MODERNIZACION LABORAL o NUEVAS FORMAS DE ESCLAVIZACION?

PIRAMIDE LEGISLATIVA

Art. 14 bis CN., Tratados internacionales incorporados mediante el Art. 75 inc. 12 CN.

Los dos principios constitucionales que se vulneran en materia laboral:

1.- “el principio protectorio del derecho del trabajo, eso significa que hay que se debe defender al trabajador que es la parte más débil en la relación ‘trabajador-empresario”; y

2.- “el principio de no regresividad de los derechos sociales" ya que a partir de este se puede subir el nivel de derechos pero nunca bajarlos.

El futuro inmediato:

ALTERNATIVAS – Cuestión de tiempos procesales ETERNOS

a-  Amparo colectivo en la Justicia Nacional del Trabajo; que pueden impulsar la (CGT-CTA) lo veo -en lo inmediato- de viabilidad imposible.

b- Amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativo; que pueden impulsar la (CGT-CTA) lo veo -en lo inmediato- de viabilidad imposible.

En ambos casos, en la reforma laboral se establece el traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires (180 días) y con ello la paulatina disolución de ese fuero, que, no suele fallar de acuerdo a los intereses del empresariado y el gobierno nacional. 

Como cuestión negativa, hay que tener en cuenta una reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Levinas el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la Corte porteña que responde a Mauricio Macri. Recién después de que se expida el TSJ interviene la Corte Suprema. CSJN que tiene cajoneado el capítulo laboral del DNU 70/2023 hace dos años.

Así lo explica el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “va a resultar muy difícil derribar esta legislación en la Justicia si, en el tercer poder del Estado siguen blindando al gobierno nacional"

¿Cuál sería la trampa del establishment para contener la andanada de presentaciones que se realizarán? Que los jueces, siguiendo los gestos de la Corte Suprema, actúen como lo hicieron con el decreto 70/2023, esto es, que lleven la discusión judicial al “caso por caso” y desconozcan una legitimación colectiva amplia de los litigantes. Sería una forma para bloquear planteos del estilo que preparan la CGT y las CTA.

Las presentaciones contra la reforma laboral se van a hacer en las justicias provinciales donde se genere una relación de contrato de trabajo porque esto es derecho común. Se podrá impugnar cuando se empiece a aplicar la nueva legislación en casos concretos. Los planteos que se hagan van a ser individuales, en casos concretos en que se demuestre una afectación de un particular. Y no será únicamente en la justicia nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Habrá que sortear la primera instancia, una segunda, una corte provincial y recién después la intervención de la Corte nacional.Cuánto tiempo demandará este proceso?

El camino para que llegue al máximo tribunal del país será un camino muy largo y llevará mucho tiempo. Para el caso que logre llegar, será puntual de un caso y favorecerá a quien haya iniciado ese proceso judicial pero no al resto. Por eso es tan grave cuando hay una reforma de leyes que es regresiva porque genera una regresión estructural general que después podrá tener enmiendas parciales en casos particulares pero en su estructura se va a mantener.

MAB.

ESPAÑA 20/01/2025 - LABORAL - DESPIDO - PRUEBA ILICITA

Un trabajador al que una empresa despidió con justa causa tras verificar en las cámaras de seguridad que robaba material valioso, deberá ser reincorporado e indemnizado ya que la Justicia entendió que la prueba de vídeo era ilícita.

El trabajador inició una demanda laboral luego de que se lo despidiera con causa por robo. En la misiva de despido la empresa narró que se vio al operario con dos bolsas de chatarra y virutas de titanio en una zona no destinada a su almacenamiento lo que levantó sospechas del vigilador de seguridad.

Fue así que decidió apuntar las cámaras de video al lugar y verificó el contenido de las bolsas, para luego observar que el trabajador ahora despedido fue visto descendiendo de un vehículo y entrando al lugar para luego salir con dos bolsas.

