FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO; NO HAY JUICIO A PRUEBA QUE VALGA…!!

El Tribunal de Casación bonaerense determinó, basándose en normativa internacional aplicable para estos casos, que resultaba improcedente la suspensión de un juicio a prueba en un caso de violencia de género.

En los autos “G., M. R. s/ Recurso de queja interpuesto por fiscal general (Art. 433 CPP)”, el impugnante aseveró que el Estado debía hacerse cargo de perseguir a quienes practican la violencia de género, y que por ello la Justicia debía extremar los recursos en ese sentido, brindando facilidades para combatir la problemática.-

Teniendo en consideración estos argumentos y los tratados y pactos internacionales a los que nuestro país adhirió a través de la reforma constitucional del año  1994, los miembros de la Sala VI del Tribunal de Casación Penal dela Pcia. De Buenos Aires determinaron que en un caso como este, era improcedente la suspensión de un juicio a prueba.-

El fiscal alegó que “debió disponerse por parte del A Quo la procedencia formal del recurso de casación, al reflejar la decisión de la Cámara una errónea aplicación de la ley penal (artículo 76 bis, Código Penal) al hacerlo en contra de la normativa instituida para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de agresión contra la mujer”.-

El integrante del Ministerio Público destacó que en el caso, la discusión pasa por la inteligencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba en relación a un presunto hecho de violencia de género, cuya interpretación se opone a la normativa internacional que rige en nuestro país.-

El fiscal también destacó que “el fallo cuestionado implica una inobservancia de las formas esenciales del debido proceso en tanto propone un modo de tramitar un instituto integrante del sistema penal que contraría y desconoce disposiciones concernientes a la intervención del Ministerio Público en su función de órgano requirente y controlador de la legalidad”.-

El acusador también puntualizó “que en el caso, la decisión de disponer la suspensión del juicio a prueba resulta violatoria de la ley sustantiva por versar sobre una materia de violencia de género que compromete, a nivel de contradecirlo, un deber de garantía asumido por el Estado argentino.  Peticiona,  en consecuencia, que se case el decisorio impugnado con arreglo a los argumentos expuestos”.-

Los Camaristas que conformaron la mayoría tras reconocer que la oposición fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba se basó “en la violencia de género desplegada por el encartado y el empleo de un arma de fuego”, entendieron que el único motivo válido para que aquella resultare fundada a la luz del cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, es que la eventual pena privativa de libertad sería de cumplimiento efectivo”.-

“Según refleja el legajo, las conductas imputadas a G. encuadran en el concepto de violencia de género en los términos del artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Ley 24.632, en tanto se le atribuye haberse presentado –desobedeciendo la medida judicial de restricción perimetral que se lo impedía–, en el domicilio de R. P. R. refiriéndole que “si no le entregaba a la nena la iba a matar” y esgrimiendo un arma de fuego para amedrentarla, comentaron los magistrados.-

Los Camaristas precisaron que “en línea a lo sostenido por el impugnante y conforme la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las finalidades generales propuestas en la citada Convención, a saber: prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, en conjunción con la necesidad de establecer un“procedimiento legal justo y eficaz para la mujer”, que incluya “un juicio oportuno”, impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional”.-

“Tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”, agregaron los vocales.

Además, reiteraron que “la oposición formulada desde el Ministerio Público Fiscal al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba luce fundada, en tanto se motiva precisamente en lo que se acaba de exponer, es decir, en el encuadramiento del supuesto de hecho dentro de los cánones de violencia de género contra la mujer”.

G., M. R. s/ Recurso de queja interpuesto por fiscal general (Art. 433 CPP)

* El subrayado y la negrita es nuestra.-

Fuente: Diario Judicial.-

En Argentina, todo preso es político.

Mientras las condiciones de las cárceles sean las que son; todo preso tiene el derecho a considerarse preso político por más aberrante que sea el delito que haya cometido. Si las condiciones del sistema carcelario no cambian y comienza a regirse por leyes elementales de respeto a la dignidad humana; el problema se va a agravar.Y mientras eso dure, “todo preso es político”, es decir, injustamente detenido.-

Art. 18 Constitución Nacional: "...Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice..."

A continuación transcribo la nota firmada por el titular de la Procuraduría de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, que desde marzo de 2013 realiza inspecciones en lugares de encierro de todo el país, tanto en ámbitos federales como provinciales Dr. Abel Córdoba, publicada en Página 12 del 24/12/2013.-

Una ofrenda en el infierno

 Por Abel Córdoba *

Barrio Villa Floresta, Bahía Blanca. Unidad 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense: más de 500 encerrados de toda la provincia de Buenos Aires.

El lunes pasado, mientras inspeccionaba el penal, la preocupación del director de esa cárcel le produjo un pico de presión, por el que debió ser asistido. La inspección encabezada por Procuvin llegó con tres fiscales, dos jueces provinciales, se sumó un defensor oficial y quince abogados de los equipos de trabajo. Recuperado del pico de presión, se le ordenó al director del penal cocinar para los encerrados que llevaban horas y horas sin comer. Y hubo churrasco en el pabellón, a las siete de la tarde. Durante la inspección, presos en calabozos de castigos fueron realojados por disposición de jueces activos en pabellones con régimen de puertas abiertas. Tras la inspección, el director fue removido del cargo.

Durante el procedimiento pregunté varias veces dónde estaba Héctor Cuevas, un detenido que siempre se comunica por teléfono con la Procuraduría. Nos llama él. Nos llama su pareja, Paola. Muchas veces. Y muchas veces con situaciones urgentes.

Pregunté por Cuevas. En qué celda, en qué pabellón.

A las horas de recorrer el penal llegué a un sector de “buzones”. Celdas ciegas, de castigo, donde el encierro es absoluto. Entré a su celda de 2 x 3, inmunda, olor a mierda. Hacía 50 grados de sensación térmica, y los 50 potenciaban el olor, la falta de oxígeno, el espesor del aire. Le di la mano.

–¿Usted es Cuevas?

–Acá está Cuevas.

Y me miraba. Y quería hablar. Y no iba a poder.

