Proceso de amparo. Necesidad urgente de un criterio judicial uniforme en el cómputo del plazo del recurso de apelación.

La ley 16.986 o mayormente conocida como “ley de amparo” establece en su artículo 15: “Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido” (lo subrayado y destacado me pertenece).

 

Si bien a primera vista la norma se vislumbra clara, lo cierto es que, en la práctica, existen diferentes criterios jurisprudenciales en lo que respecta al cómputo del plazo del recurso de apelación -tanto con relación al inicio del cómputo como al vencimiento del plazo- los que merecen ser unificados con urgencia. Veamos.

 

En principio, el cómputo de este plazo se realiza “de hora a hora”, desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, venciendo, por ende, a las 48 horas contadas desde que esto sucede.

 

Ahora bien, existen diferentes interpretaciones en lo que respecta a cuándo se deben comenzar a computar las 48 horas de plazo.

 

En efecto, el art. 6 del CCyCN establece que: “En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”.

 

En este marco, la jurisprudencia mayoritaria entiende que el cómputo del plazo comienza desde el momento mismo de la notificación, como señala el propio artículo 15 de la ley de amparo.

 

Esta postura encuentra fundamento en lo dispuesto en la parte final del Art. 6 del CCYCN (“…Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo…”), considerando, por ende, que en la materia resulta aplicable lo dispuesto expresamente por la ley especial.

 

Para una mejor comprensión, supondremos un proceso de amparo en el que recibimos una notificación el día lunes, a las 10:10 hs. En ese caso, para la primera postura el cómputo del plazo comenzaría a las 10.10 hs.

 

Por el contrario, algunos Jueces consideran que el cómputo del plazo empieza desde la hora siguiente al de la notificación, fundándose en lo establecido expresamente en la primera parte del mencionado Art. 6 del CCyCN.

 

Los que participan de esta postura, a su vez, se diferencian respecto a cómo debe interpretarse la “exclusión” de la hora del momento de notificación.

 

En tal sentido, hay quienes entienden que el plazo comienza 60 minutos después del momento de la notificación, fundándose en que el artículo establece que debe “excluirse” la hora de recibida la notificación (en el ejemplo dado, considerarían que el plazo comienza a computarse el lunes a las 11:10 hs.).

 

Por otra parte, hay quienes plantean que cuando la norma excluye la “hora determinada” el inicio del cómputo debe comenzar a la hora siguiente, entendiendo a la «hora» como unidad del sistema sexagesimal. Para esta postura, entonces, deben excluirse los minutos restantes para finalizar la hora de la notificación, y el plazo debe comenzar a computarse a la hora siguiente (en el ejemplo dado, debería excluirse la hora 10 -que transcurre desde las 10.00 hasta las 10:59 inclusive-, comenzando entonces el cómputo del plazo el mismo lunes a las 11 hs.). [1]

 

Hasta aquí analizamos las diferentes interpretaciones en lo que respecta al inicio del cómputo del plazo, pero como señalamos al principio del artículo, también existen diversas posturas respecto del momento del vencimiento del mismo. Veamos.

 

Supongamos, en un segundo ejemplo, que en el marco de un proceso de amparo una parte fue notificada de la sentencia definitiva un día miércoles a las 17.45 hs.

 

Si efectuamos una interpretación literal del artículo, concluiríamos que podemos presentar el recurso de apelación hasta el día viernes a las 17.45 hs (es decir, hasta concluidas las 48 horas contadas desde el mismo momento de la notificación).

 

Esta es la postura asumida por parte de la jurisprudencia, y encuentra su fundamento en que: “…el plazo fijado en horas en la ley 16.986 comienza a correr desde el momento mismo en el cual se practica la notificación y a partir de ese instante corre en forma ininterrumpida salvo que en el ínterin medie un día inhábil –cosa que no ocurre en la especie-, en cuyo caso corresponde descontar las horas correspondientes a ese día (…) Es decir, se cuenta hora a hora o en forma continua (…) Teniendo en cuenta estos parámetros, siendo que la notificación de la sentencia de primera instancia a la obra social fue realizada el miércoles 19/04/23 a las 16:28 horas, el recurso de apelación interpuesto por aquella el 24/04/23 a las 8:46 horas excedió el plazo que acuerda la norma aplicable (art. 15 de la ley 16.986), ya que el vencimiento se produjo el día viernes 21/04/23 a las 16:28 horas”[2] .