Finalmente, se lo observaba limpiando el lugar para no dejar rastros, concluyéndose de esos hechos que el trabajador junto al empleado de otra empresa estaba hurtando material de valor, lo que hacía perder la confianza en el operario justificando el despido.

La empleadora consideró el hecho como una falta grave que ocasionaba el despido disciplinario, mientras en paralelo, en el proceso penal iniciado por la otra compañía perjudicada por el hurto, el mismo trabajador reconocía el hecho y devolvía el material sustraído.

A su vez, explicaron que las cámaras de seguridad estaban ubicadas en un lugar visible y con carteles informativos, y a su vez el actor entre sus funciones tenía a su cargo el mantenimiento eléctrico de esas cámaras por lo cual eran de su conocimiento.

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda y consideró procedente el despido, dado que la sanción era idónea atento a la gravedad de los hechos denunciados y probados, lo que motivó un recurso de apelación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao en España.

La alzada terminó admitiendo el recurso y declarando nulo el despido, condenando a la empresa a readmitir al trabajador, pagar los salarios dejados de percibir más una indemnización de 3.000 euros, por la ilicitud de la prueba de las cámaras de vigilancia.

Los jueces explicaron que “la prueba practicada a través del control por cámara de vigilancia es ilícita, produciéndose con ella una conculcación del derecho fundamental a la intimidad”.

Es que, “los derechos de intimidad y propia imagen deben ser contemplados desde las perspectivas actuales que conducen a reclamar la incidencia de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la imagen, intimidad personal y familiar.

Estos derechos fundamentales, como todos ellos, son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, protegiendo a la persona de la captación, reproducción o publicación de momentos de su vida privada”, señaló el tribunal.

La posibilidad de utilizar en el entorno laboral los medios de captación de imagen requiere conforme el art. 89 de esa ley, que “la utilización con fines profesionales de las captaciones de imagen de los trabajadores se haya llevado a cabo mediante un previo comunicado a éstos de esta circunstancia, de tal manera que, con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa todo trabajador tenga conocimiento de la existencia de la captación de imágenes con fines laborales”.

De allí concluyeron en que como la empresa no legalizó el sistema, existía “en la conducta empresarial una actividad ilícita, y que por tanto esta lleva consigo el que, de conformidad al artículo 90.2 LRJS en relación al 11 de la LOPJ, consideremos que nos encontramos ante una prueba ilícita”, tornando aplicable al teoría del fruto envenenado.

Por lo cual como todo lo actuado fue a consecuencia de las videograbaciones, “lleva consigo el que toda la cadena de actos, incluido ese reconocimiento y por supuesto el mismo despido, que son consecuencias de aquella actuación inicial conculcadora del derecho fundamental, sean afectados de nulidad -ex tunc-, y, por aplicación de la indicada teoría ya referida del fruto podrido, determinemos la consecuencia de la nulidad del despido, con sus consecuencias readmisorias y de salarios de tramitación”

* Fuente: Diariojudicial.com - Robó, lo grabaron, pero igual deberán indemnizarlo

 

El Derecho del Trabajador a ejercer retención de tareas

La Sala VIII de la CNAT mediante el coto de los Dres. Pesino y Gonzalez en causa "B., J. c/Casino Buenos Aires S.A. y otro s/Despido"  resolvió el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda. 

Los camaristas confirmaron que el recurso de la accionada era improcedente, en el entendimiento de que no cuestionó el argumento principal del pronunciamiento. Esto es "que resultó justificada la retención de tareas de la actora, por cuanto la empleadora no acreditó haber pagado el haber del mes de diciembre del 2014"

 

La apelante no logró revertir lo resuelto en la anterior instancia, en cuanto "en modo alguno la demandada ha acreditado que la actora no hubiera concurrido a prestar sus tareas desde el 27.11.2014". Sostuvo que con las misivas acompañadas a la contestación de demanda y la prueba testimonial lograban acreditar su postura. Pero lo cierto era que respecto de las primeras, no demostraban sus dichos, y la prueba testimonial, ninguno de los testigos brindó una fecha cierta desde cuando la actora comenzó a ausentarse de su trabajo. 

