“WAGNER, SEBASTIAN JOSE LUIS – EJECUCION DE PENA”
GUALEGUAYCHU, 1 de julio de
2016.-
VISTO:
El presente legajo Nº 1456,
caratulado “WAGNER, SEBASTIAN JOSE LUIS – EJECUCION DE
PENA”, que trae la Srta. Secretaria
a despacho para resolver;
CONSIDERANDO:
A) Que a fs. 417 de estos
actuados, se presenta el penado, alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja
Penal “Colonia El Potrero” de esta ciudad, Sebastián José Luis WAGNER,
solicitando ser beneficiado con el instituto de la Libertad Condicional
– Art. 13 del Código Penal – fijando como lugar de residencia, en caso de
concedérsele dicho régimen, en Barrio Holanda, Casa N°3, Manzana 39 A-1 de la
ciudad de Gualeguay.-
B) Que a los fines dispuestos por
el Excmo. Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Nº 42/03 de fecha
16/12/2003, y en función de lo normado por el Art. 287 de la Constitución Provincial ,
reformada en el año 2008, se ordenó
correr vista al señor Agente Fiscal de la Jurisdicción a fin de
que se expida sobre la procedencia o improcedencia del beneficio impetrado,
obrando a fs. 437/438, el dictamen del Sr. Fiscal General de Coordinación –
Dr. Lisandro BEHERAN, el cual se expide en sentido desfavorable
señalando que “… si bien el nombrado
satisface el requisito temporal fijado por el art. 13 del Código Penal -cfr.
informe actuarial de fs. 385- y no se halla dentro de los obstáculos previstos
en los arts. 14 y 17 del mismo cuerpo legal -cfr. informe del R.N.R. de fs.
433/35-, lo cierto es que no ha satisfecho otro de los requisitos contenidos en
el primero de los artículos de mención, cual es el de contar con informes de
peritos que pronostiquen en forma individual y favorable su reinserción
social…”
Refiere que “…tanto el Equipo Técnico Criminológico como el Consejo Correccional de
la Unidad Penal
Expresa el Sr. Fiscal que “… con todos estos elementos, en definitiva,
que la incorporación del penado a una etapa final del régimen progresivo de la
pena (la de menores restricciones) no es procedente por no reunir las
condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social…”
Por ello, dictamina que no debe hacerse lugar, por el momento, a la libertad
condicional de WAGNER, en función de lo normado por los arts. 13 del Código
Penal y 28 de la Ley N º
24.660.
C) A su turno y en resguardo del
legítimo derecho de defensa de los intereses del interno de autos, y de
conformidad a lo resuelto por la
Excma. Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucional y Penal del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia , en los autos “STABLE, CLAUDIO JOSE HUMBERTO
– LEGAJO DE EJECUCION DE PENAS S/APELACION ( Expte. Nº 17207), y lo normado por
el Art.287 de la
Constitución de la Provincia de Entre Ríos, reformada en el año
2008, se ordenó correr vista al Sr.
Defensor de Pobres y Menores en materia penal de la Jurisdicción ,
a fin de que se expida sobre la procedencia o improcedencia del Instituto
ejecutivo impetrado, obrando a fs. 440/441 vta., el dictamen del Sr. Defensor
de Pobres y Menores Penal – Auxiliar N°1 -, Dr. Pablo Alberto RONCONI -, quien
opina en favor de sus intereses estimando que “… WAGNER, dentro de la
Unidad Penal , se ha mantenido generalmente con una CONDUCTA EJEMPLAR
NUEVE (09) y CONCEPTO MUY BUENO OCHO (08), conservando a la fecha ambas; ello
constituye un dato objetivo que refleja su evolución, del cual conforme lo
prevé el art. 101 de la ley 24.660 se deduce su mayor posibilidad de adecuada
reinserción social. En tal sentido, la autoridad carcelaria le ha permitido al
condenado acceder a un alto guarismo conceptual y, de tal modo, se genera un
derecho, obligando a la magistratura a permitir su ejercicio. Sostiene el Sr.
Defensor que su pupilo “… ha observado regularmente los reglamentos carcelarios,
ya que no registra sanciones disciplinarias desde su estadía en la Unidad Penal. En este
orden de razonamiento, debe considerarse cumplido en autos el presupuesto de ‘Observación
regular de los Reglamentos Carcelarios’, exigido por nuestro derecho de fondo (Art.
13 CP) e interpretado por nuestra reconocida Doctrina penal como el acontecimiento
que el penado, en un tiempo anterior razonable a la petición, no haya cometido
faltas disciplinarias graves o reiteradas, si estas fueren leves o medias. La
ejecución de la pena privativa de la libertad importa para el interno la
observación de las normas de convivencia establecidas en las reglamentaciones
pertinentes y la evolución positiva en el tratamiento penitenciario ofertado y
consentido, ya que a través de estos se pretende procurar un mínimo de organización
y orden a fines de promover su reinserción social. Que a efectos de medir ese grado
de sujeción y desenvolvimiento, la autoridad administrativa periódicamente
evalúa la conducta y el concepto del interno, calificaciones que le permitirán
el goce de determinados derechos y facultades, como su avance en el régimen
penitenciario.- RIVERA BEIRAS, IñakiSALT, Marcos Gabriel, Los derechos
fundamentales de los reclusos. España y Argentina, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 1999, p. 252 en relación con p. 245. La libertad condicional en
el código penal argentino, desde hace tiempo hasta el presente, merece
destacarse: “… La regularidad de la
observancia de los reglamentos carcelarios a los fines de la libertad condicional
no significa cumplimiento absoluto de los reglamentos sin infracciones de
ninguna especie, sino su acatamiento sin infracciones graves o repetidas
durante el lapso de encierro… No cualquier sanción es apta para negar el acceso
a la libertad… El art. 13 del Penal debe ser interpretado con cierto margen de
flexibilidad… Al resolverse sobre la procedencia de la libertad condicional
debe realizarse una apreciación integral de la conducta y personalidad del encausado.
CNCP, Sala II, ‘Tobares, Gustavo A. 19/12/95; temperamento seguido por el máximo
Tribunal mediterráneo: … La regular observancia de los reglamentos carcelarios,
consiste en el cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación
pertinente, comprendida integralmente como trabajo, disciplina y educación,
durante el plazo que la ley señala sin infracciones graves o repetidas, las que
deben ser examinadas cualitativa y cuantitativamente… Tanto el Art. 28 como el
104 de 24.660 tiene un sentido orientador para la apreciación judicial y le
proporcionan al Juez los elementos para determinar la observancia regular de
los reglamentos … TSJ CBA, Sala Penal, y completado: ‘Las infracciones deben
ser examinadas cualitativa y cuantitativamente, para determinar la influencia
de ellas en la formación del concepto. Tal examen implica, por parte del
juzgador, considerar entre otras circunstancias: el tiempo de encierro
transcurrido, el que queda por cumplir, frecuencia de las infracciones, entidad
de las mismas e incidencia en la determinación de las calificaciones’….” Menciona el Dr. RONCONI, que “como
refieren los profesionales del Consejo Correccional, el interno WAGNER desde
que ingresó a la Unidad
Penal ha realizado tareas laborales en el sector de
confeccionado y forrado de mates del mismo. Se encuentra desarrollando tratamiento
psicológico. Se encuentra usufructuando salidas transitorias al domicilio de su
pareja, la Sra. Nora
Patricia GONZALEZ, sito en Barrio Holanda, Casa Nº 3, Manzana 39 A-1 de la
ciudad de Gualeguay; lugar que propone para cuando le sea otorgada la Libertad Condicional.
… se ha sostenido en la doctrina lo dicho en cuanto a la afectación de
derecho penal de autor basado en la mera presunción de peligrosidad con la
sentencia dictada por la
Corte IDH en el caso Fermín Ramírez c. Guatemala del
20-06-2005 de la cual la CSJN
extrajo el siguiente pasaje: ‘La valoración de la peligrosidad del agente
implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el
imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la
imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que
probablemente ocurrirán… lo que deviene absolutamente inaceptable desde la
perspectiva de los derechos humanos (consid. 23º). Asimismo el voto mayoritario
destacó en otros pasajes, nuevamente y con más claridad, lo dicho en el
considerando 15º, al afirmar que la pretendida presunción de peligrosidad confirma
que en el fondo se trata de una declaración de enemistad que excluye a la
persona de su condición de tal y de las garantías consiguientes (consid. 22º),
añadiendo luego que de lo dicho se deduce sin más que esta clase de respuestas
punitivas importan una declaración acerca de que determinada persona es
indeseable o directamente declarada fuera del derecho y por tanto privada de la
dignidad de la pena… porque se lo considera fuera del derecho, como un enemigo
al que resulta conveniente contener encerrándolo por tiempo indeterminado. (consid.
