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SANCIONARAN A LAS EMPRESAS QUE NO REGISTREN A SUS TRABAJADORES

A través del Decreto 778/2014 el gobierno nacional promulgó la modificación del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales, referido a la ley 26.941, con el fin de combatir las prácticas abusivas del sector empleador urbano y rural.- 

Las sanciones a las infracciones leves irán desde el apercibimiento laboral a multas de entre el 25 y el 150% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción.- 

Las infracciones graves, en tanto, se sancionarán con multas del 30 al 200% de ese mismo monto por cada trabajador afectado, y para las consideradas "muy graves" la multa asciende del 50 al 2.000%.- 

En casos de reincidencia de los empleadores ilegales se podrá clausurar el establecimiento hasta 10 días, manteniendo el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones, y si se trata de servicios públicos esenciales, deberán garantizarse las prestaciones mínimas.- 

También promulgó el Decreto 777/2014 de Promoción del Trabajo registrado y Prevención del Fraude Laboral.-

La ley establece nuevas herramientas para disminuir el empleo ilegal que perjudica a unos tres millones de personas, según datos del INDEC. 

A fin de disminuir el número de trabajadores que cumple sus tareas sin tener aportes previsionales ni obra social, la nueva ley crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad con beneficios.-

Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.- 

Para este tipo de empresas, habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta 50% de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.- 

Asimismo, las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.-

Del mismo modo, las nuevas normas disponen medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional.-

LA LIBERTAD SINDICAL NO SE LIMITA A QUIENES INVISTEN UNA REPRESENTACION

La Cámara del Trabajo confirmó una sentencia que consideró discriminatorio el despido de un trabajador que, pese a no ser delegado gremial, había participado en una huelga. “La libertad sindical no se limita a proteger a quienes invisten una representación o se postulan formalmente para ejercerla, sino que se extiende a todo trabajador o activista”, sostuvo.-

La Sala VII de la Cámara del Trabajo confirmó la sentencia dictada en la causa “Millicay, Domingo Esteban c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ Despido” que había condenado a la demandada a abonar una indemnización por despido discriminatorio y reinstalar en su puesto a un trabajador que fue despedido por adherirse a una huelga, a pesar de no ser representante gremial.-

La sentencia de Primera Instancia había entendido que las conductas que se le habían imputado al trabajador, estaban amparadas por el derecho de libertad sindical, de modo que su despido resultó discriminatorio.-

En la postura opuesta por la demandada, adujo que el actor no era titular del derecho de huelga, ya que solamente podía ser ejercitado “por los sindicatos con personería gremial”. De este modo, el actor “carecía de aptitud representativa”.-

Los argumentos fueron rechazados de primera mano por la Alzada, que con voto de los jueces Beatriz Fontana y Néstor Rodríguez Brunengo, se admitió que la carta documento que comunicaba el despido era “suficientemente clara y de su sola lectura se desprende que el motivo que dio lugar al distracto, fue la participación del actor en la convocatoria y celebración de reuniones con el personal en horario y lugar de trabajo en las que a modo de asamblea se planteaba el tratamiento de reclamos salariales. La demandada afirma que los hechos invocados afectaron gravemente la labor operativa en la sede de Monte Grande”.-

Sobre esta base, el Tribunal de Apelaciones afirmó que “está claro entonces que lo que dio lugar al despido fue la participación del actor en las reuniones y asambleas en cuestión, en tanto la demandada considera que el accionante carecía de mandato para obrar como lo hizo en tanto aduce que se estaban llevando a cabo negociaciones con los sindicatos que menciona”.-

Los magistrados recordaron las posiciones encontradas en torno al reconocimiento del derecho de huelga a “los gremios”, más que nada, “ante la existencia de normas infraconstitucionales que pretendieron acotar aquél reconocimiento beneficiando solamente a las asociaciones sindicales con personería gremial”. Pero a continuación aclararon que “dicha controversia está lejos de haberse zanjado en el sentido favorable a la interpretación restrictiva que pretende la accionada en autos”.-

“en el caso de autos, el actor se limitó a ejercitar conductas amparadas por la libertad sindical tal como lo ha sostenido la Señora Juez “a quo”, sin que los argumentos vertidos por la recurrente resulten suficientes para revisar lo actuado”, afirmó el voto de la Dra. Beatriz Fontana, que luego aclaró que no soslayó “que la demandada ha alegado la existencia de perjuicios económicos como consecuencia de las reuniones y asambleas del personal por las que imputó al actor”.-