 

Según esta postura, el plazo de gracia previsto por el Art. 124 del CPCCN no resulta aplicable.

 

Considero que esta tesitura entra en colisión, por un lado, con lo dispuesto por el Art. 152 del CPCCN y, por el otro, con lo dispuesto por la CSJN en la “Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación”.

 

En efecto, el Art. 152 del CPCCN reglamenta lo atinente a los “días y horas hábiles” y, al respecto, establece que “Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad (…) Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema para el funcionamiento de los tribunales…”.

 

En el mismo sentido, la Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación- de la CSJN establece que “…Las presentaciones que las partes u otros sujetos procesales realicen fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, establecido en cada jurisdicción, se tendrán por presentadas en la primera hora del día hábil posterior…”.

 

En tal contexto, estimo que, a partir de lo establecido por las normas citadas, la postura en análisis yerra en su interpretación sobre el cómputo del plazo. En el ejemplo dado, para la postura en análisis, tendríamos tiempo para interponer el recurso hasta el viernes 17.45 hs, pero la realidad es que por aplicación del art. 152 CPCCN y de la Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación- de la CSJN, resulta totalmente indiferente si el recurso lo presentáramos a las 13.31 hs o a las 20.00 hs del mismo día, toda vez que pasado el horario de tribunales, deberá considerarse como interpuesto en la primera hora del día hábil siguiente.

 

Es por ello que entiendo que se debiera aceptar en este supuesto el plazo de dos primeras del día siguiente hábil.

 

Justamente esta es otra postura jurisprudencial en lo que respecta al vencimiento del plazo, que considera que resulta aplicable el plazo de gracia.

 

Para esta tesitura, si una parte quedó notificada un miércoles a las 17:45, el plazo vencería el día viernes a las 17:45 hs., pero al no estar comprendida la hora del vencimiento dentro del horario de funcionamiento de los Tribunales, resulta aplicable el plazo de gracia y, por ello, el plazo vence en "las dos primeras horas" del lunes.

 

“… El cómputo del plazo se realiza de hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación operando su vencimiento cuando termina el plazo fijado. Ahora bien, si el vencimiento se produce en horario inhábil, atento no poder realizar un acto procesal eficaz, deberá concederse el plazo de gracia del art. 124 CPCCN que dispone “El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las DOS (2) primeras horas del despacho.” [3]

 

Al respecto considero que, a partir de la implementación del expediente digital, habría que plantearse si esta postura no ha quedado desajustada de la realidad y, en tal sentido, si no merece ser modificada. Sin perjuicio de ello, la modificación del criterio encontraría como expuse en párrafos anteriores, obstáculo en lo dispuesto por la CSJN en la Acordada 31/20 Anexo II y en el art. 152 CPCCN. 

 

Por último, como si lo expuesto fuera poco, existe otro criterio jurisprudencial que considera que el cómputo del plazo de 48 horas para apelar en el proceso de amparo, establecido en el art. 15 de la ley 16.986, debe computarse en forma continua, sin excluir los días inhábiles que existieron durante su transcurso.[4]

 

Según esta interpretación, en caso de que el plazo venza en día inhábil la parte cuenta con el plazo de gracia previsto en el art. 124 CPCN para interponer el recurso. Por ejemplo, si la notificación se produjera un viernes a las 08.55 hs el plazo vencería el domingo a la misma hora, pero habiendo caído el vencimiento en día inhábil, la parte gozaría de las dos primeras horas del primer día hábil siguiente para interponer el recurso. 

 

Así se ha dicho que “…el cómputo del plazo se realiza de hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, operando su vencimiento cuando termina el plazo fijado. Ahora bien, …si el vencimiento se produce en horario inhábil, atento no poder realizar un acto procesal eficaz, deberá concederse el plazo de gracia del art. 124 del CPCCN que dispone…”[5].

 

Esta postura encuentra fundamento en la primera parte del Art. 6 del CCYCN en cuanto establece: “Modo de contar los intervalos del derecho: El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente…” (lo subrayado y remarcado me pertenece).