24º). En esa línea de análisis, y luego de destacar la preocupante doctrina
que ha teorizado sobre el derecho penal del enemigo, la CSJN concluyó en forma
terminante que ni
nuestra tradición legislativa,
que remonta a Tejedor y su clara inspiración en Feuerbach, ni nuestra
Constitución, que sólo en su art. 23 tolera en circunstancia excepcional y con
las debidas garantías que una persona sea contenida por meras consideraciones
de peligrosidad, admiten que en nuestro derecho penal se teorice la enemistad
al derecho como exclusión de la dignidad de persona y del consiguiente
merecimiento de la pareja dignidad de la pena a quien comete un delito,
cualquiera sea el nombre con el que se pretenda ocultar la respetable denominación
de pena y cualquiera sea el pretexto peligrosidad no existente o presunta u
otro con el que se quiera ocultar una declaración de enemistad jurídica con
exclusión de las garantías y derechos que corresponden a todos los habitantes
de la Nación
(consid. 27º)”
Destaca el Sr. Defensor que
“..sin perjuicio de lo dictaminado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a su cargo, el Consejo
Correccional y el Sr. Fiscal de Cámara Coordinador, he de destacar que los
informes de los mismos no revisten carácter vinculante para el Sr. Juez…” Por
todo ello este Ministerio a mi cargo dictamina
que el Sr. Juez debe hacer lugar a lo interesado por el citado interno respecto
a la concesión de la
Libertad Condicional.-
D) Que la viabilidad del Instituto ejecutivo cuya aplicación
interesa el interno premencionado, requiere para su procedibilidad, los
presupuestos objetivos previstos en los Arts. 13, 14 y 15 del Código Penal y 28
de la ley Nacional Nº 24.660, esto es el atrapamiento de los siguientes requisitos
positivos de: a) cumplimiento de dos tercios de pena de prisión para las penas temporales;
b) observancia regular de los reglamentos carcelarios y c) gozar de un
pronóstico favorable de reinserción social por parte de peritos; como asimismo
los requisitos negativos –extremos que no deben verificarse para la procedencia
de la libertad anticipada-: a) no ser reincidente; b) que no haya cometido
alguno de los delitos enumerados por el Art.14 del Código Penal y c) que no se
le haya revocado con anterioridad, una libertad condicional acordada.-
E) Que analizadas las piezas
procesales agregadas a esta secuencia, se advierte que WAGNER no es
reincidente, conforme surge del Informe del Registro de Reincidencia y
Estadística Criminal de fs. 433/ 435, no ha cometido ninguno de los delitos
enumerados por el Art.14 del Código Penal y no se le ha revocado con
anterioridad, una libertad condicional ya acordada.-
Asimismo, en relación a los requisitos positivos, arribó a los dos
tercios de encierro punitivo en fecha 01/01/16, ello en virtud de la aplicación
por parte de la
Dirección General del Servicio Penitenciario de esta Pcia.
del art. 140 de la Ley
26695, en los Términos del Régimen Progresivo de WAGNER – fs. 387/ 391-, en
relación al cómputo de pena obrante a fs. 61, lo que surge además del Informe
Actuarial de fs.442; y como infra se verá ha observado con regularidad los
reglamentos carcelarios y, sin
perjuicio de no contar con un pronóstico positivo de reinserción social
dictaminado por peritos, conforme las conclusiones arribadas por los
Organismos de Ponderación Penitenciario y Judicial, los que se han apartado de
la finalidad que inspira a este Instituto, con argumentaciones subjetivas de
difícil refutación, desvirtuadas por las constancias probatorias arrimadas a
esta secuencia, WAGNER se encuentra posicionado favorablemente para acceder
a la soltura anticipada de la manera por él impetrada.-
F) Como primera medida, al
analizar la naturaleza jurídica del Instituto de Soltura anticipada prevista en
nuestra legislación sustantiva, entiendo que la misma irrumpe como un verdadero
derecho subjetivo de los internos y no – como a veces se ha pretendido –
concesiones graciosas de la autoridad judicial – al par de erigirse en derechos
condicionados, habida cuenta que ha menester que el interno satisfaga
determinados requisitos para atravesar las puertas de la reclusión, toda vez
que comparto el criterio adoptado por reconocida doctrina nacional al sostener
que la Libertad
Condicional es una fase de la ejecución de la pena que se
cumple en un estado de libertad vigilada, puesto que de conformidad a lo
estatuido por el Art.12 de la ley Nº 24.660, constituye el último período del
régimen progresivo, donde “la libertad condicional resulta ser un modo eficaz
de atenuación de ciertos efectos principales de las penas privativas de la
libertad, fundamentalmente del encierro carcelario, cuya permanencia suspende
luego de transcurrido un determinado período terminal de condena y haber dado
muestras de readaptación a través del acatamiento de los reglamentos
específicos, pero siempre dentro del período de ejecución punitiva”. (CHIARA
DIAZ, CARLOS ALBERTO en BAIGUN, DAVIDZAFARONNI EUGENIO RAUL(directores), Código
penal y normas complementarias, Análisis doctrinario y jurisprudencial, T.I,
Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pag.171) – de lo cual queda claro que la Libertad Condicional
no implica una modificación de la condena, ni despenalización alguna, sino
simplemente una forma mas flexible de cumplirla y que, en tanto se determine la
concurrencia de los requisitos legales exigidos, optar por solicitarla
constituye un derecho del penado y, como contrapartida, su concesión importa un
deber para el magistrado.-
G) Ahora bien, al analizar la causal obstativa
de “inobservancia regular de los reglamentos carcelarios”, requerida por la
norma sustantiva penal para la procedencia de la soltura anticipada del interno
de autos, tal como lo ha señalado el Sr. Defensor, debe tenerse en cuenta que
las infracciones deben ser examinadas cualitativa y cuantitativamente, para determinar
la influencia de ellas en la formación del concepto: tal examen implica, por
parte del juzgador considerar entre otras circunstancias: el tiempo de encierro
transcurrido, el que queda por cumplir, frecuencias de las infracciones,
entidad de las mismas, e incidencia en la determinación de las calificaciones
(TSJ CBA. PUCHETA, LUIS E. 4/08/06) y que como lo sostiene la doctrina mas
autorizada, no importa que ese comportamiento transgresor haya tenido lugar a
lo largo de todo el encierro, sino que basta con que lo haya sido durante
cierto tiempo considerable – en relación a la pena anterior al pedido (
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia Alejandro; Slokar Alejandro; Derecho Penal,
Parte General, 2da Edición, Ediar Bs. As.2003, pag.960 ), razón por la cual, “No
cualquier inobservancia reglamentaria que de lugar a una sanción disciplinaria,
será suficiente para denegar la libertad condicional por defecto de esta exigencia.