 

Por lo expuesto, para los jueces intervinientes correspondía confirmar que el haber de diciembre se le debía a la actora, razón por la cual era justificado el derecho de retención. Conociendo la accionada que la Sra. B. se encontraba enferma, bien pudo haber ejercido su derecho al control médico previsto en el art. 210 de la LCT, y aun así no lo hizo. 

 

En definitiva, "la accionante estaba haciendo ejercicio de un derecho que le era propio (el de retención de tareas, conforme art. 1201 CC) hoy equivalente al artículo 1031 y ccdtes del CCyC.), hasta tanto la demandada sanee la irregularidad denunciada, no pudiendo dicha conducta constituir un acto ilícito (conf. Artículo 1071 del Código Civil)".

 

 

*Fuente: https://abogados.com.ar

Caso GONZALEZ NIEVA acusado falsamente de cometer un asesinato en el marco de una salidera bancaria y pasa 14 años privado de su libertad

https://youtu.be/DngrAAZA3yE?si=icHdZvUpZXKfjxaC 

QUE NOS QUIEREN DECIR CON ESO DE LA LIBERTAD?

 “…Qué es lo que quieren decir con eso de la libertad. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que cuesta un ataud…” Doña Soledad. Alfredo Zitarrosa.

Los sectores dominantes utilizan y banalizan vaciando de contenido la palabra “libertad”. Concretamente anclando en el inconsciente de los sujetos el término “libertad” se explota y bastardea la libertad de los sujetos, de todos los y las trabajadores y, de aquellos explotados que se auto-perciben empresarios, profesionales, etc.  

La reforma laboral que se votará en Diputados el 26 o 27 de Junio no podrá revertir el grueso de las reformas que se imponen con amplio respaldo en ambas cámaras. Una breve y no taxativa lista de tales afectaciones se detallan seguidamente:

• 1.   La nueva ley DESCONOCE la relación asimétrica existente entre el capital empresario y la venta de la fuerza de trabajo de los asalariados;
• 2.    Ampliación del periodo de prueba, mínimo 6 meses con extensión a 1 año, ventaja para el empleador en la rotación –permanente- de personal sin COSTO INDEMNIZATORIO alguno;
• 3.    Legalización mediante la derivación de las relaciones laborales a la aplicación del CCyC de los contratos de servicios, equiparando a la relación entre iguales como si la prestación laboral fuera una cuestión de comercio entre iguales;
• 4. Posibilidad de fundar empresas con hasta 3 Monotributistas en calidad de “colaboradores”;
• 5.    Destrucción del sistema de indemnizaciones mediante los fondos de cese laboral;
• 6.  Legalización de la TERCERIZACION sin responsabilidad solidaria para el principal contratante.

Con la reiteración permanente de la palabra “libertad” se avanza en la degradación de la vida de los trabajadores y trabajadoras y sus familias y se sanciona una cantidad importante de arbitrarias disposiciones que restringen libertades y desconocen derechos. Difícilmente se pueda encontrar una regla jurídica tan autoritaria y restrictiva de la libertad y los derechos de las mayorías en estos cuarenta años de vida democrática.

Bajo la consigna de “no hay plata” como pretendida justificación, se omite responder qué pasó con la economía y allí se ocultan los negocios de grandes grupos económicos responsables del vaciamiento, se trata de un enmascaramiento imprescindible. Estos grupos pasan a ser ahora los dueños del capital humano, los beneficiarios directos de esta regresiva legislación y son quienes mediante estos instrumentos manejarán el –triste- destino de nuestra sociedad.

En materia de derechos colectivos, resulta harto evidente la voluntad manifiesta de los sectores dominantes en asegurar el resultado de la reformulación regresiva en las relaciones sociales que, aparece en toda su dimensión en cuatro puntos: las restricciones a las asambleas, la limitación al ejercicio del derecho de huelga, la convalidación de la eficacia jurídica del despido discriminatorio, y la represión a las manifestaciones de protesta social.

