebas colectadas despejan toda duda a su respecto y los sitúa al margen del hecho investigado”.-

Los Camaristas precisaron que el daño moral incluyó “estar detenida y alojada en diferentes comisarías, el desconocimiento del hecho y consecuente incertidumbre acerca de su situación como también la afectación de su honor ante semejante imputación de involucrada en una causa por tráfico de estupefacientes”.-

Detención pública

La detención de la mujer se publicó en los diarios locales. “No cabe duda de que una noticia de esta índole lesiona la reputación de la persona por las dudas que genera sobre la efectiva comisión del delito (…) máxime en una localidad con reducido número de habitantes, sumado ello al alejamiento familiar”. San Cayetano no tiene más de 8 mil habitantes.-

Todos los testimonios coincidieron en el estado anímico de la mujer y el impacto en su círculo de amistad, familiar y en la comunidad. “Estaba abatida, desesperada, demacrada, y su estado general era terrible. Los familiares estaban azorados y desesperados, y en el pueblo fue una conmoción que generó sorpresa, estupor y toda clase de comentarios por relacionarla con el narcotráfico”.-

La mujer padece síndrome por stress postraumático crónico, “causado por lo disruptivo y violento de la exclusión abrupta del hogar familiar, allanamiento y traslados a comisarías con la incertidumbre acerca de su destino y latente amenaza a su integridad física y moral”. Hubo daño a su reputación ya que era vicedirectora de un jardín en constante contacto con padres y menores.-

La vivencia “le causó especialmente intranquilidad, miedos y sentimientos relacionados al temor por su integridad física y espiritual y angustia e incertidumbre”, indicó finalmente el fallo.-

Deberá ser indemnizada por el Estado Nacional, con un monto sensiblemente superior a $ 500.000,-

MARKAMA y Rubén Rada - Samba landó

NULIDAD DEL ACUERDO RESCISORIO LABORAL INSTRUMENTADO POR ESCRITURA PÚBLICA

Luego de destacar que para establecer el vicio de la voluntad no se requiere redargüir de falsedad el acta notarial que dispuso la rescisión del contrato de trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que, "...el trabajador fue parte del acuerdo rescisorio instrumentado por escritura pública en virtud de un estado de necesidad y sin contar con asesoramiento letrado..."

En los autos caratulados “Aguilar Santos Jesús c/ Inc. S.A. s/ diferencias de salarios”, la parte actora apeló la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda presentada.-

La recurrente se agravió de la sentencia de grado debido a que rechazó su planteo de nulidad del acuerdo celebrado mediante escritura pública con base en que el accionante no redarguyó la misma de falsedad. A su vez, la apelante se quejó por el rechazo de su reclamo por horas extraordinarias adeudadas, las que aduce que están probadas atendiendo a las pruebas que menciona, en especial la pericia contable y la prueba testimonial producida.-

Cabe destacar que en el presente caso, las partes llevaron a cabo una escritura pública por medio de la cual se hizo constar que se rescindía el contrato de trabajo en los términos del artículo 241 dela Ley de Contrato de Trabajo.-

Los magistrados que integran la Sala VII entendieron que “para establecer el vicio de la voluntad no se requiere en este caso redargüir de falsa el acta notarial, en tanto el escribano interviniente en modo alguno puede dar cuenta de la existencia o no de vicio de la voluntad de uno de los firmantes, sino que solamente se expide respecto de lo que manifestaron en su presencia”.-

Los camaristas ponderaron que “el actor no estuvo acompañado por ningún asesor letrado, requisito que si bien no es exigido por el art. 241 LCT, no cabe duda que constituye un indicio serio para establecer si efectivamente el dependiente pudo haber obrado con cabal conocimiento del acto al que estaba asistiendo”, agregando que tal indicio “es aún más serio si se tiene en cuenta que el mismo acuerdo podría haberse celebrado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que no hubiera devengado costo alguno para la demandada pero hubiera exigido el asesoramiento letrado del actor”.-