En este sentido el Art.13 del Código Penal ha sido claro al utilizar la
expresión “regularmente”. Como bien lo puntualiza Leje Anaya: “No es exacto
pues, entender a la ley en el sentido que los reglamentos deban siempre, en
todo caso y sistemáticamente, haber sido observados para que pueda obtener la
libertad condicional. Es que el Art.13 no dice, ni expresa ni implícitamente
que el condenado deba observarlos ejemplarmente(..) Por el contrario, la ley parece
conformarse con algo mucho menos exigente “la observancia no debe ser en un grado
absoluto, sin infracciones de ninguna especie. Debe ser una observancia con regularidad:
una adaptación del gobierno de las acciones (…) durante el término del cumplimiento
de la pena de encierro”.- ( CESANO, JOSE DANIEL; CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL ;
ED. MEDITERRANEA. PAG.77).-
Ahora bien, dentro de este tópico
interpretativo es que deben analizarse las transgresiones normativas incurridas
por WAGNER durante su período de encierro punitivo, para que, per se, opere
como causal obstativa a su soltura, pues cierto es que el mencionado interno,
fue pasible de un correctivo disciplinario aplicado por la Dirección de la Unidad Penal Nº 7 que
lo alojaba, mediante Resolución Nº 073/14 del 07/03/14 – fs. 203/ y vta.,
consistente en quince días de alojamiento en celdas cuyas condiciones no
agraven ilegítimamente la detención, por haber participado en pelea con
elementos punzantes con otros internos el 21/02/14, y de la sanción que dicha
dirección le aplicara por Resolución Nº 416/14 del 10/12/14 – fs. 254/ y vta., de
cinco días de permanencia en su alojamiento individual, por agredir con golpes
de puño a otro interno, el 27/11/14, faltas que han ocurrido hace más de un año
y medio, y a partir del cual ha sufrido un proceso de institucionalización
ininterrumpido con inexistencia de datos de mala conducta en su derrotero
carcelario, así, “la presumible labor de reinserción que debe entenderse tras
tanto tiempo en prisión so pena de poner en tela de juicio el funcionamiento del
entero sistema penitenciario y lo inexorable de una futura libertad para la que
es necesaria una acomodación progresiva, las razones se inclinan de forma
decidida por la concesión del instituto solicitado” ( TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ESPAÑOL, AUTO 586/97, de fecha 29 de Mayo de 1997).-
Adviértase, por otra parte que ya a partir el primer trimestre del
año dos mil doce, ha registrado altísimos guarismos calificatorios de Conducta
y Concepto que pudo sostener dentro del régimen progresivo hasta alcanzar
modalidades mas benignas y flexibles de la ejecución de la pena, mediante el
disfrute de salidas transitorias.-
En efecto, en consonancia con la
interpretación amplia del concepto “observancia regular de los reglamentos
carcelarios”, en cuanto a la extensión del acatamiento de normas que rigen en todo
el tramo del título ejecutivo penal y no solo en el período institucional, debo
resaltar que mediante decisorio de fecha 25/03/15 –fs. 287/ 298-, WAGNER, fue
incorporado al consorcio social a través de salidas transitorias
socio-familiares en el domicilio de su abuela, Sra. Marta Reynoso, sito en
calle 9 del Norte Nº 1339, y Boulevard Mosconi, de Concepción del Uruguay, por
veinticuatro horas mensuales, y, por dispositivo del 27/08/15 – fs. 347/ 349,
se le autorizara a usufructuar en el domicilio de la Sra. Nora Patricia
GONZALEZ, sito en el Barrio Holanda, Casa Nº 3, Manzana 39 A 1 de Gualeguay; siendo
pasible el 18/04/16 -fs. 409/410– de la suspensión por una vez en tal
instituto, por haberse ausentado del domicilio autorizado para su salida,
habiéndolo encontrado personal policial, que lo detuviera en procedimiento que
efectuaba en la vía pública el 09/04/16, habiéndosele otorgado dicho instituto
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el último párrafo del art. 19 de la Ley 24.660, habrá de destacarse
que desde la suspensión reseñada, y que resultó luego de menor entidad, por no haber
tenido dicha falta repercusión en terceras personas, siendo la única en su
haber desde que comenzara con sus egresos mensuales, desde hace más de un año,
por lo cual, teniendo en cuenta que la imposición de normas de conductas a las
que debe someterse el reingresado al consorcio social mediante regímenes de
confianza, constituyen normas jurídicas de alcance individual, las que se presentan
como una razonable correlación con la finalidad de la ejecución de la pena
privativa de la libertad puesto que el cumplimiento de las normas de conducta
conlleva, en sentido general y básico, un primer acercamiento a la comprensión
de lo que representa la ley y su utilidad y por consiguiente, una actitud de
respeto en función de lo que ella establece, de las constancias arrimadas a
este expediente, puede concluirse que el peticionante ha demostrado la
observancia de las normas de soltura impuestas por este Tribunal, lo que ha
sido observado con regularidad por el causante de autos, tal como lo requiere
el requisito legal previsto en el Art.13 del Código Penal.-
H) Finalmente y en lo que
respecta al último requisito objetivo previsto por el Art.13 del C.Penal, –
informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que
pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social –
primeramente he de dejar sentado que interpreto coincidentemente con lo
sostenido por los Dres. DE LA
FUENTE , JAVIER – SALDUNA MARIANA, en su obra “EJECUCION
PENAL, REFORMA DE LOS ARTS.13, 14 Y 15 DEL C.PENAL”, en Reformas Penales, DONNA
EDGARDO (Coord.) Rubinzal- Culzoni, Santa fe, 2004, pag. 29) que la
exigencia legal del dictamen positivo de peritos, agregado por la ley Nº
25.892, se refiere no a los informes administrativos confeccionados por los
operadores de las agencias penitenciarias, sino a los confeccionados por
actores ajenos a dicha fuerza de seguridad, esto es los integrantes de los
equipos interdisciplinarios judiciales, que conforme a los autores ut supra citados,
son los encargados de confeccionar dicho dictamen. Y, a su vez, coincido
con la doctrina emanada del Excmo. Superior Tribunal de Justicia en los autos
caratulados “ISLAS, RUBEN DARIO – S/EJECUCION DE PENA S/APELACION”, del 4 de
agosto de 2004, de que tanto los informes evaluativos de los Organismos de
Ponderación Judicial como Administrativos, tienen
un carácter no vinculante, lo que no puede resultar de otra manera pues
de lo contrario sería, como bien lo sostienen los Dres. Raúl A. Ceruti y
Guillermina B. Rodríguez, en su obra “EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24660)
COMENTADA Y ANOTADA, EDICIONES LA
ROCCA , pag. 175/175, “tales calificaciones poseen la
naturaleza jurídica de dictámenes emanados de un órgano técnico profesional
como es el Centro de Evaluación. En tal carácter no poseen fuerza vinculante
para la administración del establecimiento, ni mucho menos para la autoridad
judicial que en definitiva, es quien posee jurisdicción para evaluar los
requisitos a los fines de otorgar salidas transitorias, la semilibertad, la
libertad condicional, asistida y en general cualquier aspecto que haga a los derechos
del interno, el desarrollo de su vida en el penal y las condiciones de
cumplimiento de su pena… Lo contrario sería trasladar a un órgano
consultivo la decisión final de los puntos sobre los que tenga conocimiento”.-
Así, con el propósito de
judicializar la evaluación del solicitante, se dio intervención al Equipo Interdisciplinario de este Juzgado,
a fin de que evalúe al penado de autos e informe respecto de la posibilidad de
cumplir con la exigencia legal ut-supra descripta, informe que es evacuado a fs. 400/403 vta., y de donde surge
respecto del interno de autos que “…ACLARACIÓN
PRELIMINAR La evaluación criminológica de sujetos condenados por delitos de
abuso sexual supone la ponderación de numerosos factores; tanto individuales,
como sociales e institucionales. A la luz de la inconmensurable
casuística observada por éste Equipo Interdisciplinar, no podemos dejar de advertir que
el tratamiento penitenciario destinado y planificado a dichos condenados
descansa en la esfera subjetiva, configurándose la terapia analítica o
psicoterapéutica como el tratamiento “titular” a la hora de la postre
evaluación. Ésta situación
que, primeramente, se presentaba como sintetizadora y aclaradora de la evolución
tratamental recibida por el sujeto, culmina siendo una encrucijada, en tanto
dichos penados concurren a las entrevistas sin una demanda genuina de
asistencia, primer eslabón para modificar su posición subjetiva. Por lo demás,
las últimas alternativas judiciales respecto de la resocialización de los
internos condenados por delitos sexuales, no son sino modos de ‘satisfacer’ la
venganza social, erigiéndose como verdaderos panópticos que vigilan y castigan
–durante toda su condena- a los internos. De ahí que dichas normas sean
impracticables. Los únicos motores de cambio, de crítica y elaboración
subjetiva, son la culpa y la angustia: montos de afectos que pueden movilizar
al sujeto a involucrarse ya no con su delito, sino con la ‘palabra’. Si el
sujeto se permite demandar tratamiento y ser escuchado comenzará otro diálogo,
más profundo, hasta ahora imposible: el del Estado/Sociedad y los abusadores sexuales.
… Debemos sintéticamente referenciar que el interno de mención resultó
abordado por este equipo durante febrero de 2015, oportunidad en la que nos
adentráramos en su adhesión tratamental acorde el arribo temporal para un eventual
usufructo de salidas anticipadas. Se resaltó para entonces que Wagner no escapaba a la habitualidad
observada en los sujetos que cumplimentan condenas por delitos de índole
sexual, puesto que los mismos, en líneas generales, logran y sostienen una adaptación
y participación en el marco de la institución que podría señalarse de lo más
adaptativa. Así Wagner, en particular, se incluyó en lo que la
institución penal ofreció en materia educativa y productiva, alcanzando
guarismos puntuacionales coincidentes con su íntegra institucionalización. No obstante el señalamiento de este Equipo
respecto de su alta participación, advertíamos que el interno Wagner Sebastián no
alcanzaba un análisis profundo y sentido respecto de los actos reprochables que
cometió. Sin presentar indicadores de compromiso afectivo en relación al
delito cometido y sin una genuina valoración respecto del daño producido.