Mediante este pequeño aporte se pretende bajar a tierra las significativas reformas estructurales que afectarán a los y las trabajadores, sean estos organizados en relación de dependencia y/o aquellos que se ganan la vida en base a la Economía Social.

El gobierno de Milei a instancias del círculo rojo empresarial y financiero conjuntamente, pretenden sojuzgar al pueblo trabajador y los sectores medios, conduciendo al País hacia un africanización extractiva material y cultural, entre otras cuestiones aducen combatir la industria del juicio. Entiendo que más temprano que tarde serán derrotados, tanto en sede judicial como con la resistencia social en las calles.  

Proceso de amparo. Necesidad urgente de un criterio judicial uniforme en el cómputo del plazo del recurso de apelación.

La ley 16.986 o mayormente conocida como “ley de amparo” establece en su artículo 15: “Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido” (lo subrayado y destacado me pertenece).

 

Si bien a primera vista la norma se vislumbra clara, lo cierto es que, en la práctica, existen diferentes criterios jurisprudenciales en lo que respecta al cómputo del plazo del recurso de apelación -tanto con relación al inicio del cómputo como al vencimiento del plazo- los que merecen ser unificados con urgencia. Veamos.

 

En principio, el cómputo de este plazo se realiza “de hora a hora”, desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, venciendo, por ende, a las 48 horas contadas desde que esto sucede.

 

Ahora bien, existen diferentes interpretaciones en lo que respecta a cuándo se deben comenzar a computar las 48 horas de plazo.

 

En efecto, el art. 6 del CCyCN establece que: “En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”.

 

En este marco, la jurisprudencia mayoritaria entiende que el cómputo del plazo comienza desde el momento mismo de la notificación, como señala el propio artículo 15 de la ley de amparo.

 

Esta postura encuentra fundamento en lo dispuesto en la parte final del Art. 6 del CCYCN (“…Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo…”), considerando, por ende, que en la materia resulta aplicable lo dispuesto expresamente por la ley especial.

 

Para una mejor comprensión, supondremos un proceso de amparo en el que recibimos una notificación el día lunes, a las 10:10 hs. En ese caso, para la primera postura el cómputo del plazo comenzaría a las 10.10 hs.

 

Por el contrario, algunos Jueces consideran que el cómputo del plazo empieza desde la hora siguiente al de la notificación, fundándose en lo establecido expresamente en la primera parte del mencionado Art. 6 del CCyCN.

 

Los que participan de esta postura, a su vez, se diferencian respecto a cómo debe interpretarse la “exclusión” de la hora del momento de notificación.

 

En tal sentido, hay quienes entienden que el plazo comienza 60 minutos después del momento de la notificación, fundándose en que el artículo establece que debe “excluirse” la hora de recibida la notificación (en el ejemplo dado, considerarían que el plazo comienza a computarse el lunes a las 11:10 hs.).

 

Por otra parte, hay quienes plantean que cuando la norma excluye la “hora determinada” el inicio del cómputo debe comenzar a la hora siguiente, entendiendo a la «hora» como unidad del sistema sexagesimal. Para esta postura, entonces, deben excluirse los minutos restantes para finalizar la hora de la notificación, y el plazo debe comenzar a computarse a la hora siguiente (en el ejemplo dado, debería excluirse la hora 10 -que transcurre desde las 10.00 hasta las 10:59 inclusive-, comenzando entonces el cómputo del plazo el mismo lunes a las 11 hs.). [1]

 

Hasta aquí analizamos las diferentes interpretaciones en lo que respecta al inicio del cómputo del plazo, pero como señalamos al principio del artículo, también existen diversas posturas respecto del momento del vencimiento del mismo. Veamos.

 

Supongamos, en un segundo ejemplo, que en el marco de un proceso de amparo una parte fue notificada de la sentencia definitiva un día miércoles a las 17.45 hs.