Me invitó a sentar. Por silla, una lata de plástico de 20 litros, dada vuelta, mugrienta. Me senté. Cuevas se sentó en una especie asquerosa de colchón, sobre un camastro lleno de bichos. Adentro de esa celda de bloques hacía más de 50 grados. Las rodillas enfrentadas casi se tocaban. Una sola de mis rodillas era más voluminosa que las dos de él. Nunca comió bien. Le calculé entre 28 y 50 años. Una delgadez joven y gastada mezclada con una desnutrición vigente imprecisan su edad. La nitidez de una biografía borroneada, pensé. Lo observé. Parecía haberse revolcado arriba de un rallador de metal: los brazos cortados, las manos rajadas, la cara marcada, un pómulo corrido, la nariz desviada, las orejas tajeadas. El cuerpo agredido.

–Un gusto Cuevas. Soy fiscal federal, estamos inspeccionando condiciones de encierro. ¿Cómo está?

–Mal. Muy mal. Estoy mal –apenas pudo decir: en protesta se había cocido los labios y estaba en huelga de hambre hacía 10 días.

Se paró. Se levantó la remera. Flaquísimo, atravesado por tramos de cicatrices hondas, hernias, operaciones a cuchillazos, un pedazo de intestino a la vista, un globo blando en el abdomen que presionado reaparecía por el costado, una bolsa que funciona de ano contra natura, evidentemente infectada y con sangre. El todo sucio: no tiene modo de bañarse. Se lava con el agua que va al inodoro. Equivale, y sería menos, a tener que limpiarse el culo con las manos. Pero es peor.

–Muy mal estoy –sigue diciendo–. Mire –y me sigue mostrando. Se enoja un poco–. Acá si no fuera por Cipriano** que me ayuda siempre, y si no fuera por Abel Córdoba que también me da una mano, acá nos matan a todos. ¡Mire cómo nos tienen! ¡Mire cómo estoy!

Aproveché una pausa y dije:

–Héctor, yo soy Abel Córdoba. Sabía que estabas acá y vine a verte.

Es indescriptible la emoción que lo ganó. No gana nunca el chango. Perdió siempre, hasta con las emociones, que le ganan cuando se emociona. Le cambió toda la cara, le aparecieron movimientos nuevos, gestos que estaban apagados, y empezó a decir que no lo podía creer, que era a quien admiraba. Miraba para abajo, dejaba la vista fija y los movimientos en su cara no paraban. Se le llenaron de lágrimas los ojos, me abrazó. Lloró.

Un momento intenso, y a esa transferencia, que portaba desesperación y también equívoco, siguió otro muy particular: con la emoción sostenida se empezó a revelar el ademán del anfitrión. Quería dar algo, quiso, necesitó, ofrecerme lo que sea, y tendría que ser lo que no tenía.

Miraba para todos lados. Una bolsa con yerba marrón tirada en el piso era lo único que tenía. Nada más. Al cabo de esa búsqueda, agarró lo único que había en esa celda.

Tendría que haber sido lo que no tenía. Tendría que ser lo que tenía.

Agarró una cosa de trapo que hacía de almohada y me lo ofreció para que me sentara mejor, para que la pusiera sobre la lata. El momento me causó espanto, por percibir, ambos, la presencia de la desposesión más absoluta y tener que echar mano a un trapo como ofrenda, sostener y encontrarle forma a una atención en esas condiciones miserables. El cayó otra vez en su situación inhumana. Yo me di, otra vez, contra la imposición, que él padecía, de no poder encontrar con qué materializar la intención de dar algo.

No tener nada. No tener ni lo único que se tiene.

Hablamos un rato largo. Insistió en que no estaría ahí los 10 años que le habían dado por condena. Que prefería intentar pasar el muro aunque muriera. O ahorcarse en esa misma celda. Pero diez años así, no.

–No se puede. Diez años así, no –repitió–. No me atiende nadie, estoy enfermo, no puedo comer, no me dan comida, no veo a mi familia, no tengo agua, no salgo al patio, me están matando, y me van a matar. Diez años así, no.

Como si se pudiera un día.

Nos despedimos con un abrazo, los ojos brillosos otra vez. Insistía en la gratitud, mencionó una foto. No dije nada, me producía contrariedad, una imagen en ese lugar, con esa condición, se desajusta con la idea que tenemos de una foto de recuerdo. Toda fotografía es tiempo y luz. El tiempo es otra cosa ahí. Lo obturado es el absoluto. Quedó calladamente descartado.

Al salir de la celda supe que me sería imposible cerrar un solo milímetro esa puerta de hierro maciza de su encierro. Salí. No toqué la puerta. Que la cierre quien sea capaz de cerrar esa puerta.

Di unos pasos. Antes de doblar hacia un pasillo miré de reojo. Héctor estaba parado un milímetro atrás de la línea del dintel. Los brazos le buscaban el suelo. Levantó un poco la mano derecha. “Chau, Abel.” Venía la voz desde un milímetro más acá de la línea de los que estamos vivos. Un paso más, y se escuchó el estampido de la puerta de fierro contra el marco de fierro. Y las llaves contra los fierros y los fierros contra el aire. Y el candado contra el fierro. El sonido espamentoso del encierro, obturador de toda vida.

Relaté varias veces esta vivencia. Mi relato patina cada vez sobre la escena en la que me alcanza ese trapo para darme algo. Me conmocionó el ademán de anfitrión durante el tormento.

En charlas con Laura Sobredo, la psiquiatra del equipo de Procuvin, ella insistía: “Esa persona en ese momento, te quiso, y te quiso ahí”. Y convocó a Lacan, de quien viene más precisión acerca de todo esto. Lacan escribió que dar amor es dar lo que no se tiene a la persona equivocada.

* Titular de la Procuraduría de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, que desde marzo de 2013 realiza inspecciones en lugares de encierro de todo el país, tanto en ámbitos federales como provinciales.