Acorde a estas últimas estimaciones, desde
este equipo se sugirió el compás de espera para los egresos del penado, con la
necesidad de que el mismo profundizara su tratamiento psicoterapéutico
realizado para entonces en su unidad de alojamiento, Unidad Penal Nº 7 de la
ciudad de Gualeguay. Finalmente, Wagner accede a sus salidas
transitorias socio-familiares, acorde la decisión de este Tribunal, toda vez
que S.S. hace lugar a sus salidas transitorias durante marzo de 2015,
otorgándole las mismas por el término de 24 horas mensuales e imponiendo al
mismo, como condición sine quanon al disfrute de la licencia de salidas aquí acordadas,
la continuidad del abordaje psicoterapéutico para tratar su problemática de
violencia sexual. Es de citar que el interno modifica su lugar de
alojamiento seguidamente al inicio de sus salidas socio-familiares por haber
mantenido problemas de convivencia con otros internos alojados en el pabellón 2
de la UP N º 7
que lo albergara, disponiéndose su traslado definitivo a la Unidad Penal Nº 9
“Granja Penal”, de esta localidad. Así es que surge en expediente elaborado por
la nombrada Unidad Penal -por la ampliación horaria que Wagner solicitaba de
sus salidas – y que viene a colación de lo que estos profesionales
suscribientes enunciamos sobre su falta de revisión y reflexión frente al
delito cometido, que reza: “…en el abordaje psicológico se ha tratado
de focalizar en aspectos relacionados con el daño causado, no teniendo
adherencia de parte del interno como tampoco a lo referido en relación a la
libertad sexual de terceros y mantiene un inadecuado control de los impulsos,
escasa capacidad reflexiva…”, además también surge del mismo informe
‘…no ha sabido apropiarse de los espacio terapéuticos brindados, como así
tampoco realizado abordaje en cuanto a su problema de consumo de sustancias…’
(fs. 371). Claramente el interno se encuentra desobedeciendo la orden judicial
que se le dictara desde este Tribunal al momento hacer lugar a los institutos
de salidas. Finalmente, es de valorarse que aún en la entrevista actual, el interno entrevistado por su
eventual Libertad Condicional, su falta de interpretación frente a los errores
acaecidos, las circunstancias que motivaron su accionar desacertado y las
consecuencias vividas a partir de los mismos. No revisa en forma comprometida
acerca de su historia vivencial de carácter anómica y desviada. Este aspecto es
trascendente, para el caso en estudio y no basta con cumplir las actividades
laborativas o similares acciones que conducen a un posicionamiento beneficioso
en pos del instituto en cuestión, toda vez que los suscriptos debemos evaluar
con la aproximación más certera posible el ingreso del interno a la sociedad, y
este aspecto tiene su correlato con la esferas ética y moral que han estado en
crisis. Es por ello, que sugerimos retomar y profundizar el tratamiento
psicoterapéutico indicado oportunamente por este equipo, a través del gabinete psicológico
de la U.P , a fin
de destrabar esa situación y consecuentemente en el futuro emitir una nueva
opinión. Además, resulta menester
señalar que el interno continúa con el consumo de sustancias tóxicas,
teniendo en cuenta que del examen rinoscópico de rigor realizado en la actualidad
se desprende: “se observa mucosa nasal eritematosa y despulida bilateral:
lesión que podría correlacionarse con el consumo de sustancias
vasoconstrictoras como la cocaína”. Resulta así de fundamental importancia que
el sujeto tome conciencia respecto de esta problemática, a los fines de brindar
un tratamiento que permita algún cambio de posición subjetivo en relación al
consumo. Para lo cual, el abordaje psicológico también debe tratar de fortalecer
al interno en este aspecto. En relación a sus proyectos laborales para esta
eventual etapa, comenta sobre los trabajos que podría gestionar en la ciudad de
Gualeguay, donde proyecta residir, vinculados a actividades en granjas de pollo
o bien en fábrica de mates. Planifica el desenvolvimiento de la etapa de
libertad condicional, residir en el domicilio de su pareja Nora González en el
Barrio Holanda Casa Nº 3 Manzana Nº 39 A1 de la ciudad de Gualeguay E.R. con
quien mantiene una relación desde hace dos años. Aclara que se habría distanciado
del grupo familiar de origen, quienes residirían en C. del Uruguay E.R.
Respecto del instituto que solicita el interno durante el proceso de entrevista
ha tomado conocimiento acerca de las normas a cumplimentar para su adecuado
cumplimento, salvo mejor criterio de S.S. CONCLUSIONES:
“…El Equipo Interdisciplinario de este
Tribunal considera, de acuerdo al desarrollo y evolución de la ciencia y al
conocimiento de la conducta, sin determinar con exactitud las posibilidades del
comportamiento por venir, en el entendimiento de que evaluar hacia el futuro es
un imposibilidad fáctica a la que no se puede acceder de acuerdo a la evolución
científica contemporánea, por lo que resulta ajena a la naturaleza humana
prever las contingencias de un proceder en lo sucesivo, que el interno WAGNER, SEBASTIAN JOSE LUIS
en un marco conjetural desde las disciplinas actuantes no ha adquirido la
capacidad de comprender y respetar la ley, no ha desarrollado una evolución
favorable por lo que el grado de reinserción social alcanzado no admite un
pronóstico favorable para el acceso al instituto de la Libertad Condicional ,
conclusión que se arriba en términos probabilísticos, conforme criterios de
razonabilidad pero cuya certeza no es absoluta…”
I) Sin perjuicio de la aclaración
efectuada en el considerando previo en cuanto a la interpretación legal exigida
por el Art.13 del C.Penal, de gozar con pronóstico favorable dictaminado por
peritos judiciales ajenos a la agencia penitenciaria, surge un pronóstico de reinserción desfavorable por parte de los
organismos administrativos del centro detentivo que aloja a WAGNER, así
el Gabinete Técnico Criminológico a fs. 421/ 422 da cuenta de que a la fecha
18/04/16 – “… Se encuentra usufructuando del beneficio de Salidas Transitorias Modalidad
Socio-Familiar al domicilio de su pareja, la Sra. Nora Patricia
González (41), … La misma convive con cuatro de sus siete hijos …
Institucionalmente se encuentra realizando tareas laborales en la confección y
forrado de mates; no haciendo uso alguno de los espacios educativos
brindados desde esta institución, ya sea para cursos de Capacitación
Laboral o para continuar sus estudios en la Escuela Secundaria
Modalidad Semi Presencial que dio inicio en el Ciclo Lectivo 2016. En el
abordaje psicológico se trata de focalizar en los aspectos relacionados con el
daño causado, teniendo el interno poca adherencia en relación a esto como
también a lo referido a la libertad sexual de terceros. El mismo mantiene
un inadecuado control de los impulsos con posible pasaje al acto; no
está pudiendo reflexionar en relación a lo ocurrido por eso se trabaja en pos
de que pueda hacerse cargo de sus actos y en consecuencia de sus causas, ya
que no está logrando dimensionar las consecuencias ocasionadas por las
mismas. De a poco se ha podido recapacitar respecto de su vida cotidiana y
tener una mirada a futuro más optimista por medio de un proyecto de vida. El
interno no entiende el uso problemático de sustancias como un hecho propio,
esto lleva a que considere como necesario trabajar en tratamiento sobre dicha
temática. Se lo ha convocado en diferentes oportunidades al espacio brindado
por la Técnica
en Adicciones a lo cual ha asistido demostrando poco interés ya que no reconoce
su consumo como una problemática. …” Emitiendo opinión desfavorable “teniendo
en cuenta que el interno no ha tenido adherencia a ninguno de los espacios brindados
desde este establecimiento (educativos, tratamiento, adicciones) como así
tampoco ha podido cumplir con las normas de conducta y régimen establecido en
el usufructo del beneficio brindado, lo que da cuenta de su falta de compromiso
a la hora de tomar responsabilidades..”