“Pero en este aspecto”, agregó, tampoco podía dejarse de merituar “que el conflicto colectivo en sus diversas manifestaciones no puede escindirse de la posibilidad de daño que esas acciones puedan ocasionar, en tanto precisamente se trata de medidas para lograr equilibrar una relación de fuerzas que permita resolver un daño que se entiende causado de manera previa en perjuicio de la otra parte”.-

“En todo caso, tampoco puedo dejar de mencionar que la accionada contaba con la posibilidad de solicitar la intervención de la Autoridad de Aplicación a fin de que se dispusiera una conciliación obligatoria, para abrir una instancia de negociación, conforme lo dispone la Ley 14.786, lo que no advierto que surja de las actuaciones en estudio”, agregó la sentenciante.-

En el mismo sentido se inclinó el voto del juez Rodríguez Brunengo, quien defendió la tesis según la cual “la libertad sindical no se limita a proteger a quienes invisten una representación o se postulan formalmente para ejercerla, sino que se extiende a todo trabajador o activista”.-

Como consecuencia de estas posiciones, se elevó en 25 mil pesos el monto de condena en concepto de daño moral, y se confirmó en todos los puntos el fallo.-

* La negrita y el subrayado es propio.-

 Fuente: Diario Judicial.-

SE PONDRA ESTE AÑO EN MARCHA EL SISTEMA DE JUICIOS POR JURADO EN PROVINCIA DE BS. AS.

“Señor, usted ha salido sorteado para ser jurado de la provincia de Buenos Aires, en calidad de carga pública”. Así comenzarán diciendo las cartas que lleguen a los domicilios de los integrantes de un listado de unos 10 mil bonaerenses, que este invierno se definirá por sorteo de la Lotería de la Provincia. Será luego de que comience a regir la ley de juicio por jurados, sistema con el que se esperan llevar a cabo unos 200 juicios al año y que tendría su primer caso antes de diciembre.-

¿Cómo va a funcionar el método? ¿Qué va a cambiar? ¿Estoy preparado para ser jurado? Esas son algunas de las preguntas que se hará la sociedad en su conjunto y, particularmente, los primeros sorteados para integrar un jurado que deberá decidir en juicios por delitos con una pena mayor a quince años, como homicidio, violación, secuestro, robo agravado y asociación ilícita agravada, entre otros.-

El cuerpo estará integrado por doce ciudadanos, seis mujeres y seis hombres, aptos física y psíquicamente para la función, que no estén procesados por ningún delito, no sean funcionarios públicos ni abogados y tengan entre 21 y 75 años, y su misión será la de evaluar las pruebas y decidir si el imputado a quien se juzga es culpable o inocente, mientras que la condena será dictada por el juez.-

Al tratarse de una carga pública, su cumplimiento será obligatorio y le demandará a la persona, en el caso de procesos complicados, unas tres o cuatro audiencias, aproximadamente. Los jurados que trabajen en relación de dependencia estarán excusados de ir a trabajar, mientras que aquellos que lo hagan por su cuenta recibirán una remuneración compensatoria.-

El sistema está previsto en la Constitución Nacional y que ya se aplica en Córdoba y Neuquén. En la provincia de Buenos Aires, la ley está vigente desde septiembre del año pasado y, tras un cambio en la forma de sorteo que ahora evalúa la Legislatura, regirá plenamente desde el mes que viene, el primer caso que se resuelva bajo esta modalidad se conocerá antes de diciembre.-

La ley establece que las causas que sometan al juicio por jurado serán las que se inicien luego de promulgada la ley y, teniendo en cuenta que cada investigación tiene un proceso de instrucción de un año y medio aproximadamente, será este mismo 2014 cuando lleguen al juicio por esta modalidad los primeros hechos. El juicio por presuntos abusos que se le imputan al ingeniero Cristian Martínez Poch pudo haber sido el primero a realizarse bajo esta forma, luego de que el fiscal lo solicitara a principios de año, pero se desistió ante la negativa de la defensa.-

Es que la modalidad, que puede ser solicitada por los fiscales o por los abogados defensores, es opcional para el imputado, bajo el argumento de que así se le ofrecen mayores garantías, es decir que, ante la propuesta, es el acusado quien decide si quiere ser juzgado por un jurado. DERRIBANDO MITOS, lo que se busca con la instauración del juicio por jurados es proporcionar a la ciudadanía un acercamiento mayor a la Justicia, tantas veces cuestionada por el desconocimiento sobre su funcionamiento y brindarle así una mayor transparencia a sus actos con la participación de todos los sectores de la sociedad.-

