lunes, 22 de mayo de 2017

Certificados de trabajo

CERTIFICADOS DE TRABAJO: Qué características tienen y cuándo son obligatorios. Se trata de un documento que debe entregar el empleador al extinguirse la relación laboral junto con la constancia de baja en el Sistema de la AFIP, la liquidación final y la Certificación de Servicios y Remuneraciones de la ANSES. 
Suele ser un error común que los  empleadores  al  finalizar la relación laboral, no conozcan la documentación que deben entregar a los trabajadores, o bien, pensar que con la entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones de la ANSES se está dando cumplimiento a la entrega del Certificado del Art. 80 de la LCT.,  lo que a la hora de un reclamo judicial termina generando el pago de las multas previstas en Art. 45 de la Ley N° 25.345 (B.O. 17/11/2000).-
A los fines de clarificar el tema debo comentar que, al extinguirse la relación laboral, el empleador debe hacer entrega al trabajador, además de la constancia de baja en el Sistema de la AFIP, y la liquidación final, también los certificados de trabajo, los cuales comprenden al certificado del Art. 80 de la LCT, y la Certificación de Servicios y Remuneraciones de la ANSES.-

Siendo estos certificados distintos; el certificado del Art. 80 de la LCT y la Certificación de Servicios y Remuneraciones de la ANSES se generan por Internet.- 
En el caso de la Certificación de Servicios y Remuneraciones (Formulario PS. 6.2), la misma fue dispuesta por la Res. 2316/07 de la AFIP, la cual dispuso la obligatoriedad de la misma en el Art. 6, dando respuesta de esta forma a lo dispuesto por el Art. 12 de la ley de jubilaciones (24.241), respecto de la obligación del Certificado a otorgar al trabajador a los fines previsionales.-
En la misma se detallan solamente las remuneraciones del trabajador a lo largo de la relación laboral, tiempo de servicios, y tipos de servicios a fin de poder iniciar el trabajador el trámite jubilatorio una vez que reúna los requisitos correspondientes de edad y de aportes que fija la ley de jubilaciones.-
La Certificación de Servicios y Remuneraciones a la cual se puede acceder a través del servicio de “Mi Certificación” de la AFIP, debe generarse en forma Online, siendo las únicas excepciones para poder ser confeccionado a mano, conforme Res. 84/08 ANSES, las siguientes:
a) los trabajadores que hubieran cesado con anterioridad al 01/07/1994 independientemente de su condición laboral;
b) los  trabajadores provinciales  pertenecientes a  Provincias Transferidas que hubieran cesado con anterioridad a la fecha de transferencia de la Caja Provincial al Estado Nacional;
c) los trabajadores comprendidos en los llamados regímenes especiales regulados por las Leyes 22.731 y 24.018 y los Decretos 137/05 y 160/05;
d) los empleados que fueron declarados como monotributistas por sus empleadores en uno o más períodos;
e) Aquellos trabajadores de empresas  que fueron fusionadas, escindidas, absorbidas y liquidadas, solamente por los períodos laborados en las respectivas antecesoras;
f) los titulares informados por el empleador en uno o más períodos como aportantes a un régimen previsional distinto al vigente según los términos de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones;
g) los empleados que tengan al menos un período declarado como becario, residencia médica según Ley Nº 22.127, pasante Ley Nº 25.161 y Decreto Nº 340/92, pasantes Decreto Nº 1227/01;
De lo contrario la generación obligatoriamente debe realizarse en forma online.-
Por su parte el Certificado del Art. 80 de la LCT, certifica la prestación de servicios del trabajador, indicando además del detalle de las remuneraciones abonadas a lo largo de toda la relación laboral, todos los aportes y contribuciones a la seguridad social durante toda la relación, tiempo y tipo de servicios y categoría.-
El certificado del Art. 80 de la LCT., a partir de octubre de 2015 se ha dispuesto obligatoriamente que su confección sea en forma online desde la página de AFIP con Clave Fiscal, conforme la Resolución Conjunta 3669/2014 AFIP,  Resolución 941/2014 del MTEySS, y la Resolución General 3781 AFIP.-  
Por lo tanto, se concluye, que el certificado del Art. 80 de la LCT cuenta con dos partes dentro de un mismo instrumento, el primero de ellos, certifica que el trabajador prestó tareas para la empresa, indicando el tiempo de prestación, categoría y puesto desempeñado. Y la segunda parte, donde surge el detalle del total de remuneraciones del trabajador a lo largo de la relación laboral, todos los aportes y todas las contribuciones a los distintos organismos de la Seguridad Social, y la cuota sindical.-
Siendo estos los requisitos que se informan en la carga online del Certificado del Art. 80 de la LCT a través del sistema de la AFIP, ingresando en Simplificación Registral, a la pestaña “OTROS SERVICIOS” y allí encontrará el acceso al “Certificado del Art. 80”, como así también a la “Certificación de Servicios y Remuneraciones”.-





