SEGURIDAD ó LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA? Un cambio de paradigma.-

SEGURIDAD. Definición:

"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y, también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos". (OIT – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO).-

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.Definición:

Es la obligación de los Estados -en términos de lucha contra la delincuencia-, de garantizar la seguridad de sus vecinos con los procedimientos y políticas emanadas de sus respectivos gobiernos, Nacional, Provincial y Municipal.-

Hecha esta pequeña diferenciación, entraré en el tema que me ocupa.- 

Desde mi óptica parcial y relativa por cierto, considero que aquellos hombres y mujeres que creemos y nos proponemos interpretar a los sectores  nacionales y populares, no podemos ni debemos huir al debate profundo y meticuloso, sobre un tema que siempre ha sido bandera de reivindicación de los sectores proclives a las políticas de represión indiscriminada, (seguridad vs inseguridad).- 

Lo cierto es, que para llamar a las cosas por su nombre, la discusión debe pasar -a mi criterio- por el desarrollo de un diagnóstico adecuado y, a la vez trazar un plan de política criminal omnicomprensivo, o sea, que abarque todos los aspectos estratégicos de esta política.-

Diagnóstico

Estoy convencido que no debemos caer en el error de creer -como algunos sostienen-, que la pobreza es causa natural de la acción delincuencial. Pero no por eso, se debe dejar de ponderar que la situación de extrema indigencia en que han caído innumerables familias, principalmente desde el año 1976 hasta entrado el año 2003 no tiene parangón con etapa alguna en nuestra historia. Que todo ello ha contribuido a que muchos conciudadanos se hayan visto obligados a convivir en y con cierta marginalidad estructural, a lo que se le debe sumar la influencia negativa que se incorpora mediante el consumo –cada vez más generalizado- de estupefacientes.-

No se debe soslayar, que la delincuencia en definitiva y en todos los grados, la encontramos en absolutamente todos los grupos y estamentos sociales, o sea, que la acción delincuencial no resulta privativa del sector social empobrecido, sino, que al llamado delincuente, lo vamos a ubicar con diferentes tipos de capacidad operativa u objetivos en todos los estratos sociales. Ahora bien, resulta incontrovertible, que existe en nuestra sociedad una verdadera discriminación e iniquidad para con el trato y con los llamados tratamientos resocializantes y de reinserción social que se les dispensa a aquellos detenidos de condición socio-económica pobre.-

  

Además, si de violencia institucional se trata, nadie puede obviar las pésimas condiciones de vida de los sujetos privados de libertad. Según informes del CIDH., la Red de Jueces Penales Bonaerense, y el CELS, entre otros tantos organismos especializados en la materia, la Provincia de Buenos Aires padece la situación más grave, todo ello, debido a las medidas del actual gobierno provincial que hace un ejercicio abusivo de la prisión preventiva.-

Cabe destacar que, el 77% de la población carcelaria está detenida sin haber sido condenada y a la espera de una resolución judicial. Traducido en números, significa que 28 mil personas se encuentran encarceladas pero en un limbo jurídico. Según una estadística que el propio Gobierno Provincial suministró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30% de estos casos serán declarados inocentes. Es decir, existen 8.400 personas que habrán soportado las condiciones infames del sistema carcelario argentino, que no habrán sido encontradas culpables por la comisión de delito alguno.-

La agenda legislativa actual en materia de seguridad, tanto en Nación como en las Provincias, ha demostrado posturas basadas en la “demagogia punitiva” reclamando mano dura como estandarte. Pero también existen en buena hora, algunas búsquedas alternativas, donde priman los derechos humanos, -los cuales son para todos- no como dicen sectores interesados –solo-  para los delincuentes.-

En este sentido, personalmente suscribo la línea con el denominado acuerdo para una seguridad democrática (ASD) creado en 2009, el cual es resultado de una iniciativa multipartidaria y multisectorial que cuenta con la adhesión de numerosos legisladores y organizaciones civiles de todo el país. Tal es así, que aquellos adherentes, acordaron la construcción de una política de Estado que dé respuestas concretas sin acudir a las medidas facilistas de mano dura.-

Uno de los primeros proyectos planteados tiene que ver con la creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, ello en cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004 y que resultara plasmado en la Ley 26.827 promulgada el 7 de enero de 2013.-

El objetivo de ese sistema es, la realización de visitas a todos los lugares de encierro para un control sistemático de su situación. Ahora la pregunta que me hago es, alcanza con la promulgación de la Ley? Evidentemente no es suficiente, habrá que lograr poner en práctica lo indicado, haciendo todo lo necesario para que los funcionarios –Judiciales, Penitenciarios, etc.- primero la implementen adecuadamente y luego, si resulta necesario hacer cambios habrá que hacerlos perentoriamente.-

El tema de las Policías; Cómo controlar a las Policías?