El Ministro de Justicia de la Provincia, Ricardo Casal, impulsor de la ley, explica: “Lo importante es que se incorpora a la ciudadanía en el conocimiento y participación de las decisiones judiciales. La desconfianza en la Justicia se da porque la gente no conoce, no entiende lo que pasa en los tribunales ni cómo funcionan. Con el juicio por jurados, va a dejar de haber tanto debate en casos resonantes, porque para su integración pueden salir sorteados un empresario, un contador, una maestra, un carnicero y las personas se van a quedar tranquilas, al pensar que fue un ciudadano igual a ellos quien entendió que el imputado en cuestión debe ser condenado o quedar en libertad”. Y agrega: “Así se va a dar por tierra el mito de que la Justicia resuelve las cosas en ámbitos oscuros y entre gallos y medianoche, lo que no es cierto, la Justicia resuelve las cosas públicamente y fundamentando, pero la gente no lo sabe”. La directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Sidonie Porterie, coincide al opinar que el juicio por jurados aportará a la Justicia “legitimidad” y “transparencia”, así como la idea de “imparcialidad de la Constitución”.-

La politóloga indica que “con el jurado en el juicio, el juez, el fiscal, y el defensor están obligados a realizar un juicio público y oral en serio, con un lenguaje accesible para todos. Esto rompe con la lógica judicial que sólo produce un lenguaje reñido con la lengua castellana, incomprensible para el pueblo. El jurado le devuelve al juicio lo que nunca debió haber perdido: la participación del pueblo en la aplicación de la ley y su visión comunitaria de la Justicia”. ¿Cómo hará para resolver si un imputado es culpable o inocente de un delito grave un ciudadano que no está formado en el derecho? “No hay que saber derecho para poder evaluar si una persona cometió un hecho o no. Sólo hacen falta experiencia de vida, sentido común, sentido comunitario de justicia, deliberación unánime de 12 personas representativas de todas las miradas sociales, con sus diferentes edades, religiones, géneros, orientación sexual y ocupaciones”, dice Porterie.-

Al ser citados a juicio, luego de una depuración en la que ambas partes podrán impugnar a los miembros en casos que consideren que se verá afectada la imparcialidad, el jurado recibirá un instructivo por parte del juez, quien le indicará sin influir en sus decisiones, las reglas del proceso y cómo se evalúan las pruebas y el ámbito de su decisión. Al respecto, Casal explica: “El jurado no va a analizar cuestiones jurídicas, si la imputación está bien o mal hecha o la tipificación penal. Va a los hechos y decide sobre lo probado, va a ser un debate más de razonabilidad pública que de técnica jurídica”.-

El Ministro subraya además la importancia de las instrucciones impartidas por el juez a los jurados para su correcto desempeño. BENEFICIOS Y DESAFIOS ¿Cómo beneficia al propio acto de Justicia la participación del jurado? “Cuando se quiere juzgar a un poderoso, el jurado tiene cien por ciento de libertad, y los fiscales van a tener grandes beneficios si aumentan la calidad de la prueba, lo que también beneficia a la defensa, ya que muchos casos mal probados hoy tienen a gente presa injustamente y son los propios fiscales quienes piden su absolución en juicio”, apunta Porterie.-

Respecto de la persona juzgada, la directora de Inecip sostiene: “Lo bueno es que la decisión de culpabilidad o inocencia no recae sobre una o tres personas sino sobre doce, que además son pares, que no están pensando en su carrera profesional y quizá por única vez en su vida deberán participar en la administración de justicia. Eso hace a la imparcialidad de la decisión y también a la independencia de los jueces”.-

Algunos reparos al sistema se basan en la apreciación de las pruebas pero, fundamentalmente, en la influencia que la presión mediática sobre un caso resonante tenga sobre las personas que integran el jurado. “Es el gran problema sobre el que hay que trabajar”, opina el ministro Casal. “La influencia de los medios genera una condena social inmediata sobre las personas. Los medios titulan que detuvieron al asesino de alguien y para el ciudadano común ya es así. En el medio hay un montón de cosas: puede ser un homónimo, puede que no fuera él, o que no estaba en el lugar que dijeron… Hay que trabajar muy bien sobre el jurado en el tema de las instrucciones que le dé el tribunal para poder tener en cuenta el valor o la valoración de la prueba sea lo sustancial en el juicio”, afirma. Y con cierto optimismo, Porterie señala: “Como son doce, el impacto es mucho menor que el que provoca en un juez o en tres.-

El jurado es mejor para los casos de más alto impacto. Los jueces ya no pueden resistir la presión pública y distorsionada de los medios, que ha ido en incremento en los últimos años”.-

Fuente: Diario el Día.-

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