viernes, 19 de mayo de 2017

Cese de las inspecciones vaginales en las cárceles

El titular de de la Fiscalía General Nº 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, interpuso un recurso extraordinario para que cesen las inspecciones vaginales en las cárceles. Su presentación responde a una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que le dictó la falta de mérito a un médico que llevó adelante esta práctica a una mujer que fue a visitar a su pareja.
En dicha causa, la mujer relató que fue a visitar a su marido a la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia y, al ingresar, fue sometida a un control por parte del personal del lugar, quienes sostuvieron que el escáner arrojó una imagen sospechosa y la sometieron a una requisa vaginal delante de sus hijos y el resto del personal.
El fiscal expresó que el penal cuenta con con medios tecnológicos menos lesivos para ​el control de las visitas  y que, ante el hallazgo de una “imagen sospechosa”, debería​n​ haber tomado medidas que no lesionen el derecho a la intimidad de la mujer. De Luca agregó que “...es inconcebible que una persona deba someterse a un control médico para poder visitar a su familiar detenido, aquella práctica constituye un abuso en sus derechos y hace a su integridad sexual y dignidad...”.
El funcionario judicial afirmó que la práctica del médico del penal constituyó un abuso sexual gravemente ultrajante y que el dictado de una falta de mérito habla de un "enmascarado" cierre definitivo de la causa.
De Luca añadió que no se trató de un hecho de abuso sexual aislado, sino que "...estamos ante una práctica habitual de las instituciones penitenciarias que atenta contra la dignidad de las personas, y ahí está la gravedad del asunto...". Aclaró que este tipo de requisas resultan contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y por tanto antijurídicas.
"...Con esto quiero demostrar que la repetición de estos casos no es una probabilidad sino un hecho, y hasta tanto no se comprenda la gravedad del asunto y se deslegitimen este tipo de prácticas seguirán ocurriendo, en desmedro –claro está– de los derechos individuales de las personas que concurren a diario a las instituciones carcelaria...", resaltó el fiscal.
Por último, el funcionario expresó que "...las medidas invasivas, además de estar prescriptas por ley, deben estar regidas por los principio de necesidad y proporcionalidad. Pues bien, entiendo que no existe proporción en realizar un procedimiento vejatorio (que atenta contra la integridad de la persona y su dignidad) con el fin de evitar que ingresen algún elemento prohibido a una cárcel...".


* La negrita y el subrayado me pertenecen.

lunes, 15 de mayo de 2017

LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS ABUELOS

En la causa caratulada "G., M. A. c/ R., R. A. s/ ALIMENTOS", la mamá de un menor promovió una demanda de alimentos contra el padre del menor y en forma subsidiaria extendió el reclamo all abuelo paterno de su hijo para que se haga responsable de su manutención, ya que el padre no cuenta con un trabajo fijo que le permita cumplir con la cuota mensual.

En disidencia con la Cámara de Apelaciones, que rechazó -en primera instancia- la demanda, la Corte provincial de Corrientes, integrada por Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez y Alejandro Alberto Chain, hicieron lugar al planteo y sostuvieron que le asiste la razón a la madre.

La demanda fue promovida cuando el niño contaba con 12, periodo de tiempo en el cual el padre no intentó conocerlo ni aportó dinero para su manutención y en la audiencia de agosto de 2015 se consensuó una cuota de alimentos mensual de $2.500, cifra ajustada a su condición de falta de trabajo estable, y se dejó constancia del intento de una revinculación paulatina, ya que el progenitor vivía en el sur del país.

Meses después la mujer solicitó un incremento en el monto y el padre planteó que su situación no había cambiado por lo que propuso aumentarla a $3.000. Por ese motivo, la madre solicitó la ampliación de la demanda contra el abuelo paterno.

Frente a ello, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia explicaron que "el artículo. 668 del Código Civil y Comercial prescribe que los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso" y agrega que “debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado”.

"...Aquí el tema central y a quien se apunta a proteger mediante este proceso es al menor, quien tiene derecho a percibir una cuota alimentaria que según lo dispone el art. 659 del CCyC debe comprender manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, entre otros, pero -por supuesto y ello no se encuentra en tela de juicio- en proporción a las posibilidades económicas de los progenitores. Lo que de hecho ha sido receptado al fijarse una cuota tan baja que atiende la situación socio-económica actual del demandado...”, expresaron los jueces.

En ese marco, los magistrados destacaron que el monto acordado no cubre ni siquiera un tercio del salario mínimo oficial y añadieron: “...en otras palabras, no basta que el principal obligado pase una pequeña cantidad para concluir que cumple con su obligación alimentaria y evitar que se actualice el reclamo en contra del abuelo...”.

Por todo lo expuesto, hicieron lugar a la demanda de la mujer y añadieron la responsabilidad subsidiaria al abuelo paterno del menor.-




 Fuente: http://www.diariojudicial.