Por su parte del Informe
Pronóstico del Consejo Correccional de fs. 423/ y vta., surge que el causante ”
no se encuentra inscripto en ningún espacio educativo, en lo que respecta al
Ciclo Lectivo 2016, ya sea la Escuela Secundaria o algún curso de Capacitación
Laboral que se lleva a cabo en esta Unidad Penal. … Se encuentra trabajando en
el Área Industrial de esta Unidad Penal, en el Taller de Armado de mates, donde
concurre diariamente cumpliendo con las tareas asignadas y los horarios
establecidos. … Posee hábitos de buena higiene personal y en el lugar de
alojamiento es respetuoso con el personal de custodia y conducción,
destacándose además que no tiene problemas de convivencia con sus pares. …
Durante el período calificado no registra sanciones disciplinarias. … ”
Emitiendo también opinión desfavorable, visto lo dictaminado por el Equipo
Técnico Criminológico de ese establecimiento y “que el interno más allá de
respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con la
laborterapia a través del espacio laboral brindado por el establecimiento; en
el aspecto educativo y psicoterapéutico como lo expresan las profesionales
responsables de su evaluación no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad Penal. Por
todo lo expuesto este Consejo Correccional emite opinión DESFAVORABLE en relación a lo peticionado por el
interno …”
J) Habiéndome expedido supra
sobre la interpretación acerca del carácter no vinculante de los informes
evaluativos administrativo y judicial, y, por lo tanto deben ser tomados por
parte del suscripto como meras pautas evaluativas o sugerencias, se impone
analizar el contenido de los informes obrantes en autos, confeccionados por
tales organismos de ponderación toda vez que la judicialización de la evolución
del interno no se erige en un obstáculo para que, en determinados casos, este Tribunal no comparta las argumentaciones
vertidas por el Equipo Interdisciplinario de este Juzgado, cuando considere
que las mismas no hallan basamento en cuestiones objetivas.-
Analizando entonces el contenido
del informe del Equipo Interdisciplinario de este Juzgado ya reseñado en el
pto. H) del presente, se advierte que éstos fundamentan sus conclusiones desfavorables
para arribar a un pronóstico de reinserción social negativo, en una cuestión obstativa
cual es la necesidad de que el mismo profundice su tratamiento psicoterapéutico
en dos aspectos, uno relativo a su problemática de violencia sexual y el otro
en cuanto al consumo de sustancias; cuestiones obstativas con las que
disiento enfáticamente, por cuanto, si bien a WAGNER, se le impuso
al momento de otorgamiento de las salidas socio-familiares, que realice
abordaje psicoterapéutico por la mencionada problemática de violencia sexual,
ello ha sido en todo momento aconsejado teniendo en mira los episodios que
constituyeron los hechos que se le imputaran al momento de efectuar la valoración
para su sentencia, esto es remontándonos al momento de comisión de los hechos
esto es al 06/07/10 y 17/11/10, pero, tal conducta no se ha replicado con
posterioridad en el causante, ni se ha podido advertir alguna exteriorización
de una tendencia abusadora, sino más bien, parece que de parte de los profesionales
evaluadores, se intenta perpetuar en WAGNER la idea de la conducta que se encuentra
penando durante todo el tiempo de cumplimiento de la pena, mediante reflexiones
y más reflexiones, para que “se pueda hacer cargo de sus actos” incluso
mientras usufructúa sin oposición de nadie de egresos con salidas
socio-familiares. Del mismo modo, puede decirse que en lo que atañe al
consumo de sustancias de parte de WAGNER, indicando a esta altura que “tome
conciencia respecto de esta problemática para brindar un tratamiento que le
permita algún cambio de posición subjetivo relativo al consumo.” Ello lo único que indicaría el fracaso del
tratamiento de reinserción aplicado a WAGNER, exclusivamente atribuible a quien
lo debe brindar. Pero tal indicación no es correcta, por cuanto, si dicho
interno – que se encuentra egresando mediante el autogobierno hubiera
manifestado algún episodio de consumo que pudiera haber alterado tal régimen o
su comportamiento institucional, debería habérsele efectuado la consiguiente
corrección, de lo que no hay constancias en estos actuados. Entonces, si
realmente WAGNER presentara ante los reiterados abordajes que se le han efectuado,
una patología sexual que indicara riesgo hacia terceros, ó problemas de consumo
de sustancias que afectaran su libre interacción, de ningún modo se le
permitiría egresar del establecimiento mediante el régimen de autogobierno, lo
que efectúa desde hace más de un año y tres meses. No pueden entonces,
resultar a esta altura, tales motivos, un obstáculo para alcanzar la libertad
condicional solicitada, y así continuar cumpliendo su pena en estado de
Libertad Condicional, sino incentivarlo a que el causante realice
paralelamente tratamiento psicoterapéutico para ambas cuestiones, como los
mismos profesionales sugieren.
El causante más bien, ha
demostrado, en este tiempo -período de prueba- de salidas familiares,
que ha acatado las normas que le fueran impuestas, y ello por lo tanto
significa que ha sabido internalizar normas de adecuado ensamble social, siendo así suficiente en el presente el
modo y tiempo que ha gozado bajo éste régimen, para proyectarlo hacia un egreso
de mayor amplitud de responsabilidad como el que aquí solicita.-
Cabe consignar nuevamente, que
el problema que ahora resultaría un obstáculo de tal entidad que podría impedir
el acceso al instituto en cuestión a WAGNER, relacionado con sus antecedentes
de violencia sexual y consumo de sustancias si fuera dominante en la actualidad,
le impediría encarar las actividades que actualmente desempeña mediante régimen
de autogobierno o autogestión con corrección. Ya he dicho reiteradamente
que los
operadores judiciales y mas precisamente los jueces encargados de ponderar la
evolución de los internos, para su incorporación a institutos de egresos
pausados o libertades anticipadas, nos encontramos ante la incontrastable
realidad de que en las cárceles de nuestra provincia, y la ausencia de política
penitenciaria en esta materia, revelan la desatención observada en materia de
salud y/psicoterapéutica, advirtiéndose una imposibilidad temporal del único profesional
habilitado para tales fines, el que se encuentra por reglamento
penitenciario,avocado a tareas de evaluación y no de tratamiento.
Ante esta realidad, se observa la ausencia de respuesta institucional orientada a la
implementación de un programa tratamental específico, lo que se traduce en el
fracaso del sistema, ya que estos individuos generalmente no
progresan en el régimen o lo hacen tardíamente y con serias dificultades, retornando
al medio al agotarse la pena, en un estado de mayor vulnerabilidad al que presentaba
a su ingreso, no obstante lo cual, los esfuerzos que el suscripto ha llevado a
cabo con las autoridades encargadas del diseño de una política penitenciaria
para permitir un científico y adecuado tratamiento para personas con
antecedentes de consumo abusivo de sustancias ilícitas y de esta manera
legitimar la pena de encierro, mediante reuniones con autoridades y
profesionales, ha sido reiteradamente desoída, lo que dificulta
enormemente la finalidad de prevención especial positiva que
constitucionalmente, ha consagrado nuestro sistema de ejecución penal. Es que
la finalidad reinsertiva prevista por el Art. 1º de la ley 24.660, que ha
seguido, el rumbo trazado por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que oportunamente
adoptara la Constitución Nacionalla Unidad Penal N°7 el
01/07/11 -fs.421- la desatención estatal en materia de política sanitaria, pues
el derecho a la salud constituye un bien fundamental en sí mismo, que, a su
vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal, donde
nuestra Constitución Provincial, en su Art.19, la consagra como un derecho
humano fundamental, y que la asistencia sanitaria debe ser gratuita, universal,
igualitaria, integral, adecuada y oportuna.-
En otros términos, debe ser
tenido en consideración el hecho de que el causante se encuentra transitando el
tercer estadio del régimen penitenciario progresivo –Período de Prueba- desde más de un año y tres meses 25/03/15, fs.
287/ 298-, habiendo arribado al requisito temporal para la obtención de la
libertad condicional once meses antes, en virtud de la aplicación del estímulo
educativo – art. 140, Ley 26.695 por haber durante su tiempo de prisionización concluido
los estudios primarios fs. 130 realizado curso de diseño gráfico asistido por
PC con competencia en autoempleo fs. 131 -, curso de conocimientos básicos en
panadería fs. 133 curso de instalaciones eléctricas domiciliarias fs. 330 y
curso de auxiliar de carpintería fs. 389.- Todo lo cual habla a las claras de
la concreta aplicación de tratamiento de reinserción social en el caso y la
constante evolución criminológica acreditada por el causante. En igual sentido,
no puede dejar de ser tenida en cuenta la circunstancia de que, desde esa misma
fecha, con consentimiento fiscal,
WAGNER ha venido egresando del establecimiento carcelario en función del
régimen de Salidas Transitorias, siendo que durante ese extenso lapso
cumplió satisfactoriamente las normas de conducta que le fueron fijadas (arts.
19 y 20 de la ley 24.660).-
De hecho, adviértase que, al tiempo de oponerse a la incorporación del
interno al régimen de la Libertad Condicional , tanto los evaluadores
judiciales, administrativos, así como el Fiscal General de Coordinación, se
oponen a la libertad anticipada y simultáneamente indican que WAGNER continúe usufructuando las salidas transitorias.