 

Si efectuamos una interpretación literal del artículo, concluiríamos que podemos presentar el recurso de apelación hasta el día viernes a las 17.45 hs (es decir, hasta concluidas las 48 horas contadas desde el mismo momento de la notificación).

 

Esta es la postura asumida por parte de la jurisprudencia, y encuentra su fundamento en que: “…el plazo fijado en horas en la ley 16.986 comienza a correr desde el momento mismo en el cual se practica la notificación y a partir de ese instante corre en forma ininterrumpida salvo que en el ínterin medie un día inhábil –cosa que no ocurre en la especie-, en cuyo caso corresponde descontar las horas correspondientes a ese día (…) Es decir, se cuenta hora a hora o en forma continua (…) Teniendo en cuenta estos parámetros, siendo que la notificación de la sentencia de primera instancia a la obra social fue realizada el miércoles 19/04/23 a las 16:28 horas, el recurso de apelación interpuesto por aquella el 24/04/23 a las 8:46 horas excedió el plazo que acuerda la norma aplicable (art. 15 de la ley 16.986), ya que el vencimiento se produjo el día viernes 21/04/23 a las 16:28 horas”[2] .

 

Según esta postura, el plazo de gracia previsto por el Art. 124 del CPCCN no resulta aplicable.

 

Considero que esta tesitura entra en colisión, por un lado, con lo dispuesto por el Art. 152 del CPCCN y, por el otro, con lo dispuesto por la CSJN en la “Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación”.

 

En efecto, el Art. 152 del CPCCN reglamenta lo atinente a los “días y horas hábiles” y, al respecto, establece que “Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad (…) Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema para el funcionamiento de los tribunales…”.

 

En el mismo sentido, la Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación- de la CSJN establece que “…Las presentaciones que las partes u otros sujetos procesales realicen fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, establecido en cada jurisdicción, se tendrán por presentadas en la primera hora del día hábil posterior…”.

 

En tal contexto, estimo que, a partir de lo establecido por las normas citadas, la postura en análisis yerra en su interpretación sobre el cómputo del plazo. En el ejemplo dado, para la postura en análisis, tendríamos tiempo para interponer el recurso hasta el viernes 17.45 hs, pero la realidad es que por aplicación del art. 152 CPCCN y de la Acordada 31/2020 Anexo II - Protocolo de actuación- de la CSJN, resulta totalmente indiferente si el recurso lo presentáramos a las 13.31 hs o a las 20.00 hs del mismo día, toda vez que pasado el horario de tribunales, deberá considerarse como interpuesto en la primera hora del día hábil siguiente.

 

Es por ello que entiendo que se debiera aceptar en este supuesto el plazo de dos primeras del día siguiente hábil.

 

Justamente esta es otra postura jurisprudencial en lo que respecta al vencimiento del plazo, que considera que resulta aplicable el plazo de gracia.

 

Para esta tesitura, si una parte quedó notificada un miércoles a las 17:45, el plazo vencería el día viernes a las 17:45 hs., pero al no estar comprendida la hora del vencimiento dentro del horario de funcionamiento de los Tribunales, resulta aplicable el plazo de gracia y, por ello, el plazo vence en "las dos primeras horas" del lunes.

 

“… El cómputo del plazo se realiza de hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación operando su vencimiento cuando termina el plazo fijado. Ahora bien, si el vencimiento se produce en horario inhábil, atento no poder realizar un acto procesal eficaz, deberá concederse el plazo de gracia del art. 124 CPCCN que dispone “El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las DOS (2) primeras horas del despacho.” [3]

 

Al respecto considero que, a partir de la implementación del expediente digital, habría que plantearse si esta postura no ha quedado desajustada de la realidad y, en tal sentido, si no merece ser modificada. Sin perjuicio de ello, la modificación del criterio encontraría como expuse en párrafos anteriores, obstáculo en lo dispuesto por la CSJN en la Acordada 31/20 Anexo II y en el art. 152 CPCCN. 