Tras remarcar que “la rescisión contractual celebrada por escritura pública no requiere homologación administrativa ni judicial”, los magistrados entendieron que ello constituye otro indicio respecto de la posible existencia de un vicio de la voluntad del actor, sobre todo debido a que “el accionante venía de padecer un periodo de enfermedad que lo obligó a ausentarse, y produciéndose la rescisión del contrato precisamente en el momento de su reingreso”.-

Por otro lado, el tribunal tuvo en cuenta que al poco tiempo de celebrar el acuerdo en cuestión el actor intimó poniendo en cuestión el mismo, ante lo cual la demandada se mantuvo en su postura sosteniendo la legitimidad de aquél, concluyendo los jueces que “esta respuesta de la accionada no parece acorde con la buena fe que ambas partes deben profesar también en el momento de extinguir el contrato de trabajo”.

En base a lo expuesto, la mencionada Sala concluyó en la sentencia del 28 de octubre pasado, que en la presente causa existían sobrados elementos para tener por acreditado que el actor fue parte del acuerdo en virtud de un estado de necesidad y sin contar con asesoramiento letrado, lo que permite concluir que su voluntad estuvo viciada.-

Por otro lado, en relación al reclamo del actor basado en diferencias que sostiene le adeudan por trabajo prestado en horas extraordinarias, los magistrados explicaron que si bien “el actor ocupaba un cargo de dirección y que por lo tanto estaba excluido de la ley de jornada, pero lo cierto es que de la propia pericia contable se desprende que se le pagaron horas extraordinarias”.-

Además, los camaristas especificaron que “por la actividad de la demandada resulta de aplicación al caso el CCT nº 130/75, que precisamente prevé los cargos de jefatura dentro de las categorías del convenio, lo que reafirma que el accionante estaba amparado por la ley11.544”.-

En dicho marco, y al encontrar acreditado que “el actor cumplía horas extras dado que la demandada se las pagaba,  y esta última estaba obligada a llevar el registro especial que establece el art. 6 dela Ley11.544”, el tribunal resolvió que en base a lo estipulado en los incisos g) y h) del artículo 52 de Ley de Contrato de Trabajo, correspondía tener por ciertas las horas extras denunciadas al inicio, y era la demandada quien debía producir prueba en contrario.-

El Empleador y el abuso del Ius Variandi

Señor empresario, va de suyo que una de las facultades propias del empleador es aquella que le permite introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo (Arts. 62 y ccdtes y subsiguientes LCT) pero, ¿Qué debe tener en cuenta el empleador al momento de decidir introducir estas modificaciones?

La Ley de Contrato de Trabajo indica que estos cambios no deben importar un ejercicio irrazonable de esta facultad, ni alterar modalidades esenciales del contrato, ni causar perjuicio material ni moral al trabajador. Ahora bien, lo que en la ley resulta claro, llevado a cada caso en particular, no siempre resulta tan sencillo para el empleador.-

Dispara el presente escrito, un reciente fallo de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo en la causa “Roldán Alberto Argentino c/ Autobat S.A. s/ despido”. Esta expediente se inició cuando la empresa, cerró el establecimiento, y realizó una mudanza a uno nuevo, sin perjuicio de esto, no ofreció al trabajador accionante, ningún tipo de compensación como consecuencia del mayor tiempo y dinero que debería destinar  este, para llegar al nuevo lugar de trabajo asignado. La sala decidió que el accionar del empresario configuró un ejercicio abusivo del Ius Variandi -es decir, del derecho del empleador a introducir modificaciones en las modalidades de prestación de tareas- que justificó la disolución del vínculo, mediante despido indirecto.-

Pero, ¿por qué la Cámara falló de esta forma? ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos?