 

Cabe destacar que esta última interpretación fue desechada por el Máximo Tribunal por entender que “frente a la solución legal establecida y ante la ausencia de una previsión expresa en la ley de amparo que regule la forma de cómputo de los plazos allí dispuestos, el a quo debió recurrir a lo establecido en los arts. 152 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que expresamente excluyen del cálculo de los términos procesales a los días inhábiles”[6].

 

Ahora bien, sin perjuicio de la postura de la CSJN, algunos Jueces continúan interpretando la norma de esta manera.

 

A partir de todo lo expuesto podemos decir que, en la realidad, la disparidad de criterios existentes acerca de la interpretación de un tema tan importante como es el cómputo del plazo para interponer un recurso de apelación en un proceso de amparo, afecta notablemente el derecho de defensa y de debido proceso de los litigantes, razón por la cual la cuestión exige, de manera urgente, la unificación de los distintos criterios jurisprudenciales.

 

En razón de lo expuesto anhelo por una unificación de criterios por parte de los magistrados.

 

[1]  https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/08/25/el-computo-de-los-plazos-en-horas-en-el-codigo-civil-y-comercial-dudas-interpretativas/

[2] Expediente FLP 13605/2022/1/RH1 “Recurso de Queja Nº 1-Quintana, Sandra Mariel Rosario c/Obra Social Unión Personal Civil de la Nación –Accord Salud- s/ prestaciones médicas”; CAMARA FEDERAL DE LA PLATA, SALA III (21/09/23).

[3] Cam. Fed. De Apel. De Córdoba Secretaria Civil II – Sala B “Fideicomiso el Amanecer c/ Afip s/ amparo” Expte. N° FCB 18160/2015, 02-11-2015

[4] CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B Autos: “ALPACOR ASOCIADOS SRL c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986” FCB 013010004/2013 . 03/08/2016.

[5] CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B Autos: “ALPACOR ASOCIADOS SRL c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986” FCB 013010004/2013 . 03/08/2016.

[6] 03/12/2019 CSJN FCB 013010004/2013/CS001Fallos: 342:2125 Alpacor Asociados SRL c/ AFIP s/ amparo ley 16.986

Fuente: Abogados.com

FALLO LABORAL: INDEXACIÓN DEL CAPITAL MÁS INTERESES, (7) CLAVES PARA ACTUALIZAR INDEMNIZACIONES

 - AGOSTO 2023 - 

La Sala I de la Cámara del Trabajo cordobesa optó por una solución distinta a la posición de la CNAT porteña en cuanto a las actualizaciones por indemnización, aquí los jueces de la provincia mediterránea habilitaron la indexación por CER

Fallo "Gómez, Aurelia de Lourdes vs. Mix Frut S.R.L. s. Despido", la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba

Es de conocimiento público que a algunos jueces laborales les preocupa que la duración de los juicios perjudique a los trabajadores, quienes en razón de las tardanzas ven perder valor de sus indemnizaciones frente a la inflación.

Así, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional la prohibición de indexar vigente desde los años 90.

La medida se traduce en la actualización del capital de la indemnización fijada por la sentencia judicial mediante CER y, la aplicación de intereses sobre la suma resultante.

Esta solución discrepa sustancialmente de la adoptada recientemente por la Cámara del Trabajo porteña, que estableció en un acuerdo plenario la capitalización de interes. Es más, para los camaristas cordobeses, "el sistema de los intereses para la actualización de créditos laborales fracasó"

Qué dice el fallo sobre indexación de indemnizaciones laborales

En el fallo en comentario, la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordena realizar un ajuste sobre el crédito laboral nominal utilizando los indicadores de la evolución de precios al consumidor -por ejemplo, el índice CER-, para obtener el "valor actual" del crédito.

Sobre ese "valor actual" que consiste en la indemnización liquidada por los jueces indexada por inflación, la Cámara del Trabajo cordobesa manda calcular intereses.

El tribunal cordobés justifica esa decisión en los siguientes argumentos:

ü  La Ley de Convertibilidad fue dictada en una realidad económica de estabilidad de precios y de inflación bajísima, absolutamente diferente dé la actual.

ü  La mecánica de recurrir a los intereses como forma de recomposición del crédito ha fracasado. Por lo tanto, el fallo concluye que una solución justa es actualizar el crédito y, luego, adicionar los intereses, pero sobre el crédito actualizado. Esto es una solución distinta de la que adoptó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que eligió la capitalización anual de intereses.