** Roberto Cipriano García es funcionario de la Procuvin.

LAS REFORMAS DE BLUMBERG SIGUEN COSECHANDO INCONSTITUCIONALIDADES

  A propósito del título, a continuación transcribo un pequeño trabajo que hice en el año 2009 en ocasión de haber sido declarada la inconstitucionalidad del artículo 189 bis del Código Penal.-

  No obstante la transcripción mencionada, a continuación de ella, va un nuevo fallo declarativo de inconstitucionalidad en este caso, recae sobre el artículo 14 segunda parte del Código Penal, dictado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal.-

  Lo que en definitiva debe quedar en claro, me parece, es que con los parches que los legisladores han hecho, de acuerdo a las coyunturas socio-políticas, lo único que logran es que mucha más gente se encuentre con privación de su libertad, fundado el encarte en leyes que en definitiva son violatorias de todos los principios del derecho.-

Ituzaingo, 20 de octubre de 2009

Extracto: Por unanimidad la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal declaró la inconstitucionalidad del Art. 189 Inc. 2 de la llamada reforma Blumberg por considerar que afecta el principio de culpabilidad y legalidad.- 

Contra la Resolución que decreta el procesamiento de “A. A. E”, como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, por haber actuado con ánimo de lucro, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin autorización legal agravada, todo ello previsto en los artículos 45, 54 y 189 bis, inciso 2°, párrafo 4° y 8°, 277 inc. 1° apartado “c” en función del inc. 3° apartado “b” del Código de fondo y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.-

Ante ello la defensa del imputado, eleva recurso de apelación centrando sus críticas especialmente en dos puntos. Por un lado, califica de inconstitucional la agravante contemplada en el párrafo octavo, inciso segundo del articulo 189 bis del CP., basada en la oportunidad de que el imputado registra una condena anterior. En el segundo punto, afirma que el accionar de su defendido, debería enmarcarse en el supuesto previsto como atenuante, al entender que podía deducirse que el mismo no iba a cometer ningún delito.-

Quien expone a continuación, suscribe desde la génesis del proyecto reformativo de la Ley 25.886 y viene sosteniendo, que la realidad sustentativa de la reforma, carece en el mejor de los casos, del contenido adecuado respecto de la técnica legislativa. Esto resulta fundado concretamente, en virtud que a partir de la modificación, el precepto, establece una clarísima violación al principio de culpabilidad previsto en normas de raigambre constitucional y/o en los pactos internacionales.-

Resulta harto evidente que la norma en análisis, no castiga al autor en función de la gravedad del “hecho” cometido, sino por el contrario, y aquí lo inadmisible, lo hace por registrar este, antecedentes penales. En definitiva, se esta castigando la posesión de condenas anteriores.-

El  supuesto  de la reforma, agravó la figura básica,  y no por la conducta reprochada, (acción típica, antijurídica y culpable),  sino por que el “autor” del delito, contaba con antecedentes penales anteriores o por haber gozado de una excarcelación o exención de prisión anterior al hecho aquí analizado.-

Al decir de Enrique Bacigalupo en la obra “Derecho Penal” parte general;  “un concepto de culpabilidad basado en la culpabilidad de carácter, o en la culpabilidad por la conducta de la vida, es decir, en la "culpabilidad" de la personalidad del autor, resultaría incompatible con la Constitución…”

También sostiene en la obra mencionada este prestigioso autor, que paradójicamente, "la pena adecuada para el fin (preventivo) sin la limitación del principio de culpabilidad, trataría a la persona como una cosa, pero que la pena limitada más que marginalmente por medio de la culpabilidad, perdería su idoneidad para alcanzar el fin". “Dicho con otras palabras: cuando las necesidades preventivas superen la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, la pena aplicable no será socialmente útil en relación a la finalidad de la pena y no podría ser legítima”

De tal manera, surge a primera vista, que la expresión legal examinada se relaciona intrínsecamente con el llamado derecho penal de autor, y no de acto, como es propio de nuestro sistema penal, ello es así, en cuanto se aplica una mayor sanción al imputado, por una conducta o comportamiento anterior al caso en estudio.-

Asimismo, se evidencia la inobservancia de la garantía constitucional del “non bis in idem”, del artículo 8 párrafo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del artículo 14 párrafo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que impiden la persecución penal múltiple, por un mismo hecho, ya que el condenado “A. A. E”., resultó penado y declarado reincidente, pese a lo cual se vuelve a valorar esa circunstancia previa, ajena al hecho que es materia de tratamiento, todo ello, para encuadrar la conducta típica que habilitaría la aplicación de una pena mas gravosa si, eventualmente, resultara condenado por un tribunal oral.-

Con el objetivo de profundizar y acrecentar en lo posible, la fundamentación expuesta anteriormente, debo referir que, las consecuencias que se obtienen de los diferentes conceptos de pena, suelen ser esquematizadas y, por ende, simplificadas en demasía, en una forma que a mi juicio resulta  errónea.-

Al respecto Eugenio Zaffaroni manifiesta en su “Tratado de Derecho Penal” tomo I …“Así, se dice y se repite que cuando se asigna al derecho la función de aseguramiento de la coexistencia (seguridad jurídica), se entiende a la pena como el mal con el que se retribuye el mal causado por el delito, mirándose en este de preferencia su aspecto objetivo (que atiende a la lesión causada), compaginándose el criterio retributivo con el de culpabilidad entendida como reproche del acto”...

Por otro lado, se asevera que cuando se atribuye al derecho penal la función de defensa social, se asegura que la pena resulta ser una defensa contra ulteriores delitos, al decir de Zaffaroni …“que mira más a la subjetividad, que a la objetividad del delito cometido, que busca la prevención especial mediante la resocialización del autor, lo que se entiende compaginado con el reemplazo de la culpabilidad, con la peligrosidad del autor o bien, de la culpabilidad como reproche del acto, por la culpabilidad como reproche a la personalidad del autor…”

Si la coerción penal tiene por objeto proveer a la seguridad jurídica, para el caso que estrictamente nos ocupa, habría que interrogarse como lograr el objetivo preventivo, legislando de manera tal, que no se vea afectado el mentado resguardo jurídico.

Manifiesta al respecto Zaffaroni, que …“la seguridad jurídica no es un puro ámbito material de disponibilidad, sino que es entendido como substrato objetivo del sentimiento de seguridad jurídica…”

La medida de la pena que preveía el articulo 189 bis del CP., no puede entonces, ser violatorio de los principios acuñados en nuestra Carta Magna y en los tratados a los que adherimos mediante la nombrada.

Por lo tanto, pretender la seguridad jurídica ignorando el límite que ella impone, es por lo menos una incoherencia, en que el medio, desnaturaliza al fin.-

Mario A. Blanco

Fallo noviembre 2013:

Un dictamen de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal sostuvo la inconstitucionalidad de las leyes que impiden el acceso a la libertad condicional. Se trata del artículo 14, segunda parte, del Código Penal. Los fundamentos.- 

La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), integrada por Diego García Yomha y Guillermina García Padín, junto al fiscal ad-hoc Gustavo Plat, dictaminó en un caso en el que la defensa de una persona solicitó la inconstitucionalidad del artículo 14 segunda parte del Código Penal, y en consecuencia sea incorporado al régimen de libertad condicional. 