La Cámara entiende legítimo el despido indirecto aducido por el trabajador, ya que por más de que exista una causa que justifique la medida de modificar el lugar de prestación de tareas -por cierre y posterior mudanza a otro establecimiento en el caso-, se configuraría un abuso de la facultad de modificar las modalidades por parte del empleador si no se le ofreciera al trabajador, una compensación por el mayor tiempo y dinero destinados a llegar a este nuevo destino, tiempo que se le quita a proyectos personales, momentos familiares, y de descanso. No hay que soslayar, las mayores erogaciones en las que deberá necesariamente incurrir el trabajador, que configuran un perjuicio al trabajador.-

Entonces, ¿el cierre y posterior mudanza a un nuevo establecimiento no es por sí sola una justificación razonable para la modificación impuesta?

La Cámara entiende que no, ya que deberá también cuidar el empresario el debido respeto a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales. En el caso citado, el sólo hecho de citar como argumento el cierre del establecimiento, no justifica de por sí, que aplique la modificación del lugar en donde se prestarán las tareas, sino que necesariamente deberá arbitrar los medios necesarios para ofrecerle al trabajador una compensación al causare un perjuicio moral y material al trabajador.-

El empresario, en virtud del carácter dinámico del contrato de trabajo, puede modificar algunos aspectos del mismo de forma unilateral, y de esta forma efectuar los cambios que considere necesarios para modernizar, mejorar, o aumentar la producción. Es una potestad, que no requiere el consentimiento del empleado, pero, que necesariamente deberá prever el empleador si esta modificación causa algún perjuicio material o moral al trabajador o si afecta las condiciones esenciales del contrato de trabajo.-

Entonces, debe preguntarse el empleador, ¿Cuáles son los requisitos para establecer modificaciones en la modalidad de prestación de tareas?

En primer lugar, la razonabilidad. Las modificaciones deben responder a necesidades lógicas y necesarias de la explotación de la empresa, sin implicar un uso arbitrario, malintencionado, y con una finalidad hostil para el trabajador, o ajena a los intereses de la empresa.-

En segundo lugar, no modificar las condiciones esenciales del contrato, entre las cuales se encuentran el lugar de prestación de tareas, la cantidad de horas,  y la tarea en sí, entre otras. Esto no significa de por sí que éstas no puedan ser modificadas bajo ningún aspecto, pero deberá tener el empleador el recaudo de obtener la anuencia del empleado para introducir estos cambios. (por ejemplo, como contraprestación al aumento de horas de trabajo, ofrecer pagarle una mayor retribución).-

Por último, la modificación de las condiciones no debe perjudicar al trabajador en ningún aspecto, ni a él personalmente, es decir moralmente, ni tampoco materialmente.-

Entonces, ¿Puede válidamente un empresario introducir cambios en las modalidades de la prestación de tareas?

Claro que sí, pero primero deberá evaluar si estos cambios encuentran una justificación razonable (criterio objetivo), en el caso citado, modificar el lugar de prestación de tareas por cierre del establecimiento parece ser un argumento válido, pero deberá también valorar si este cambio afecta la situación particular de cada trabajador (criterio subjetivo), y una vez chequeados estos aspectos, decidir realizar la modificación de las modalidades de trabajo o no.-

En el caso del presente análisis, podemos advertir que se generó un cambio en un aspecto esencial de la relación de trabajo, el lugar de trabajo. Tal vez podrá advertir el lector, que la empresa podría justificarse diciendo que el cambio se debió al cierre del establecimiento y era razonable la modificación, pero, no debemos pasar por alto un dato insoslayable: analizar si al empleado el cambio de lugar le generaba en sí un perjuicio moral (menos tiempo para actividades personales, proyectos, y descanso debido al viaje), y material (mayores erogaciones para traslados, gastos en comida, viáticos en general). No es lo mismo cambiar el lugar de prestación de tareas a un lugar cercano a donde prestaban tareas en un principio, a hacerlo a un lugar totalmente alejado, situación que modifica el plan de vida, horarios, y organización del empleado.-