El fallo de la Cámara del Trabajo sobre indexación, punto por punto

La sentencia de la Sala I de la Cámara cordobesa sostiene los siguientes conceptos claves:

§  La actualización del crédito laboral debe ser abordada bajo el imperio de las garantías presentes en la Constitución nacional, por sobre una ley dictada en una realidad económica absolutamente diferente de la actual.

§  El fracaso de la veda indexatoria, al considerar corresponsable de la inflación a la actualización monetaria de las deudas, está a la vista: mientras la inflación se ha mantenido e incrementado, no hay actualización sólo para los acreedores judiciales, ya que el mundo comercial se maneja con otros parámetros. Por ejemplo, en los contratos comerciales se utilizan como criterio de actualización el incremento de precios, cotizaciones en dólares u otra moneda extranjera, intereses capitalizables, precios en unidades de cosas o medidas, actualización monetaria expresa de alquileres y productos financieros, entre otros.

§  La mecánica de recurrir a la figura de los intereses como forma de recomposición, ha fracasado. Corresponde declarar inconstitucional la prohibición de indexar los contratos y créditos judiciales.

§  En el caso en análisis, el daño no requiere ser demostrado por cuanto surge notorio de los propios hechos y está dado objetivamente por la pérdida del valor adquisitivo del crédito a causa de la mora del deudor, el cual debe ser cubierto a través de un mecanismo indexatorio.

§  Esa pérdida del valor se debe compensar utilizando los indicadores de evolución de precios al consumidor, en tanto refleja justamente la pérdida del poder adquisitivo del dinero en términos promedios.

§  La actualización a través del coeficiente CER, elaborado precisamente en función del indicador antes señalado puede consultarse en el sitio web del Poder Judicial.

§  Dado que la liquidación que se formule representará un "valor actual" del crédito, corresponde adicionar intereses puros, pero en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta aplicable al caso.

§  Dada la finalidad punitiva de la norma, esos intereses sobre capital actualizado serán de 15% anual sobre capital actualizado, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, concluye la sentencia.

*Fuente: iprofesional.com

LOS ROBOTS NO PUEDEN SER ABOGADOS/AS

Hace ya algunos años que se especula con la llegada de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas y en cómo afectaría a la sociedad? Pero HOY, esta esperada tecnología ya está entre nosotros y ahora nos toca adaptarnos a ella lo antes posible. Rápidamente pero con inteligencia humana..!

 

La Inteligencia Artificial tiene la capacidad de cruzar y evaluar datos y tomar a partir de allí, decisiones en función de los parámetros con los que haya sido configurada, esta “herramienta” permite automatizar infinidad de procesos y avanzar de forma mucho más ágil a las empresas y personas humanas, ¿pero qué ocurre de ahora en más con la Inteligencia Artificial en el Derecho?

 

A mi criterio se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, pero también una nueva serie de problemáticas que debemos saber abordar desde la óptica apropiada. Para ello se hace necesario aprender nuevos conceptos jurídicos y nuevas formas de actuar acordes con esta nueva realidad tecnológica y legislar en consecuencia.

 

Al igual que ha ocurrido con otros muchos tipos de tecnologías, la IA llegó a nuestra realidad mucho antes de que existiese un marco legislativo en el que poder encajarla. Esto ha hecho que muchas instituciones que han empezado a utilizarla en su provecho, tanto públicas como privadas, no sepan a ciencia cierta dónde están los límites de esta provechosa herramienta, o qué cosas se pueden hacer y qué otras no con ella.

 

Por otro lado, nos hallamos ante la posibilidad del surgimiento de diversos problemas éticos, ya que no dejamos de hablar de una compleja estructura tecnológica con capacidad de tomar decisiones que influirán sobre las vidas de las personas.

 

Una responsabilidad así no puede –ni debe- dejarse únicamente en manos de la citada tecnología, y menos aún en las de quienes la programan. De ahí la importancia de generar recursos de Inteligencia Artificial en el Derecho.

 

La importancia de imponer límites justos para todos y de poder defender o condenar a los responsables finales de actos y hechos que no pueden quedar únicamente a expensas de lo que decida un aparato programado, por muy avanzado que este sea.