En el dictamen van directamente contras las conocidas como las Leyes Blumberg. “Tales normas denotan la presencia de un claro objetivo político-criminal: excluir el mayor tiempo posible de la sociedad a aquellos sujetos que sean condenados por la comisión de delitos considerados por el Legislador como especialmente disvaliosos”, explican.- 

Esas reglamentaciones, argumenta, “se oponen abiertamente al programa constitucional de ejecución de la pena, cuyo norte es la reinserción social del condenado, a través de un trato que no avance sobre su esfera de reserva y que propenda a limitar su permanencia en establecimientos cerrados”. 

“Una interpretación constitucional de la ejecución de la pena privativa de la libertad consistente con el principio de igualdad sólo puede concluir que la progresividad del régimen penitenciario se aplicará a todos y cada uno de los internos condenados cualquiera sea la pena impuesta”, agregaron. 

Esa parte del artículo 14 del Código Penal, fue incorporada en 2004 por medio de la Ley N° 25.892 donde se agregaron –además de la previsión para los reincidentes-, otros supuestos para el acceso a la libertad condicional: homicidio criminis causae; abuso sexual seguido de la muerte de la víctima; privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de la muerte intencional de la víctima; robo seguido de homicidio y secuestro extorsivo seguido de la muerte intencional de la víctima. 

Los “condenados” conforman un mismo grupo, una misma categoría, que no admite discriminación por parte del legislador, explican y concluyen: “Con todo, las normas en cuestión fijan una categoría que carece de objetivas razones de diferenciación y, en consecuencia, resulta irrazonable”.

* La negrita y lo subrayado es propio.-

Fuente Diario Judicial.-

León Gieco - El Angel De La Bicicleta

SEGURIDAD ó LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA? Un cambio de paradigma.-

SEGURIDAD. Definición:

"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y, también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos". (OIT – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO).-

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.Definición:

Es la obligación de los Estados -en términos de lucha contra la delincuencia-, de garantizar la seguridad de sus vecinos con los procedimientos y políticas emanadas de sus respectivos gobiernos, Nacional, Provincial y Municipal.-

Hecha esta pequeña diferenciación, entraré en el tema que me ocupa.- 

Desde mi óptica parcial y relativa por cierto, considero que aquellos hombres y mujeres que creemos y nos proponemos interpretar a los sectores  nacionales y populares, no podemos ni debemos huir al debate profundo y meticuloso, sobre un tema que siempre ha sido bandera de reivindicación de los sectores proclives a las políticas de represión indiscriminada, (seguridad vs inseguridad).- 

Lo cierto es, que para llamar a las cosas por su nombre, la discusión debe pasar -a mi criterio- por el desarrollo de un diagnóstico adecuado y, a la vez trazar un plan de política criminal omnicomprensivo, o sea, que abarque todos los aspectos estratégicos de esta política.-

Diagnóstico

Estoy convencido que no debemos caer en el error de creer -como algunos sostienen-, que la pobreza es causa natural de la acción delincuencial. Pero no por eso, se debe dejar de ponderar que la situación de extrema indigencia en que han caído innumerables familias, principalmente desde el año 1976 hasta entrado el año 2003 no tiene parangón con etapa alguna en nuestra historia. Que todo ello ha contribuido a que muchos conciudadanos se hayan visto obligados a convivir en y con cierta marginalidad estructural, a lo que se le debe sumar la influencia negativa que se incorpora mediante el consumo –cada vez más generalizado- de estupefacientes.-

No se debe soslayar, que la delincuencia en definitiva y en todos los grados, la encontramos en absolutamente todos los grupos y estamentos sociales, o sea, que la acción delincuencial no resulta privativa del sector social empobrecido, sino, que al llamado delincuente, lo vamos a ubicar con diferentes tipos de capacidad operativa u objetivos en todos los estratos sociales. Ahora bien, resulta incontrovertible, que existe en nuestra sociedad una verdadera discriminación e iniquidad para con el trato y con los llamados tratamientos resocializantes y de reinserción social que se les dispensa a aquellos detenidos de condición socio-económica pobre.-

  

Además, si de violencia institucional se trata, nadie puede obviar las pésimas condiciones de vida de los sujetos privados de libertad. Según informes del CIDH., la Red de Jueces Penales Bonaerense, y el CELS, entre otros tantos organismos especializados en la materia, la Provincia de Buenos Aires padece la situación más grave, todo ello, debido a las medidas del actual gobierno provincial que hace un ejercicio abusivo de la prisión preventiva.-

Cabe destacar que, el 77% de la población carcelaria está detenida sin haber sido condenada y a la espera de una resolución judicial. Traducido en números, significa que 28 mil personas se encuentran encarceladas pero en un limbo jurídico. Según una estadística que el propio Gobierno Provincial suministró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30% de estos casos serán declarados inocentes. Es decir, existen 8.400 personas que habrán soportado las condiciones infames del sistema carcelario argentino, que no habrán sido encontradas culpables por la comisión de delito alguno.-

La agenda legislativa actual en materia de seguridad, tanto en Nación como en las Provincias, ha demostrado posturas basadas en la “demagogia punitiva” reclamando mano dura como estandarte. Pero también existen en buena hora, algunas búsquedas alternativas, donde priman los derechos humanos, -los cuales son para todos- no como dicen sectores interesados –solo-  para los delincuentes.-

En este sentido, personalmente suscribo la línea con el denominado acuerdo para una seguridad democrática (ASD) creado en 2009, el cual es resultado de una iniciativa multipartidaria y multisectorial que cuenta con la adhesión de numerosos legisladores y organizaciones civiles de todo el país. Tal es así, que aquellos adherentes, acordaron la construcción de una política de Estado que dé respuestas concretas sin acudir a las medidas facilistas de mano dura.-

Uno de los primeros proyectos planteados tiene que ver con la creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, ello en cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004 y que resultara plasmado en la Ley 26.827 promulgada el 7 de enero de 2013.-

El objetivo de ese sistema es, la realización de visitas a todos los lugares de encierro para un control sistemático de su situación. Ahora la pregunta que me hago es, alcanza con la promulgación de la Ley? Evidentemente no es suficiente, habrá que lograr poner en práctica lo indicado, haciendo todo lo necesario para que los funcionarios –Judiciales, Penitenciarios, etc.- primero la implementen adecuadamente y luego, si resulta necesario hacer cambios habrá que hacerlos perentoriamente.-

El tema de las Policías; Cómo controlar a las Policías?