Por lo tanto, adviertan los empleadores en general, que de no existir conformidad de los trabajadores –por escrito-, ni ofrecérsele alguna ventaja o contraprestación por la modificación de las modalidades de prestación de tareas, -por ejemplo, un aumento de las remuneraciones, pago de viáticos, traslados a cargo de la empresa-, correrán el riesgo que algún empleado opte por pedir que se reestablezcan sus condiciones de trabajo anteriores al cambio, o bien considerarse despedido indirectamente.-

Como conclusión, podemos inferir que es de buena práctica para el empresario advertir los riesgos de introducir cambios en la modalidad de prestación de tareas sin estudiar ni contemplar los requisitos antes mencionados, ya que un ejercicio arbitrario de este derecho, puede traer consigo muchos dolores de cabeza y cuantiosas indemnizaciones.-

“El fiscal no tiene por qué ser el verdugo; tiene que buscar la verdad”

La fiscal general de menores ante los tribunales de Capital Federal, Patricia Quirno Costa, conversó acerca de la responsabilidad que conlleva su nuevo cargo y la importancia de encontrar medidas alternativas a los procesos judiciales cuando se trata de menores de edad.- 

Desde hace tres meses, Patricia Quirno Costa ocupa el cargo de fiscal general ante los tribunales orales de menores de Capital Federal. Para el cargo se postuló en 2008 y este año, cuando su pliego fuera aprobado por el Senado, llegó a las oficinas en Comodoro Py. “Todavía no tuve tiempo de terminar de acomodar libros y terminar de colgar los cuadros”, confió.- 

En la jurisdicción, en total son 30 los tribunales que intervienen en las causas de mayores, contra tres de menores. Esto tiene una consecuencia inevitable: las causa se acumulan y los plazos se extienden. Para la fiscal, se necesita una reforma que habilite herramientas para decidir qué causas deberían llegar a juicio y cuáles se pueden resolver con medidas alternativas. 

¿Existe alguna vía alternativa para descomprimir los tribunales de menores?

Las mismas que para los mayores. El juicio abreviado es una alternativa. El fiscal ofrece una pena mínima y el joven a cambio acepta su responsabilidad en el hecho. Algunos jueces y fiscales lo consideran un método extorsivo, pero si el tribunal se atiene a las garantías no se corre este riesgo.- 

¿La probation también es una opción? ¿Qué la diferencia del juicio abreviado?

La probation implica la suspensión del proceso. Un imputado que la pide debe ofrecer una reparación patrimonial a la víctima. Si el fiscal acepta, el tribunal fija un plazo para su cumplimiento y tareas comunitarias. Si la persona cumple con todo eso, es como si nunca hubiera tenido una causa. Pero el Código establece que en un plazo de 8 años la persona no puede volver a obtener otra probation. Según mi punto de vista, si en ese tiempo volvés a pedir este tipo de medida no deberían computarte la que obtuviste entre los 16 y los 18; pero en no es esta la interpretación que prima y los defensores prefieren continuar el proceso.- 

Hace tres meses que está frente a la fiscalía, ¿qué panorama encontró al llegar?

Con mucho trabajo. Somos tres fiscalías e intervenimos en los casos en los que están involucrados menores entre 16 y 18 años y también mayores cuando intervienen juntos en algún hecho. Lo característico es que los menores no cometen delitos económicos, no hay estafas. Las causas son por delitos contra la propiedad con violencia en las personas o con fuerza en las cosas, pero por lo general son robos.- 

En esos casos para los mayores, ¿se agrava la pena?