 

Pensemos por ejemplo ¿Cómo determinar quién es el responsable de un accidente protagonizado por un vehículo autónomo que ha tomado una decisión desacertada y ha provocado un siniestro? ¿Quién y cómo determinar las responsabilidades de un sistema de riego que no ha detectado con corrección las necesidades de agua de un terreno y ha terminado anegándolo o no aplicó el riego correspondiente?

 

Existen muchos tipos de casuísticas que pueden darse con la aplicación de la Inteligencia Artificial, algunos incluso difícilmente imaginables a día de hoy. De ahí la necesidad no solo de saber cómo reaccionar desde el Derecho, sino también de saber cómo anticiparse.

 

La principal razón por la que la tecnología (IA) no puede reemplazar a los abogados/as es, que la  práctica de la abogacía requiere de un conjunto complejo de interacciones entre los seres humanos.

 

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático aún no pueden imitar estas interacciones de persona a persona y si bien la tecnología puede automatizar muchas tareas que realizan los abogados, no automatizará a los profesionales abogados.

 

Si bien la tecnología ha afectado las interacciones de los abogados de manera que permiten cierta automatización de algunas de estas tareas, lo cierto es que  la gran mayoría de las interacciones personales de los abogados/as siguen requiriendo espontaneidad, comunicación no estructurada e inteligencia emocional.

 

Inteligencia emocional, pensamiento lateral, comunicación no estructurada y análisis socio-filosófico cultural que la (IA) no puede aún suplir, aunque muchos profesionales con los que interactúo ya se predisponen para una derrota antes de presentar batalla.

 

Para todos y todas digo, la única pelea que se pierde es aquella que no se da.  

 

 

Documental: Fentanilo La Droga Zombi Español Latino HD

https://youtu.be/7K3mdRSbMp8 - El Canal Aleman DW, nos trae este excelente documental sobre los estragos de la droga fentanilo en la sociedad norteamericana. 

EL DESPIDO COMO REPRESALIA - Testigos en sede laboral.

 

Sabido es, que la prueba testimonial posee una importancia fundamental y ocasionalmente, resulta decisiva para algunos –la mayoría- de los procesos laborales a fin de desentrañar la verdad real de la disputa que ha sido traída a juicio.

Es en esa inteligencia, que frecuentemente la declaración de testigos efectuada de manera sincera, resulte vital para la dilucidación del caso en el proceso laboral y, no resulta menos cierto que en muchas ocasiones tal declaración, genera consecuencias contrarias a los intereses del empleador demandado, siendo esto, un elemento generador de situaciones de conflictos entre el empleador y su empleado/a testimoniante en el proceso.

La situación apuntada es la que genera una situación al menos incómoda –cuando no- apremiante desde el punto objetivo para con el trabajador testigo. Es importante aclarar que en la Argentina no existe un marco protectorio para que el testigo que declara en juicio laboral tenga una debida protección en materia laboral con la finalidad evitar o resarcir los efectos negativos que se pudieran generar como situación devenida por su participación en un conflicto legal.

Ello así porque cabe recordar que el real o potencial conflicto de intereses con el empleador del declarante, puede manifestarse con actitudes hostiles de distinto tipo e incluso que el testigo empleado del demandado pueda ser injustamente sancionado con el despido, sea éste, sin causa o bien encubriendo la misma con una expresión ficticia con la que se encubra la real voluntad de represalia o revancha del principal.

La posibilidad de que este tipo de conductas del empleador efectivamente ocurran o bien puedan potencialmente ocurrir, constituye el fundamento central para establecer algún tipo de protección adicional para el dependiente que declare en juicio laboral y así, brindar una mayor garantía para la efectiva realización de protección a determinados bienes jurídicos, tanto respecto del propio trabajador como de la administración de justicia laboral.

En efecto, parece del orden natural de las cosas que si el testigo concurre a los Tribunales del Trabajo habiendo sido objeto de alguna insinuación, presión o si media algún antecedente en la empresa de que otro trabajador declarante ha sido objeto de presiones o sanciones de algún tipo, ello bien puede influir en el ánimo del mismo de modo que su declaración no tenga la suficiente amplitud, veracidad o sinceridad si es que con la misma habría de perjudicar los intereses del empleador y con ello ver concretada  la  conducta  disvaliosa  que  éste  de algún modo hubiera insinuado o anticipado.