El dictamen no sólo es inconsistente,
sino que también resulta contradictorio; pues si entiende que el nombrado no puede
acceder al régimen de la Libertad Condicional porque, en función de sus
antecedentes violencia sexual y de consumo de drogas y que entonces su
personalidad, constituye un riesgo para la sociedad, no se alcanza a comprender
cómo es posible que tales partes lo habiliten para continuar egresando periódicamente
del establecimiento. Se presenta, a la luz del dictamen, una situación
imposible desde la lógica, cual es la de considerar que, si egresa al medio
social en Libertad Condicional, WAGNER es peligroso, pero si lo hace en función
del régimen de Salidas Transitorias, deja de serlo. En ese orden de
ideas, y así como ya fue señalado, desde abril de 2015, momento en el que se le
otorgaran las salidas socio-familiares, y exceptuando la suspensión por una vez
ya reseñado, y valorado el causante viene egresando del establecimiento
carcelario con pleno consentimiento de la fiscalía y, en aplicación de lo
previsto en el art. 16 de la ley 24.660, ha venido interrelacionándose socialmente
con el medio libre. Durante ese lapso ha tenido suficientes oportunidades para quebrantar
la pena impuesta y para reiterar la conducta que lo ha llevado a prisión y, sin
embargo y en contrario al vaticinio del equipo interdisciplinario judicial, no
lo ha hecho. En definitiva, WAGNER se ha encontrado sometido a prueba por espacio
de más de un año y tres meses continuos y la autoridad directa de aplicación no
encontró elemento alguno que permita suponer que el presente proceso de
ejecución penal no fuera, hasta el momento, exitoso.-
No obstante lo dicho en el Punto
H) de que el pronóstico favorable se refiere al dictaminado por peritos
judiciales ajenos a la agencia penitenciaria, he de referirme acerca del
informe tanto del equipo técnico como criminológico de la Unidad Penal Nº 9,
por cuanto tampoco comparto las opiniones desfavorables vertidas en orden a
este instituto para el interno de autos, encontrando las mismas no sólo
alejadas de la finalidad que inspira la ejecución de la pena, sino sobre todo
contradictorias, por cuanto han volcado en su informe, principalmente los integrantes
del equipo técnico criminológico, la falta de adhesión de WAGNER a los espacios
educativos, o de capacitación laboral, cuando deberían haber tenido en cuenta
no sólo que pudo concluir su instrucción primaria, sino que además realizó
numerosos cursos de capacitación laboral, adhiriéndose a tal conclusión también
el Consejo Correccional. Al parecer dominando en tales evaluadores la idea
negativa de avanzar a la última etapa del régimen progresivo, requiriéndole
tratamientos terapéuticos que se le deberían haber propiciado mucho antes de
acceder a las salidas socio-familiares, y que por no ser tales terapias una
novedad dentro de la realidad carcelaria, sino más bien, aspectos tan
reiterados, los profesionales, deberían ya tener lo suficientemente organizados
tales abordajes, pues tampoco es una novedad que el sujeto rechace tal
tratamiento, ni libre ni encarcelado. El rechazo, y la dificultad en asumir la
problemática que se presenta es un aspecto “normal”, “frecuente” y casi
invariable en estas circunstancias.-
A la luz de estas
consideraciones, se puede concluir que tanto las conclusiones de los profesionales
judiciales como administrativos, deben descartarse de plano por contradictorias
e infundadas frente a la capacidad de autodisciplinarse que ha revelado WAGNER
durante su período de prueba, es decir más de un año y tres meses, de egresos
por medio de salidas transitorias, debiendo de parte de este Tribunal
garantizarse que continúe en la progresividad y paulatinidad del régimen, al no
encontrar un obstáculo objetivo y concreto para su impedimento.-
No puede soslayarse, por otra
parte, que el art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) establece que “las penas privativas de la libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”;
y que el art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
señala que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los condenados”.
Tales prerrogativas, integrantes a partir de la reforma de 1995 del denominado
“bloque constitucional”, resultan acordes con la finalidad de la ley 24.660,
cuyo art. 1° reza que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas
sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la
capacidad para comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción
social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.-
En aras de este propósito de
adaptar al interno a las exigencias de la vida en sociedad a la cual pretende
insertarlo, la ley 24.660
ha instaurado un sistema gradual de etapas, mediante el
cual el interno debe transitar distintos regímenes progresivamente más
flexibles, de acuerdo a las circunstancias personales de cada caso. Es por ello
que el art. 6 de la mencionada ley prescribe que “el régimen penitenciario se
basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en
establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución
favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones
separadas regidas por el principio de autodisciplina”.-
De este modo, el régimen
penitenciario se basa en un sistema donde el condenado, a medida que su
conducta inspire mayor confianza y resulte adecuado a su reinserción social,
podrá obtener una cantidad de beneficios en la modalidad de su cumplimiento de
pena, de modo que impliquen una atenuación gradual en el rigor de su privación de
libertad, hasta finalmente alcanzar la plenitud de la misma. En esa línea,
cabe destacar que el capítulo II de la ley 24.660, contempla la posibilidad de
conceder la
Libertad Condicional , erigiéndose así en el último estadio
que puede alcanzar el condenado que implique una flexibilización del encierro
que padece.-
Cierto es, claro está, que la
mencionada ley establece una serie de recaudos para la viabilidad del instituto
bajo estudio, que como ya los he analizado ut-supra, el interno de autos los ha cumplido
satisfactoriamente y a esta altura de su proceso insertivo, aparece a todas
luces desaconsejable desde el punto de la política penitenciaria, el rechazo a
la posibilidad de acceder al último estadio del régimen progresivo, pues ello
conspira contra los fines del Instituto en análisis, esto es que se presenta
como una variable esencial del proceso resocializador del interno durante el
período de ejecución de la pena, potenciándose en consecuencia la preparación
para la futura y definitiva vida en libertad, favoreciendo su proceso de
retorno.-
k) Que si bien el penado de autos
ha sido condenado por el delito previsto en el Art.119 del C.Penal, que según
la nueva modificación operada en el Art. 28 de la ley Nº 24.660, a partir de la
ley Nº 26.813, promulgada el 10 de enero de 2013, exige la opinión de los
profesionales especialistas previstos en el inc I) del Art.185, es de destacar
que tal cuerpo de profesionales aún no ha sido creado, donde la cuestión ya ha
sido abordada por la Sala
en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia , en los autos “GOMEZ, JUAN FRANCISCO S/ APELACION LEGAJO
DE EJECUCION DE PENAS”, por conducto de fecha 20 de julio de 2013, donde el
voto del Dr. Daniel Carubia, haciendo alusión a la inexistencia de tratamiento especializado
para ofensores sexuales por parte del Estado a través de su autoridad de aplicación,
esto es la agencia penitenciaria, sostenía que “No puede perderse de vista que
el art. 56 ter de la Ley
24660- incorporado por el art. 1º de la
Ley 26813- establece para los supuestos contemplados en la
ley de una “intervención especializada y adecuada a las necesidades del
interno, con el fin de facilitar su reinserción al medio social”, que será
llevada a cabo por el equipo especializado previsto en el inciso I del art.
185, introducido por el art. 10º de la
Ley 26813, al igual que la modificación al inc. IV y el
agregado del inc.. V del art. 17: tales disposiciones no resultan aplicables,
habida cuenta que precisamente este último inciso I, agregado al art. 185,
dispone que en los establecimientos destinados a la ejecución de las penas
privativas de libertad, se cuente, como mínimo – entre otros medios- con : “Un
equipo compuesto por profesionales especializados en la asistencia de internos
condenados por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer
párrafo, 120, 124 y 125″- se entiende, del Código Penal- y, por tanto, dado que
NO se cuenta aquí con el mismo y NO se le ha
brindado al interno la
posibilidad de usufructuar de dicho tratamiento profesional especializado, en
procura de recibir una intervención específica y adecuada a sus necesidades, con
el fin de facilitar su reinserción al medio social, no puede ello resultar un
impedimento y computarse en perjuicio de aquél, toda vez que expresamente se
instituiría para dicho fin y, por consiguiente, ese tratamiento se erige en un
presupuesto inexorable de al aplicabilidad de las demás normas restrictivas
incorporadas a al Ley 24660 por esta nueva ley de la cual en modo alguno pueden
hacerse efectivas solo sus aludidas disposiciones restringentes de derechos en
la previa implementación de aquéllas que, en la letra de la norma, tenderían a facilitar
su reinserción al medio social.-“,
Por lo demás, debo tener en
cuenta que al momento de la comisión del hecho delictivo que motivara la
condena que aquí se ejecuta, – sentencia del 22/08/12 – por ese entonces, el tratamiento
penitenciario y el proceso de resocialización al que fue sometido el condenado
de autos, se regía en función de la normativa nacional Nº 24.660 que vino a dar
respuestas concretas a la necesidad de incorporar Institutos ya recepcionados
por la penología internacional y fundamentalmente a revalorizar la dignidad de
la persona del condenado, poniendo énfasis en la progresividad como nota
distintiva de la ejecución penal.-
Así, la sistemática del Derecho Penal, demanda la vigencia de
sus principios rectores independientemente de la oportunidad en que se trazan
sus fines – imposición de condenas y ejecución -, convirtiendo la pena en perjuicio
del condenado, no pudiendo así aplicarse al caso la irretroactividad de la ley
penal, por haber sido publicada con posterioridad a la fecha de comisión del
delito, constituyéndose en una norma desfavorable al solicitante. Ello en consonancia
con el criterio sentado por nuestro Superior Tribunal de Justicia provincial,
al sostener que “la normativa legal aplicable está en sintonía con el principio
de carácter constitucional de la irretroactividad de las leyes, cuya única
excepción es la retroactividad de aquellas cuando sean más benignas. Por lo
tanto no cabe distinguir para restringir derechos adquiridos, entre las leyes
de ejecución penal o de derecho penal ejecutivo, puesto que éstas traducen
indiscutiblemente una limitación posterior que no puede quedar al margen de ese
marco de legalidad sobre el cual debe legitimarse el poder punitivo del Estado.