 

Por último, como si lo expuesto fuera poco, existe otro criterio jurisprudencial que considera que el cómputo del plazo de 48 horas para apelar en el proceso de amparo, establecido en el art. 15 de la ley 16.986, debe computarse en forma continua, sin excluir los días inhábiles que existieron durante su transcurso.[4]

 

Según esta interpretación, en caso de que el plazo venza en día inhábil la parte cuenta con el plazo de gracia previsto en el art. 124 CPCN para interponer el recurso. Por ejemplo, si la notificación se produjera un viernes a las 08.55 hs el plazo vencería el domingo a la misma hora, pero habiendo caído el vencimiento en día inhábil, la parte gozaría de las dos primeras horas del primer día hábil siguiente para interponer el recurso. 

 

Así se ha dicho que “…el cómputo del plazo se realiza de hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, operando su vencimiento cuando termina el plazo fijado. Ahora bien, …si el vencimiento se produce en horario inhábil, atento no poder realizar un acto procesal eficaz, deberá concederse el plazo de gracia del art. 124 del CPCCN que dispone…”[5].

 

Esta postura encuentra fundamento en la primera parte del Art. 6 del CCYCN en cuanto establece: “Modo de contar los intervalos del derecho: El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente…” (lo subrayado y remarcado me pertenece).

 

Cabe destacar que esta última interpretación fue desechada por el Máximo Tribunal por entender que “frente a la solución legal establecida y ante la ausencia de una previsión expresa en la ley de amparo que regule la forma de cómputo de los plazos allí dispuestos, el a quo debió recurrir a lo establecido en los arts. 152 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que expresamente excluyen del cálculo de los términos procesales a los días inhábiles”[6].

 

Ahora bien, sin perjuicio de la postura de la CSJN, algunos Jueces continúan interpretando la norma de esta manera.

 

A partir de todo lo expuesto podemos decir que, en la realidad, la disparidad de criterios existentes acerca de la interpretación de un tema tan importante como es el cómputo del plazo para interponer un recurso de apelación en un proceso de amparo, afecta notablemente el derecho de defensa y de debido proceso de los litigantes, razón por la cual la cuestión exige, de manera urgente, la unificación de los distintos criterios jurisprudenciales.

 

En razón de lo expuesto anhelo por una unificación de criterios por parte de los magistrados.

 

[1]  https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/08/25/el-computo-de-los-plazos-en-horas-en-el-codigo-civil-y-comercial-dudas-interpretativas/

[2] Expediente FLP 13605/2022/1/RH1 “Recurso de Queja Nº 1-Quintana, Sandra Mariel Rosario c/Obra Social Unión Personal Civil de la Nación –Accord Salud- s/ prestaciones médicas”; CAMARA FEDERAL DE LA PLATA, SALA III (21/09/23).

[3] Cam. Fed. De Apel. De Córdoba Secretaria Civil II – Sala B “Fideicomiso el Amanecer c/ Afip s/ amparo” Expte. N° FCB 18160/2015, 02-11-2015

[4] CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B Autos: “ALPACOR ASOCIADOS SRL c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986” FCB 013010004/2013 . 03/08/2016.

[5] CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B Autos: “ALPACOR ASOCIADOS SRL c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986” FCB 013010004/2013 . 03/08/2016.

[6] 03/12/2019 CSJN FCB 013010004/2013/CS001Fallos: 342:2125 Alpacor Asociados SRL c/ AFIP s/ amparo ley 16.986

Fuente: Abogados.com

FALLO LABORAL: INDEXACIÓN DEL CAPITAL MÁS INTERESES, (7) CLAVES PARA ACTUALIZAR INDEMNIZACIONES

 - AGOSTO 2023 - 

La Sala I de la Cámara del Trabajo cordobesa optó por una solución distinta a la posición de la CNAT porteña en cuanto a las actualizaciones por indemnización, aquí los jueces de la provincia mediterránea habilitaron la indexación por CER

Fallo "Gómez, Aurelia de Lourdes vs. Mix Frut S.R.L. s. Despido", la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba

Es de conocimiento público que a algunos jueces laborales les preocupa que la duración de los juicios perjudique a los trabajadores, quienes en razón de las tardanzas ven perder valor de sus indemnizaciones frente a la inflación.