Hace aproximadamente tres años, en ocasión de una conferencia que me tocó brindar respecto de esta materia en la localidad de Hurlingham, entre otras cuestiones dije textualmente “…Creo que el análisis sobre las fuerzas policiales es desde hace largo tiempo y para ciertos sectores, un objeto opaco, desconocido o peligroso, que era mejor dejarlo a la distancia. Tal vez esto contribuyó a que asuntos ligados a la policía, la seguridad o la defensa fueran convirtiéndose en campos de análisis monopolizados por algunos e impensables para otros…”.-

A la luz de los acontecimientos de reciente ocurrencia, creo que esto se está revirtiendo, y me parece importante, pues significa que para ciertos sectores políticos la policía se ha convertido en un objeto más que peligroso, la realidad ha demostrado que estas fuerzas deben ser objeto de investigación profunda y políticamente necesario, caso contrario, tal como lo viene planteando el Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raúl E. Zaffaroni, estos sectores armados por el Estado para la protección de la vida y bienes de los ciudadanos, se están convirtiendo en objetos desestabilizadores del sistema democrático.-

A lo expresado hay que agregarle las cifras de la represión policial, que dejan a la vista la falta de control de las fuerzas de seguridad, como si desde la política no se pudiera -o no se quisiera- intervenir en estos reductos. Para los que adherimos al (ASD), el control civil resulta no solo una alternativa viable –sino que deviene obligatoria- para no delegar toda la persecución del delito en las fuerzas policiales.-

Estamos en línea con lo que plantea el programa “Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana” del CELS, ello se explica de la siguiente manera: “La violencia institucional se controla con un gobierno civil de la seguridad. Desde las experiencias de gestión concretas -como el caso de León Arslanián en Buenos Aires-, se puede realizar un monitoreo de la policía mediante instrumentos administrativos y burocráticos”. Una de las propuestas concretas es delegar el servicio del 911 a civiles. “Como si fuera un call-center que lleve estadísticas de las denuncias; eso permite construir un mapa de lo que está pasando en cada distrito”.-

Cambio de paradigmas

Creo al igual que el (ASD) en la desmilitarización de las fuerzas de seguridad. Todo el paradigma del enfrentamiento y de la guerra que encuadra en la forma del ejercicio violento, está contemplado en la formación policial. En cambio, se pueden establecer gestiones de policías más profesionalizadas, menos armadas, que estén construidas con una idea más democrática, de intervención pacífica en los conflictos, de formas de regulación del espacio público sin armas.-

Para ello entre otras modificaciones, se debería reestructurar la Ley Orgánica y/o el Manual de procedimientos de las fuerzas de seguridad, en el caso particular de la Policía Bonaerense, esa ley está constituida con la lógica de una fuerza militar, y fue concebida y/o actualizada durante el Proceso, merced al Jefe de la época, el celebre Ramón Camps.-

Tanto “la Bonaerense” como el resto de las fuerzas de seguridad, se merecen una profunda reforma, que se avance sobre la idea de la profesionalización, que se estructure de una forma de organización del trabajo del rendimiento y la eficiencia, pero sin descuidar la protección de los derechos de todos los habitantes.-

En sintonía con el párrafo precedente, no se debe obviar el mejoramiento y la dignificación salarial, horaria, personal, profesional, cultural y operativa de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad. Ello obliga al Estado, a lograr creatividad e integrar, promover y profundizar la buena relación y el reconocimiento de la sociedad toda, para con una fuerza armada civil de seguridad que proteja, prevenga y asista a sus congéneres, y no para la coima, los negocios turbios, la gestión del delito y la represión popular.-

La compleja discusión sobre las fuerzas de seguridad está planteada. Si tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos  Provinciales se pueden jactar de mantener al pie de la letra su compromiso de no reprimir ningún tipo de manifestación social, no pueden decir lo mismo aún, por los excesos de las fuerzas de seguridad. Estoy fuertemente convencido, que estas cuestiones “crecerán desde el pie”, como dice el tema de Alfredo Zitarrosa.-

La Policía comunal

Si bien en términos generales puedo compartir lo solicitado por algunos Intendente Municipales de la Provincia, Creo que debemos ser cautos en cuanto al tema de la conducción de esa fuerza aparentemente local. Cuando planteo cierto cuidado, lo hago imbuido del conocimiento de la ocurrencia de hechos por lo menos sospechosos en tanto relación política y policial locales con algunas acciones y/u omisiones y/o falta de reflejo llamativo de algunos alcaldes, ante hechos delictivos ocurridos en nuestros municipios.-

Estoy convencido que se debe ser prolijos y puntillosos en la incorporación del personal que conformará esa hipotética fuerza de seguridad local. Se debe analizar profundamente cómo y de dónde saldrán los aportes económicos y financieros que deben sustentar y sostener en el tiempo a esa fuerza, habrá que prevenir e impedir, que surjan nuevas cajas o quioscos al amparo de esta nueva estructura. En fin, hay que ser consciente que las fuerzas policiales provinciales no están a la altura de la circunstancias que la época requiere, pero no por ello, se debe dar un salto al vacío, provocado por el canto de sirenas de aquellos interesados que siempre están dispuestos a privatizar todo, entre ello, nada menos que nuestra tranquilidad ciudadana.-

Duo Salteño - Chacarera del Expediente

Los accidentes laborales no tienen tope indemnizatorio

La sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo decretó la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el artículo 14 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Los jueces consideraron que resultaba confiscatorio y pulverizaba “de manera diáfana el crédito que según la propia ley correspondería percibir al actor sin la limitación que dispone”.-

Los Jueces consideraron incostitucional el tope que surje de la aplicación del art. 14 de la Ley 24.557, que dispone un límite proporcional de 180 mil pesos para calcular el monto de una condena.-

Los jueces Gregorio Corach y Daniel Stortini, quienes firmaron el fallo dictado en los autos “Cselle Pablo Manuel c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente – ley especial”, confirmaron el monto de condena establecido en Primera Instancia, lo que fue motivo de apelación de la demandada.-

Los Jueces consideraron que en el caso, la fijación del tope previsto en el art. 14 de la L.R.T. resultaba “absolutamente lesiva y confiscatoria”, ya que de aplicarse la fórmula provista por el propio sistema legal y sin aplicar el tope, la condena ascendería a $ 32.007,38, de lo contrario se vería reducida $ 18.000.-