(VIDAL, ROQUE AMANCIO C/ LEGAJO DE EJECUCION DE PENAS s/ APELACION).-
En efecto, se ha sostenido con
razón, como se detalla posteriormente, que la ley penitenciaria vigente al
momento de la comisión del delito – tempuso comissi delicti- es la ley
aplicable para la concesión de beneficios penitenciarios, salvo los casos de retroactividad benigna.
En esta línea se orienta la doctrina mayoritaria, así para EUGENIO RAUL
ZAFFARONI, “si la ejecución penal se traduce en una limitación de derechos, no
puede quedar fuera de la legalidad, porque es la punición misma o su
manifestación mas importante. El nulla poena sine lege abarca la ley penal
ejecutiva, porque nadie puede dudar que una ley de esa naturaleza, que admite
egresos anticipados, es mas benigna que otra que no los admite, y por ende, da
lugar a un ejercicio del poder punitivo, de menor entidad, que forma parte de
la conminación que deberá ser anterior al hecho del delito y que era la única
que podía conocer el agente en ese momento, que es la esencia de la razón de
ser de la legalidad….”.-
L) Entonces de las constancias
probatorias arrimadas a esta secuencia, se resalta saludablemente el
cambio actitudinal de WAGNER, así como una positiva modalidad de resolución de
conflictos, aptitudes desarrolladas intramuros, red social íntima y/o cercana
cuya funcionalidad opera en la contención del interno, la proyección social y
laboral fuera del establecimiento, eventual identificación con modelos cuyos
ejes se centran en el respeto a las normas y adecuación a la convivencia
social, son todos elementos positivos para valorar su incorporación a una
modalidad flexible del cumplimiento de la pena, que lo proyecten definitivamente
a su medio natural. De no ser así se estaría conculcando uno de los
principios rectores de la ejecución penal como basamento constitucional, cual
es el principio de legalidad.-
Ello así, puesto que los pautas
mensuradoras antes descriptas, permiten ponderar cual ha sido la evolución
alcanzada por el causante a través de la aplicación del programa de tratamiento
de reinserción social, resultando ser esta cuestión – la evolución del
condenado, a partir de la aplicación del tratamiento – Arts.5, 6, 17, numeral
IV, 101 y 104 de la ley Nº 24.660 -, el medio utilizado por el régimen para
ponderar el carácter progresivo de la pena, para de esta manera, poder ser
incorporado desde una situación de rigidez carcelaria, hasta estadios de
libertad vigilada – como al que ahora intenta ingresar este interno, esto es la
comprobación periódica de que el penado acepta el cumplimiento de las
actividades que integran dicho tratamiento (Art.6 de la ley Nº 24.660 ),
resultando aplicable al sub-examine, lo
resuelto por la jurisprudencia nacional al sostener que “parece
ser que (…) alegremente fue incorporado fase tras fase, período tras período
hasta llegar al mas alto estadio de la progresividad. Si una vez en el período
de prueba se le dijera a (…) que aún no se encuentra en condiciones de ser incorporado
al régimen de salidas transitorias, se violentaría el Art.18 de la Constitución Nacional
Demás está decir que a (…) nadie le dijo durante su proceso de
reinserción social que el tratamiento aplicado no estaba brindando resultados
positivos, imposibilitándole de ejercer en debida forma su defensa” (Juzgado
Nacional de Ejecución Penal Nº 2, Legajo Nº3051.Rta. 19/07/01).- a lo que
deberá adicionarse que la Libertad Condicional
debe ser necesariamente conectada con una de las finalidades esenciales de la
pena privativa de la libertad: la reinserción social – Art. 1 de la ley 24.660
y 18 de Constitución Nacional; Art. 10, apart. 3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y Art. 5, apartado 6 de la Convención AmericanaLA LIBERTAD CONDICIONAL
EN EL CODIGO PENAL ARGENTINO – LEXIS NEXIS – PAG. 26).-
Dicho de otro modo, se trata de
verificar objetiva y satisfactoriamente, la posibilidad de que el interno de
marras, evolucione mediante la adquisición de herramientas que en el futuro, le
permitan sustraerse al sistema penal, es decir alejarse de su vulnerabilidad,
habiéndose advertido, tal como lo ilustran los informes de los profesionales
integrantes de los Organismos de Evaluación administrativo y judicial, una
actitud genuina de superación personal en su proceso de personalización, con
ejercicio responsable del autocontrol y autogobierno, imprescindible para la
convivencia social.-
Ya el Tribunal Constitucional Español, tiene dicho que “… el riesgo de quebrantamiento o mal uso de
permiso existe, pero como siempre existirá, y la única forma de eliminarlo es
convertir la ley en letra muerta y no dar permiso alguno, el permiso debe
concederse cuando, cumplidas las condiciones legales, no existan datos
específicos de riesgos adicionales al siempre existente o bien, aún existiendo,
puedan paliarse o disminuirse hasta límites prudentemente aceptables”.- (
Tribunal Constitucional Español, AUTO 2200/98, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE1998)
y “que al riesgo del mal uso de la
libertad durante unos días se opone el riesgo mucho mayor de hacer mal uso de
la libertad sin restricciones que va a venir en poco tiempo, si no existe una
mínima preparación para esa libertad, una suerte de entrenamiento en la propia responsabilidad.
En otras palabras, los permisos previenen a menudo, males mayores que los riesgos
inherentes a su concesión. (Tribunal Constitucional Español, AUTO 1220/97, DE
FECHA 1 DE diciembre de 1997).-
Asimismo, como lo sostiene la
doctrina mas autorizada, “es consecuencia progresiva del proceso penal que
llevó a la condena … todos sus principios y lineamientos le son aplicables, inclusive
el de presunción de inocencia, que aquí pasaría a ser el de reinserción social,
de capacidad de vínculo ( CERUTTI, Raúl- RODRIGUEZ Guillermina- “EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVALA ROCCA ,
Pág. 56/57).- En otras palabras, en
el sistema de nuestra ley debe presumirse que en principio, el condenado se
encuentra en condiciones de insertarse socialmente, que posee “capacidad de
vínculo”, salvo prueba en contrario y aquí no solo no existe prueba en
contrario, sino informes favorables, que revelan al menos, una voluntad de
cambio y desarrollo personal del causante, que descartan la presencia de riesgo
en la personalidad de WAGNER.-
Ello así, puesto que quien
sufre una privación de la libertad en un establecimiento penitenciario, se
encuentra necesariamente expuesto a la posible ruptura o disminución de sus vínculos
sociales y familiares. De manera que, el acceso al medio libre a través
de estos Instituto de soltura anticipada, bajo condiciones efectivas de
asistencia en la parte final del cumplimiento de la pena, constituye, incluso
desde el punto de vista del escenario objetivo, una posibilidad mayor para la
reconstrucción y refuerzo de esos vínculos, mitigando los efectos del encierro
y cumpliendo con el sistema progresivo consustancial al fin constitucional de
la resocialización, razón por la cual no cabe concluir que lo mas apropiado, en
este caso en particular, es que permanezca en libertad bajo el régimen de la Libertad Condicional ,
toda vez que, como lo afirma la doctrina, “….en el momento de la ejecución,
adquieren preponderancia los fines resocializadores…” ( CLAUS ROXIN,
Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973, pag.16 y 28, citado por Enrique
Bacigalupo en “Derecho Penal, Parte General, 2da edición ampliada y renovada,
Editorial Hammurabi, Bs.As.1999, pag.38 ) “…en total coincidencia con la interpretación
que se efectuara de los artículos 10, apartado 3, del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos y 5º apartado 6, de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, adscribe a un programa de readaptación social que hemos
caracterizado como mínimo, en tanto persigue, por parte del autor del delito,
el respecto de la legalidad…”(José Daniel Cesano, “Los objetivos constitucionales
de la
Ejecución Penitenciaria ”, Ed. Alveroni, Córdoba, 1.997, págs.