En situaciones como las descriptas, se estaría configurando un perjuicio que podría caracterizarse como de tipo psicológico o moral por el dilema en que se colocaría el testigo ante la presión del empleador o sus cuadros conductivos, el compromiso con la verdad emergente no sólo de la lealtad que se suele cultivar entre compañeros de trabajo, sino también el cumplimiento de la obligación legal de no faltar a aquélla ya sea no tergiversando los hechos y, sobre todo, no siendo reticente en los detalles que pueden resultar de singular relevancia en el pleito.

Ante tal situación no sólo se produce el perjuicio concreto a la persona del testigo trabajador, sino también se proyectan obstáculos hacia la administración de justicia laboral y a los eventuales derechos del reclamante en juicio.

Esto, porque si bien es cierto que la búsqueda de la verdad material no está ausente como objetivo de toda contienda judicial, no es menos cierto que dicha finalidad está especialmente presente en el proceso laboral.

Ello así porque -como fue dicho al comienzo- esa búsqueda de la verdad material como objetivo del proceso laboral permite que se concrete la efectiva aplicación de uno de los principios de derecho sustancial como es el de primacía de la realidad que es factible si a la autoridad judicial llega al conocimiento de los verdaderos hechos sobre cuya base se ha de aplicar el derecho sustantivo.

Ahora bien, hasta aquí el tema ha sido abordado desde la perspectiva de facilitar la aplicación del derecho del trabajo, pero también la protección en tratamiento debe tener su proyección a la persona del testigo trabajador.

En efecto, al establecer algún tipo de protección adicional para el empleado/a declarante se contribuiría a brindar a éste, una suerte de mayor tranquilidad de espíritu y la consiguiente disposición para brindar una amplia colaboración con la autoridad judicial al momento de prestar su declaración y si por esto fuera objeto de despido, que la indemnización por éste motivo se agrave patrimonialmente.

Ello así porque dicha protección traería como correlato una suerte de obstáculo para que el empleador se vea tentado de utilizar al despido como represalia, situación ésta que operaría de similar modo que otras indemnizaciones por el efecto pecuniario sobre el principal, con el consecuente freno que esto representa para la actitud rupturista que no tiene sustento en una causa justificada.

Debo destacar que lo antes dicho tiene su inspiración en un proyecto de ley (2011) del Diputado nacional doctor Héctor Recalde en el que se propiciaba establecer legislativamente la protección especial en tratamiento. Cierto es, que tal proyecto no prosperó debido al fuerte –lobby empresario- y algún desinterés del cuerpo legislativo permeable a ese lobby.

El trabajador/a testigo NO DEBE DESALENTARSE y continuar prestando declaración en los juicios cumpliendo con la ley y, con sus compañeros que, en muchas ocasiones –más de las que se conocen- resultan violentados en sus derechos por empleadores abusivos.

Fuentes: Héctor Recalde - Miguel Omar Pérez

DONDE HAY UNA NECESIDAD, NACE UN DERECHO..!

 Ampliación de las moratorias previsionales.

Una medida política necesaria.

Conclusiones

·  El esquema actual para acceder a la moratoria previsional, que tiene vigencia desde 2014 finaliza el 23 de julio próximo. El Presidente Alberto Fernández anunció su prórroga, tomando la “decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”. Actualmente en el Congreso de la Nación hay un proyecto que cuenta con media sanción para ampliar la moratoria previsional.

·  Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.

·  Sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

·  Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio.

·  En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

·  El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.

·  A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde sólo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

·  Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

·  En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a  las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

·  Es posible constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 a tercer trimestre 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%, en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%. En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.

·  La moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales o desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.

·  ¿Las moratorias quiebran el sistema previsional? Los números no acompañan esta tesis. Del análisis de los datos históricos se pudo concluir que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones. Esto se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema. Es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios.

·  Esto se contrapone a lo sucedido con posterioridad. Entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores/as activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema.

·  La decisión del Presidente Alberto Fernández, y la eventual aprobación del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso, lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación. De esta manera se procura que, por un lado, aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio. Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI. 

Fuente: C.E.P.A.

GESTION DEL DELITO. AGENCIA POLICIAL MEXICANA. COMPLICIDAD JUDICIAL.

https://youtu.be/jw901iRgSh4