“Lo cual permite advertir, en este supuesto particular, un cercenamiento del valor de la reparación en el 57 % de su monto”, agregaron los magistrados.-

En ese contexto, los integrantes de la Sala X recordaron que, “si bien el legislador tiene la facultad de establecer una limitación dineraria en el respectivo monto del crédito, un cambio en el contexto dentro del cual fue sancionada la norma autoriza al Juez a desplazarla en su aplicación al caso por resultar irrazonable ya que la solución legal, al margen de si fue o no correcta al momento en que fue dictada, se tornó descalificable desde el punto de vista constitucional por el transcurso del tiempo”.-

Finalmente, emitió otro argumento en favor de esa postura, referido a la sanción del Decreto 1694/09, el que no estaba en vigencia al momento del accidente motivo del juicio, pero que sin embargo, según los sentenciantes, “deja plasmada la evidente intención del legislador de suprimir la fijación de límites o topes indemnizatorios, ello como evidente consecuencia de la observación de la realidad fáctica y social que es lo que, en definitiva, determina la necesidad de plasmar realidades sociales en normas legales”.-

“No caben dudas en cuanto a que la aplicación al caso del tope que establece la norma cuya inconstitucionalidad ha sido decretada en autos, resulta confiscatorio y pulveriza de manera diáfana el crédito que según la propia ley correspondería percibir al actor sin la limitación que dispone el art.14 de la Ley 24.557”, concluyó el Tribunal.

Fuente: diario Judicial.-

Modificación del REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO

Se publicó en el Boletín Oficial la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que establece una prohibición a los empleadores de “realizar encuestas o pesquisas sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador”. Según se afirma, con ello se garantizará la libertad de expresión.-

El jueves 5 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.911, que establece una prohibición a los empleadores de indagar sobre las opiniones íntimas de los trabajadores. La Ley, nacida de un proyecto firmado por el diputado Héctor Recalde, entre otros, fue sancionada el 13 de noviembre de este año.-

El texto de la norma viene a reemplazar al anterior artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, que rezaba que “el empleador no podrá durante la duración del contrato de trabajo o con vista a su disolución, obligar al trabajador a manifestar sus opiniones políticas, religiosas o sindicales”.-

La nueva redacción, en cambio, dispone que “el empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador”.-

A continuación, también indica que el trabajador “podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas”.-

Según la exposición de fundamentos del Proyecto de Ley, el mismo tiene por “fin legislar dos cuestiones relacionadas con el principio de no discriminación consagrado en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de jerarquía constitucional”.-

En ese sentido, la diferencia con el texto anterior a la reforma,  es que la nueva redacción establece que la prohibición de interrogar al trabajador le está vedada al empleador “aun en la época contemporánea a la contratación del personal, a fin de resguardar la esfera de pensamiento del dependiente y que su posición en diversos aspectos”, para que “no pueda ser aprovechado por su empleador para decidir su contratación, o bien no efectuarla”.-

Según los firmantes, la nueva Ley deriva directamente del artículo 16 de la Carta Magna, que establece que todos los habitantes son "admisibles en los empleos sin otra condición que su idoneidad".-

“La reforma viene a consagrar, tal como lo hacía el texto originario de la ley 20.744, el derecho del trabajador a expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en su lugar de trabajo, sin que ello pueda afectar su relación laboral”, se afirmó en otro apartado.-

Por último, también se dejó en claro que, como todo derecho, no es absoluto, sino que la garantía de expresar libremente las ideas en el ámbito laboral cuenta con una limitación, que, “no se generen conflictos o se entorpezca, a partir de dichas expresiones, el normal desempeño de las tareas”.-

A continuación se transcribe la nueva Ley.-

REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO

Ley 26911

Ley Nº 20744. Modificación.

Sancionada: Noviembre 13 de 2013

Promulgada: Diciembre 3 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1.- Modifícase el artículo 73 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 73.- Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas.

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.



* La negrita y el subrayado me pertenecen.-

Hubo apresuramiento en considerarse despedido...?

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra un Tribunal del Trabajo, que consideró no acreditado el silencio de empleador, como causal invocada por el actor para disponer la extinción contractual. Por mayoría, el Máximo Tribunal bonaerense destacó que la Ley de Contrato de Trabajo no establece un plazo preciso dentro del cual deba darse respuesta a las intimaciones que las partes se cursen, sino que solo ha fijado un lapso mínimo de dos días hábiles. El trabajador había intimado el 27 de marzo de 2008 y recibió la respuesta del empleador el 1 de abril de ese mismo año.-  

Así se dispuso por mayoría, en los autos "LIZARRAGA, PEDRO MANUEL CONTRA MANUFACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS S.A. DESPIDO". El Tribunal del Trabajo 5 del departamento Judicial La Plata rechazó la demanda deducida por Pedro Manuel Lizarraga contra Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (Mafissa), en cuanto procuraba la percepción de las indemnizaciones derivadas del despido y la prevista por el art. 2 de la ley 25.323.- 

La Suprema Corte fundó dicha decisión en el hecho de juzgar como no acreditada la causal invocada por el actor para disponer la extinción contractual el 1-04-2008, a saber: el silencio guardado por la principal -en los términos del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo- respecto de la intimación formulada por el trabajador el 27-03-2008, en la que hubo de requerir se le aclare su situación laboral ante la omisa dación de tareas denunciada desde el 7 de marzo de aquel año. En tal sentido, consideró el a quo que la patronal dio respuesta al emplazamiento del reclamante dentro del plazo legal impuesto, que comenzó a correr a partir de la recepción de aquella misiva (27-03-2008), aun cuando dicha comunicación postal fue recibida por el actor Lizarraga el 1-04-2008.- 

Siendo ello así, declaró que la conducta actoral de disponer el despido el día 31-03-2008 -perfeccionado el 1-04-2008- neutralizó cualquier posibilidad de conocer la respuesta de parte de la empresa, en orden a brindar una satisfacción a sus requerimientos, razón por la cual, concluyó que la decisión rescisoria del trabajador resultó apresurada e injustificada, contrariando el principio de conservación del contrato que debe regir entre las partes intervinientes de una relación laboral -arts. 10, 57, 63 y concs. de la Ley de Contrato de Trabajo.- 

Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entre otros argumentos, sostiene que -contrariamente a lo resuelto por el sentenciante- el término para que la patronal responda el emplazamiento formulado por el trabajador a los efectos de que aclarase su situación laboral vencía -siguiendo la teoría recepticia de las comunicaciones- a la medianoche del sábado 29 de marzo de 2008 (día laboral para la empresa demandada) y que Lizarraga recibió dicha comunicación recién el martes 1-04-2008, fecha en la que el actor se consideró despedido por el silencio patronal.- 

En el máximo Tribunal bonaerense el primero en votar fue el Dr. de Lázzari quien, entre otros argumentos, destacó que “surge nítido del análisis de los antecedentes transcriptos, que el silencio imputado a la patronal –única causal invocada por el trabajador para disponer el despido, v. telegrama de fs. 239- no subsistió durante un plazo "razonable", que permita considerar justificado el distracto motivado en aquella determinación”.-  

“En efecto, la configuración del silencio del empleador en los términos del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo requiere -como pauta para la consumación justificada de la extinción contractual- que aquél subsista durante un "plazo razonable", estableciendo como límite mínimo el período de dos días hábiles, sin fijar uno máximo por el que deba mantenerse, pero que -sin dudas- no debe extenderse más allá de los parámetros de prudencia que la norma indica”.-

Recordemos el texto del artículo citado: Art. 57. —Intimaciones. Presunción. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles.- 

En el caso,  continúa el magistrado, “se advierte que desde que la accionada recibió el emplazamiento del actor Lizarraga (jueves 27 de marzo de 2008) hasta que remitió su respuesta (viernes 28 de marzo), transcurrió sólo un día; y la decisión del dependiente de rescindir el vínculo laboral fue adoptada el lunes 31 de marzo de 2008 y recibida por la empleadora el 1-04-2008, unas horas antes de que se notificara de la respuesta de Mafissa…”.-

Estos argumentos fueron compartidos por los Dres. Genoud y Kogan.Por su parte, el Dr. Soria agregó que “esta Corte tiene dicho que el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo no establece un plazo preciso dentro del cual deba darse respuesta a las intimaciones que las partes se cursen, sino que ha fijado un lapso mínimo -en días hábiles- durante el cual no puede exigirse tal contestación; respecto al máximo, en lugar de fijar un tiempo determinado, la norma expresa que debe ser "razonable"…”.- 

En cambio, en disidencia, el Dr. Negri recordó que: “Es doctrina reiterada de esta Corte que el carácter recepticio que revisten las comunicaciones e intimaciones por motivos atinentes al contrato de trabajo implica atribuir a quien las remite la responsabilidad que le incumbe por la elección del medio empleado, lo que supone que no alcanza con emitir el despacho, desentendiéndose de su suerte final (arg. doct. L. 101.133, "Gómez", sent. del 16-V-2012; L. 99.462, "Chaile", sent. del 10-XI-2010; L. 95.650, "Medina", sent. del 14-X-2009).-  

Con ese marco, sólo cabe concluir que "la fecha que dirime la cuestión relativa a si se ha configurado el silencio al que se refiere la norma, es aquélla en la que la intimación ingresó a la esfera de conocimiento del destinatario de la respuesta y no la fecha en la que la contestación fue emitida”.- 

“Así las cosas, habiendo sido la accionada notificada de la intimación el día 27 de marzo, el plazo de dos días hábiles que contaba para contestar concluyó el día 29 del mismo mes.- 

Por lo tanto, transcurrido ese tiempo sin que comunicación alguna llegara a la esfera de conocimiento del trabajador, el tribunal debió considerar omitida la respuesta y configurado, en consecuencia, el silencio invocado por el trabajador para considerarse despedido”.-  

Por lo tanto, por mayoría se resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.-

* La negrita y el subrayado me pertenece.- 

La violencia de género también es contra los hombres

La justicia condenó a una mujer a 17 años de prisión por violencia y abuso sexual contra sus hijos y su marido. La violencia de género “oculta esta otra realidad (…) pero que debe ser sin dudas atendible porque el hombre es parte de esa familia”, dijeron los jueces.-

La causa caratulada “L., M. I. V. abuso sexual gravemente ultrajante, coacción-coacción calificada, etc” culminó en la condena sobre una mujer, a la que se la encontró culpable de los delitos de agresiones, coacción, lesiones leves y abuso sexual gravemente ultrajante, todos agravantes por el vínculo.-

Entre alguno de los hechos por los cuales la mujer llegó a juicio oral, se encuentran que golpeaba a sus hijos con una botella de vino, intentó incendiar su casa con sus hijos adentro, obligó a su hija a clavarle un bisturí, y abusó de ella con el fin de denunciar a su marido por ello.- 

De manera previa, durante el debate oral, al observarse que la imputada manifestaba contradicciones en su declaración ante el Tribunal respecto de sus dichos en la declaración indagatoria, los jueces integrantes de la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba, Alberto Crucella, Julio Guerrero Marín y Daniel Ottonello, discutieron acerca de si era correspondiente incorporar los dichos de la mujer al debate.-

El fiscal se había manifestado a favor, y el defensor de la imputada se opuso y planteo la inconstitucionalidad de la medida. Por mayoría se resolvió aceptar la prueba, con la disidencia del juez Marín, que indicó que ello violentaba el principio de defensa “al coartarse su estrategia defensiva”.-

La acusada se defendió de los cargos afirmando que ella era la víctima, ya que su marido era el que ejercía violencia sobre su persona. Su marido, al momento de prestar testimonio, solicitó que se excluya a la acusada del recinto “porque le tenía miedo”, y sus hijos declararon en contra de la misma.

En cuanto a los dictámenes periciales, los efectuados sobre la hija supuestamente abusada, determinaron que el abuso denunciado “es expuesto como un eslabón mas en la cadena de agresiones vivenciadas. No se encontraron en la niña elementos o características de fabulación confabulación o mitomanía”, y que “el daño psíquico de la niña esta relativizado por la cotidianeidad de las situaciones, generándose una acomodación a las situaciones de maltrato”.-

Los magistrados dieron razones por las cuales consideraron que la mujer era responsable de la comisión de de esos delitos, entre las cuales destacaron la fuerza probatoria de los testimonios de las víctimas y sus familiares, la exposición de los menores en la cámara Gesell y los dictámenes periciales.