Así, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional la prohibición de indexar vigente desde los años 90.

La medida se traduce en la actualización del capital de la indemnización fijada por la sentencia judicial mediante CER y, la aplicación de intereses sobre la suma resultante.

Esta solución discrepa sustancialmente de la adoptada recientemente por la Cámara del Trabajo porteña, que estableció en un acuerdo plenario la capitalización de interes. Es más, para los camaristas cordobeses, "el sistema de los intereses para la actualización de créditos laborales fracasó"

Qué dice el fallo sobre indexación de indemnizaciones laborales

En el fallo en comentario, la Sala I de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordena realizar un ajuste sobre el crédito laboral nominal utilizando los indicadores de la evolución de precios al consumidor -por ejemplo, el índice CER-, para obtener el "valor actual" del crédito.

Sobre ese "valor actual" que consiste en la indemnización liquidada por los jueces indexada por inflación, la Cámara del Trabajo cordobesa manda calcular intereses.

El tribunal cordobés justifica esa decisión en los siguientes argumentos:

ü  La Ley de Convertibilidad fue dictada en una realidad económica de estabilidad de precios y de inflación bajísima, absolutamente diferente dé la actual.

ü  La mecánica de recurrir a los intereses como forma de recomposición del crédito ha fracasado. Por lo tanto, el fallo concluye que una solución justa es actualizar el crédito y, luego, adicionar los intereses, pero sobre el crédito actualizado. Esto es una solución distinta de la que adoptó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que eligió la capitalización anual de intereses.

El fallo de la Cámara del Trabajo sobre indexación, punto por punto

La sentencia de la Sala I de la Cámara cordobesa sostiene los siguientes conceptos claves:

§  La actualización del crédito laboral debe ser abordada bajo el imperio de las garantías presentes en la Constitución nacional, por sobre una ley dictada en una realidad económica absolutamente diferente de la actual.

§  El fracaso de la veda indexatoria, al considerar corresponsable de la inflación a la actualización monetaria de las deudas, está a la vista: mientras la inflación se ha mantenido e incrementado, no hay actualización sólo para los acreedores judiciales, ya que el mundo comercial se maneja con otros parámetros. Por ejemplo, en los contratos comerciales se utilizan como criterio de actualización el incremento de precios, cotizaciones en dólares u otra moneda extranjera, intereses capitalizables, precios en unidades de cosas o medidas, actualización monetaria expresa de alquileres y productos financieros, entre otros.

§  La mecánica de recurrir a la figura de los intereses como forma de recomposición, ha fracasado. Corresponde declarar inconstitucional la prohibición de indexar los contratos y créditos judiciales.

§  En el caso en análisis, el daño no requiere ser demostrado por cuanto surge notorio de los propios hechos y está dado objetivamente por la pérdida del valor adquisitivo del crédito a causa de la mora del deudor, el cual debe ser cubierto a través de un mecanismo indexatorio.

§  Esa pérdida del valor se debe compensar utilizando los indicadores de evolución de precios al consumidor, en tanto refleja justamente la pérdida del poder adquisitivo del dinero en términos promedios.

§  La actualización a través del coeficiente CER, elaborado precisamente en función del indicador antes señalado puede consultarse en el sitio web del Poder Judicial.

§  Dado que la liquidación que se formule representará un "valor actual" del crédito, corresponde adicionar intereses puros, pero en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, que resulta aplicable al caso.

§  Dada la finalidad punitiva de la norma, esos intereses sobre capital actualizado serán de 15% anual sobre capital actualizado, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, concluye la sentencia.

*Fuente: iprofesional.com