145/146).-
LL) Refuerzan la convicción
liberatoria, la circunstancia de que el interno de marras, aparece calificado
con Concepto MUY BUENO OCHO – elemento que sirve de base para la obtención de la
libertad Condicional –Art. 104 de la ley 24.660-, por lo que resulta
incompatible con un pronóstico de reinserción desfavorable, que convierta en
riesgoso su egreso anticipado. Ello así, puesto que en la calificación
conceptual, el Consejo Correccional debe tener en cuenta todas aquellas pautas
de valoración que surgen de los informes areales de conformidad a lo establecido
en el Art.23 de la
Resolución N º 596/01, que incluyen precisiones respecto de la
actitud del interno en cuanto al cumplimiento de las normas de conducta;
aplicación de las tareas laborales; evolución el area social y dedicación y
asistencia en tareas educativas. “En consecuencia, el concepto determina el
sentido de los informes realizados por el Consejo Correccional, por lo que un
interno que ha sido calificado de manera positiva, siempre deberá registrar un
pronóstico favorable – menor o mayor – de reinserción social”. (ANALISIS DEL REGIMEN
DE EJECUCION PENAL – AXEL LOPEZ RICARDO MACHADO, PAG. 283).-
“No debemos olvidar que los
sistemas progresivos desde Sir Crofton en adelante, recomiendan la posibilidad
de egresos limitados anticipados al medio libre a fines de “poner a prueba al penado”
y así contar con otro parámetro para evaluar su futura reinserción social,
sumado a ello que el causante cuenta con la debida contención familiar, tal como
lo ha informado el equipo interdisciplinario de este Tribunal, resulta de
valoración para el suscripto y lo posicionan favorablemente para su reintegro
anticipado. “Ante situaciones como la
presente comparto la postura de sostenida por el ex Magistrado de Vigilancia
Penitenciaria español Racionero Carmona, cuando hace referencia a las vivencias
cotidianas a las que nos enfrentamos los jueces de ejecución penal al momento
de decidir cuestiones de relevancia para el tránsito del penado por su régimen
penitenciario, sistema que se basa justamente en la convicción de que las
personas pueden cambiar y que los judicantes desempeñan su función apostando
sobre conductas futuras y por tanto, con un margen incierto de probabilidad y careciendo
de dotes proféticos que permitan prever, sin margen de error, cualquier contingencia
futura….En ese orden de ideas vale lo apuntado por Laje Anaya y Gavier cuando irónicamente
sostienen que “nadie, ni el juez tampoco, tiene el adaptómetro individual o colectivo,
por lo que las posturas administrativas e informe criminológicos deben ser evaluados
y valorados con la prudencia necesaria y dentro de las pautas propias impuestas
por nuestras propias normas locales y supranacionales. Mas allá de que nuestra
tarea jurisdiccional es valorada de acuerdo a los resultados positivos o
negativos del ejercicio de la libertad de los penados en el usufructo de sus
derechos penitenciarios que implican un retorno pausado al medio libre (semilibertad,
libertad condicional, libertad asistida entre otras ) ello no puede presentar
un obstáculo para el proceso de toma de decisión en las cuestiones sometidas a análisis,
procurando de modo profesional y motivado, arribar a una resolución que permita
lograr el justo equilibrio entre proporcionar el mayor bien posible al privado
de libertad y provoca el menor riesgo social.” Ello me lleva a reconocer
las palabras de Schall-Schreibauer, citado por el jurista español Jesús Silva
Sanchez, en su obra “El retorno de la inocuización, Vol.I, Edic.de la Universidad de
Castilla de la Mancha ,
Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca 2001, pag.710” Una sociedad que quiere mantenerse de un Derecho Penal respetuoso
con la individualidad y los derechos fundamentales de las personas, también del
delincuente, una sociedad que, por tanto, quiere conceder a todo autor la
posibilidad de la resocialización, debe también estar dispuesta necesariamente
a soportar un riesgo para la seguridad de la colectividad” ( JUZGADO DE
EJECUCION PENAL DE CATAMARCA, INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL INTERNO JULIO
ALBERTO LUCERO, 26 DE MAYO DE 2008).-
M) En este estado, y atento los
elementos reunidos en el presente, habré
de otorgar al interno de autos la libertad Condicional de conformidad a lo requerido,
con las obligaciones que Infra se verán, pues “en base al criterio amplio en
cuanto a la conveniencia de flexibilizar en lo posible la rigidez del sistema
carcelario, no se advierte razón alguna que justifique denegar el beneficio
solicitado por el interno; aparece como adecuado a su comportamiento y
evolución, lo cual surge reflejado en su legajo y, lo más importante es que la
adopción de este criterio resultará beneficioso no sólo para el favorecido con
él, sino como aliciente y estímulo para los demás internos que, con la firme
esperanza de obtener también tal beneficio, pongan todo de sí para lograrlo. No
puede perderse de vista además que éste constituye un importante instrumento
atenuador de los altísimos niveles de violencia existentes en las cárceles con crecientes
y preocupantes índices del cada día mayor hacinamiento” ( CCPA01 PA,
101 3133 I 22- 12-98, Juez CELLI S., R. S. s/ Tentativa de Violación en forma
reiterada – MAG. VOTANTES: CELLI – SOBRERO – ASCUA); es por ello que;
RESUELVO:
I- OTORGAR a partir de la fecha la LIBERTAD CONDICIONAL-
Art. 13 del Código Penal 28 de la ley Nº 24.660- al interno Sebastián José Luis
WAGNER, de los demás datos de filiación obrantes
en el presente legajo, alojado en
la Unidad Penal
Nº 9 Granja Penal ” Colonia El Potrero” de esta ciudad, hasta el agotamiento
definitivo de la pena privativa de la libertad, que opera el 16/07/2018
(Dieciséis de Julio de Dos Mil Dieciocho).-
II- IMPONER al condenado
Sebastián José Luis WAGNER , de conformidad a lo establecido en el Art. 13 del
Código Penal, las siguientes normas de conductas que deberán ser fielmente observadas
por el mismo: a) Comprometerse a residir en el domicilio sito en el Barrio
Holanda, Casa N°3, Manzana 39 A-1 de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre
Ríos; b) abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y
estupefacientes; c) desempeñar una actividad laboral o profesional de
conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los
estudios pertinentes, d) abstenerse de mantener contacto alguno con las
víctimas de los hechos por el cual cumple condena y en caso de concurrencia
ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los cien
metros; e) Realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia
sexual y adicciones, debiendo el servicio social de la Unidad Penal Nº 7,
orientar a dicho interno sobre el lugar de realización y periodicidad del
mismo, estando a cargo de WAGNER presentar la constancia de asistencia al referido
tratamiento ante el Patronato de Liberados; f)) no cometer nuevos delitos, para
lo cual deberá, presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y
Liberados, de la ciudad de Gualeguay.-
III- Librar oficio con
transcripción del presente resolutorio, a la oficina del Patronato de Liberados,
con sede en la ciudad de Paraná, para el debido control de las presentaciones
que deba efectuar el interno de autos así como sobre el cumplimiento del
tratamiento ordenado, hasta el vencimiento total de la pena que opera en fecha
16/07/2018 (Dieciséis de Julio de Dos Mil Dieciocho), conforme lo ordenado en
el punto que antecede, debiendo informar mensualmente al respecto, lo que
deberá ser adelantado vía fax a este Juzgado, en caso que se advierta por parte
del penado en cuestión, incumplimiento de alguna de las normas de conducta
impuestas.-
IV- Librar oficio al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, a fin de comunicar lo resuelto
en el presente.
V.- Labrar el acta compromisoria
de estilo respecto de las condiciones aquí ordenadas, así como íntegra lectura
del Art. 13 del Código Penal, haciéndole entrega de Testimonio de la misma al
interno de autos.-
VI.- Registrar y notificar.-
** Las negritas subrayados me pertenecen.-
Fuente:
http://www.infojudicial.com.ar
No hay comentarios. :
Publicar un comentario