Eso es algo que tenemos que revisar. Ahora me tocó intervenir en un juicio por robo con arma de fuego en el que están involucrados tres menores y un joven de 20 años de edad. Este delito tiene una pena mínima de seis años y 8 meses, pero el mayor (que tenía 19 al momento del hecho) puede llegar a cumplir hasta 9 años de cárcel. Este agravante, que implica que le suban un tercio de la pena, se suele aplicar sistemáticamente. Esto no debería ser así, hay que tener en cuenta que el legislador cuando aprobó esta ley estaba refiriéndose a gente que recluta menores para descargar su culpa o los usa para delinquir. Pero justificado en una redacción deficiente se termina aplicando en muchos casos.- 

¿Qué reformas le parece se podrían incorporar en las instrucciones de causas de menores? 

En realidad tendría que haber más herramientas de principio de oportunidad (en mayores también, pero en menores aún más). Las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, son constantes en que se trate de desjudicializar los conflictos. Acá el sistema procesal es mixto, no está en manos de los fiscales la elección de casos y no se pueden desestimar los delitos de menor cuantía. En otros países la prescripción en causas que involucran a menores tiene un plazo máximo de dos años, pero eso debería ir de la mano de mayores recursos y más tribunales porque tampoco es una solución. Evita que los chicos no tengan causas infinitamente abiertas pero no es un aporte al rol educativo que deben cumplir en el sistema penal juvenil. La solución son las medidas alternativas.- 

¿Los fiscales tienen acceso al expediente tutelar?

Podríamos tenerlo, pero en general no lo pedimos. Eso tramita primero ante el juzgado de instrucción y después pasa al de juicio. Generalmente lo consultamos cuando tenemos que decidir si es conveniente o no pedir que se le aplique una pena al joven. El sector mayor es de chicos muy vulnerables y lo que uno evalúa es qué es lo exigible en la situación social del chico. 

¿Cómo funciona?

Por ejemplo, a un chico le faltaban tres días para cumplir 18 y en el expediente tutelar veo que muestra voluntad, intenta superarse y estudiar a pesar de venir de una historia bastante complicada (un padre y un padrastro fallecido, y la madre a cargo de nueve hijos) y asume su responsabilidad, puedo evaluar que es merecedor de una exención de pena. También le podemos proponer un juicio abreviado. 

La otra vez también me tocó entender en el caso de una chica acusada de tentativa de homicidio, un delito que tiene una pena de 12 años. La chica tajeó con una navaja a una compañera de colegio, pero ya habían pasado 7 años, se había casado, tenía hijos y no había estado en otro conflicto penal. En estos casos, hay que tomar otra resolución.- 

¿Siempre hay una instancia de diálogo con los jóvenes?

Yo siempre trato de convocarlos. El derecho a ser oído debe ser bien aplicado, no solo implica ser escuchado sino que el joven deben entender lo que está pasando, su responsabilidad. Firmarle una absolución que podría hacerse sin la presencia de él no me parece una opción, es necesario explicarles. La ley de responsabilidad penal juvenil da la posibilidad de absolverlo, de eximirlo de pena cuando el delito es menor. Muchas veces lo hacemos, pero si tuviéramos medidas alternativas, el proceso abriría otras opciones para que asumiera la responsabilidad y tuviera cabal comprensión de lo sucedido. Puede ser un pedido de disculpas a la víctima o una supervisión que incluso sea un acompañamiento para el chico. 

Desde los 18 años trabajas en el sistema penal, primero el de adultos ahora en el de menores ¿Cuál dirías que es tu rol como fiscal? 

El fiscal no tiene por qué ser el verdugo. Creo que tiene un deber de objetividad que no le es aplicable a un defensor, tiene que buscar la verdad. El defensor en cambio, trabaja desde la ética, pero debe usar todas las herramientas a su alcance para conseguir el mejor resultado para su defendido. Es lo que nos impone la ley de Ministerio Público, como fiscales nuestro mandato es trabajar en la defensa de la legalidad y del interés de la sociedad toda. No es nuestra función buscar la peor solución para el acusado. Hay una cantidad de cosas que hay que sopesar y hacer una ecuación y por más parecida que sea una situación nunca es igual a otra.- 

* Lo subrayado es propio.-

Fuente: Infojus noticias.