En cuanto a la determinación de la pena correspondiente a la encartada, la Cámara tuvo en cuenta “a su favor que no registra antecedente penal alguno en su contra, la cantidad de hechos endilgados, la modalidad grave y perversa de los mismos, el perjuicio físico y psíquico causado a sus hijos”.-

“En efecto, M. I. del V. L. obsesionada por lograr retener a su lado a su marido lo maltrató y lo agredió pero lo incalificable de su conducta es que para lograr dicho fin utilizó a sus propios hijos causándoles daños de insondable gravedad y por ello la sanción a aplicarle debe ser severa”, sostuvo el Tribunal.-

“Vale reflexionar como lo hiciera en otros pronunciamientos judiciales sobre este flagelo de la violencia doméstica que parece no tener limites ni fronteras en la actual sociedad”, señalaron los jueces.-

Los sentenciantes expresaron que en muchos fallos lo difícil “que será erradicar esta lacra de la violencia familiar sin desterrar el perverso y vigente machismo social, pero no es menos cierto que cada caso judicial es como un caso medico-clínico y requiere de un diagnóstico y un tratamiento”. Aclararon a continuación que en el caso de marras las victimas de los maltratos eran un hombre, “y en especial sus hijos”.-

A continuación, el fallo enfatizó que “mucho se ha escrito del maltrato de varones, sin embargo la terrible violencia sobre la mujeres y que diera justificadamente lugar a insertar la denominada violencia de género en nuestra legislación penal oculta esta otra realidad -por cierto mucho menor- pero que debe ser sin dudas atendible porque el hombre es parte de esa familia donde ocurre la violencia domestica y ésta ya se ha convertido en un problema de salud publica porque tiene efectos destructivos en los niños”.-

Al respecto, los magistrados entendieron que no había muchos casos como el de estudio, ya que “no suele haber cifras del maltrato en hombres, por que no hacen la denuncia y menos si son golpeados pues la norma que impera a en nuestra sociedad para los hombres es el coraje”.-

Pero en tal sentido, sostuvieron que “Ortega y Gasset decía que para solucionar un problema hay que comenzar por verlo, por ello no podemos ignorar que esta otra cara de la violencia familiar también existe y debe tratarse”.-

Por todas esas cuestiones, los jueces establecieron como pena a aplicar la de 17 años de prisión, y ordenaron al Servicio Penitenciario que “se practique en la persona de M. I. del V. L. un tratamiento psicológico y/psiquiátrico conforme la problemática que presenta debiendo informar al tribunal interviniente bimestralmente su evolución”.-

* La negrita y lo subrayado me pertenece.-

Fuente: Diario Judicial

Tener en cuenta: Ley de inembargabilidad de la vivienda única y de ocupación permanente en Pcia. Bs. As.

La Ley 14.432 de Inembargabilidad de la Vivienda Única de la provincia de Buenos Aires recibió su segunda declaración de inconstitucionalidad desde que fue sancionada en noviembre del año pasado. La legislación recibió críticas por su régimen tuitivo.-

En noviembre del año 2012 se logró la aprobación de la ley 14.432 de Inembargabilidad de la Vivienda Única y de Ocupación Permanente. De esta forma se buscaba proteger “un derecho humano fundamental como lo es la vivienda digna. A tal fin, la vivienda única y de ocupación permanente de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, constituye el centro de protección de la presente ley”.-

Desde entonces, la novedosa normativa recibió dos sentencias en contra, donde se declaró la inconstitucionalidad de su aplicación. En los autos “Banco Francés S.A. c/Ullua, María Celia s/Ejecución”, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar Del Plata decidieron hacer lugar al reclamo de la entidad financiera.-

En este sentido, desde el Banco habían reclamado que la jueza de primera instancia había hecho una aplicación retroactiva de la legislación que aún está vigente en la provincia, y que por ello debía tenerse en cuenta su reclamo.-

En su voto, el juez Roberto Loustaunau, aclaró que no se hacía lugar a la acción por la aplicación retroactiva, sino por el hecho de que la normativa no se adaptaba a las mandas constitucionales, por lo que uno de los reclamos fundamentales de la entidad financiera que iba a ejecutar la vivienda de la accionada, fue desechado.-

El magistrado afirmó que “no ha aplicado en forma retroactiva la ley sino siguiendo el efecto inmediato contenido en el artículo 3 del Código Civil, conforme al cual, las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.- 

“Tal efecto consiste en que la nueva ley toma la relación o situación en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron”, explicó el camarista.-

En relación a la cuestión de fondo, afirmó que, “no se me escapa que la cuestión planteada posee una particular importancia, dada la índole de los derechos en juego. Por un lado, el del acreedor de hacer efectiva la garantía que supone el patrimonio de su deudor y, por el otro, el de este último, a preservar su vivienda única, asiento del núcleo familiar”.- 

“La ley provincial 14.432 cuestionada, al disponer la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble ubicado en nuestra provincia destinado a vivienda única y de ocupación permanente salvo renuncia expresa del titular, resuelve la tensión entre estos derechos a favor del deudor”, afirmó el vocal.-

El miembro de la Sala remarcó que “el propósito de la norma trasciende la protección de la vivienda familiar de la cual se encarga la ley nacional 14.394 (Bien de Familia), pues se persigue asegurar el derecho a la vivienda digna del individuo social y comunitario, el cual, para cumplir con su proyecto de vida e interrelacionarse, requiere de condiciones de vida dignas que propicien tal desarrollo. Sobre este punto, se considera que la ley de bien de familia ha demostrado un funcionamiento deficitario como consecuencia del desconocimiento del régimen tuitivo”.-

El integrante de la Cámara destacó que “las sucesivas leyes de suspensión de las ejecuciones hipotecarias, tendientes a los mismos fines tuitivos, no fueron invalidadas judicialmente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha inspirado el espíritu de la ley al reivindicar la operatividad del derecho constitucional a una vivienda digna como uno de los derechos económicos, sociales y culturales íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales”.- 

“Pero aún cuando sea elogiable en tal sentido la intención del legislador provincial, no por ello puede pasarse por alto que esta tensión entre ambos derechos fue ya resuelta por la Corte Federal en el caso ‘Banco de Suquía S.A. c. Tomassini, Juan Carlos’ en el cual declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria 8067 que abordan la temática de una manera similar que la ley 14.432”, recordó el sentenciante.-

Loustaunau aseveró que “el fallo de la Corte se centra en que estas normas invadieron las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, pues no se trata de una norma de la seguridad social, sino de fondo o de derecho común y que la cuestión se encuentra regulada por la ley 14.394 de bien de familia”.-

Fuente: Diario Judicial.-