Hace aproximadamente tres años, en ocasión de una conferencia que me tocó brindar respecto de esta materia en la localidad de Hurlingham, entre otras cuestiones dije textualmente “…Creo que el análisis sobre las fuerzas policiales es desde hace largo tiempo y para ciertos sectores, un objeto opaco, desconocido o peligroso, que era mejor dejarlo a la distancia. Tal vez esto contribuyó a que asuntos ligados a la policía, la seguridad o la defensa fueran convirtiéndose en campos de análisis monopolizados por algunos e impensables para otros…”.-

A la luz de los acontecimientos de reciente ocurrencia, creo que esto se está revirtiendo, y me parece importante, pues significa que para ciertos sectores políticos la policía se ha convertido en un objeto más que peligroso, la realidad ha demostrado que estas fuerzas deben ser objeto de investigación profunda y políticamente necesario, caso contrario, tal como lo viene planteando el Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Raúl E. Zaffaroni, estos sectores armados por el Estado para la protección de la vida y bienes de los ciudadanos, se están convirtiendo en objetos desestabilizadores del sistema democrático.-

A lo expresado hay que agregarle las cifras de la represión policial, que dejan a la vista la falta de control de las fuerzas de seguridad, como si desde la política no se pudiera -o no se quisiera- intervenir en estos reductos. Para los que adherimos al (ASD), el control civil resulta no solo una alternativa viable –sino que deviene obligatoria- para no delegar toda la persecución del delito en las fuerzas policiales.-

Estamos en línea con lo que plantea el programa “Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana” del CELS, ello se explica de la siguiente manera: “La violencia institucional se controla con un gobierno civil de la seguridad. Desde las experiencias de gestión concretas -como el caso de León Arslanián en Buenos Aires-, se puede realizar un monitoreo de la policía mediante instrumentos administrativos y burocráticos”. Una de las propuestas concretas es delegar el servicio del 911 a civiles. “Como si fuera un call-center que lleve estadísticas de las denuncias; eso permite construir un mapa de lo que está pasando en cada distrito”.-

Cambio de paradigmas

Creo al igual que el (ASD) en la desmilitarización de las fuerzas de seguridad. Todo el paradigma del enfrentamiento y de la guerra que encuadra en la forma del ejercicio violento, está contemplado en la formación policial. En cambio, se pueden establecer gestiones de policías más profesionalizadas, menos armadas, que estén construidas con una idea más democrática, de intervención pacífica en los conflictos, de formas de regulación del espacio público sin armas.-

Para ello entre otras modificaciones, se debería reestructurar la Ley Orgánica y/o el Manual de procedimientos de las fuerzas de seguridad, en el caso particular de la Policía Bonaerense, esa ley está constituida con la lógica de una fuerza militar, y fue concebida y/o actualizada durante el Proceso, merced al Jefe de la época, el celebre Ramón Camps.-

Tanto “la Bonaerense” como el resto de las fuerzas de seguridad, se merecen una profunda reforma, que se avance sobre la idea de la profesionalización, que se estructure de una forma de organización del trabajo del rendimiento y la eficiencia, pero sin descuidar la protección de los derechos de todos los habitantes.-

En sintonía con el párrafo precedente, no se debe obviar el mejoramiento y la dignificación salarial, horaria, personal, profesional, cultural y operativa de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad. Ello obliga al Estado, a lograr creatividad e integrar, promover y profundizar la buena relación y el reconocimiento de la sociedad toda, para con una fuerza armada civil de seguridad que proteja, prevenga y asista a sus congéneres, y no para la coima, los negocios turbios, la gestión del delito y la represión popular.-

La compleja discusión sobre las fuerzas de seguridad está planteada. Si tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos  Provinciales se pueden jactar de mantener al pie de la letra su compromiso de no reprimir ningún tipo de manifestación social, no pueden decir lo mismo aún, por los excesos de las fuerzas de seguridad. Estoy fuertemente convencido, que estas cuestiones “crecerán desde el pie”, como dice el tema de Alfredo Zitarrosa.-

La Policía comunal

Si bien en términos generales puedo compartir lo solicitado por algunos Intendente Municipales de la Provincia, Creo que debemos ser cautos en cuanto al tema de la conducción de esa fuerza aparentemente local. Cuando planteo cierto cuidado, lo hago imbuido del conocimiento de la ocurrencia de hechos por lo menos sospechosos en tanto relación política y policial locales con algunas acciones y/u omisiones y/o falta de reflejo llamativo de algunos alcaldes, ante hechos delictivos ocurridos en nuestros municipios.-

Estoy convencido que se debe ser prolijos y puntillosos en la incorporación del personal que conformará esa hipotética fuerza de seguridad local. Se debe analizar profundamente cómo y de dónde saldrán los aportes económicos y financieros que deben sustentar y sostener en el tiempo a esa fuerza, habrá que prevenir e impedir, que surjan nuevas cajas o quioscos al amparo de esta nueva estructura. En fin, hay que ser consciente que las fuerzas policiales provinciales no están a la altura de la circunstancias que la época requiere, pero no por ello, se debe dar un salto al vacío, provocado por el canto de sirenas de aquellos interesados que siempre están dispuestos a privatizar todo, entre ello, nada menos que nuestra tranquilidad ciudadana.-