sábado, 16 de marzo de 2019

DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO POR EL TRABAJADOR EN EL INTERCAMBIO POSTAL

Este pequeño trabajo da tratamiento a una cuestión fundamental dentro de las relaciones laborales, en este caso, se trata de las comunicaciones entre las partes, las que -vale aclarar- se suceden, estando vigente la relación y también una vez extinguida la misma, siendo normalmente las misivas que se cursan las partes el sustento y la estructura de las acciones que tramitan ante los jueces del trabajo. Se trata, por lo tanto, de un tema de fundamental importancia por sus implicancias prácticas que, lejos está de ser sencillo, por las múltiples aristas que reviste y las particularidades que adopta en cada caso puntual.- 

En este tema puntual y concreto, es importante destacar cómo cobra validez la constitución de un domicilio por parte del trabajador, y, los efectos legales que la constitución del domicilio tiene. En los casos en que el trabajador decide fijar como domicilio, a los efectos de un intercambio postal, una dirección que no es la de su vivienda, ello no suele obedecer a un capricho, sino a la intención de posibilitar la comunicación, ya que puede que su domicilio particular presente alguna característica que haga difícil, si no imposible, la recepción de misivas que requieren de ciertas formalidades para su entrega en destino, como son la precisión del domicilio y la presencia de una persona que firme al momento de la recibir la misiva.- 

En las relaciones de trabajo existen distintas comunicaciones entre las partes, muchas de las cuales se realizan por medios formales, telegramas y/o cartas documento. En estas comunicaciones existen distintas situaciones que generan dudas diversas, cuyas respuestas deben buscarse primera y fundamentalmente, en la lógica que gobierna todos los extremos de la relación entre las partes, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato y/o la relación de trabajo, y esta lógica surge principalmente de los principios contenidos en los arts. 62 y 63 de la LCT, pero no se agota aquí, sino que también hay otros principios y artículos que resultan igualmente aplicables (ej. arts. 10, 12 , 57, 58 y otros de la LCT)

En este sentido, y de acuerdo a la LCT., las partes están obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad, debiendo obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo; buscando siempre, ante las dudas que puedan surgir, una forma de mantener la relación de trabajo, no cabiendo presumir renuncias de parte del trabajador, mucho menos a su empleo.- 

Los principios del derecho del trabajo cobran mayor importancia en relación al trabajador, al cual deben proteger las leyes (cfr. art. 14 bis CN), y a favor del cual se crean desigualdades como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación (cfr. art. 17 bis LCT). 

El trabajador difícilmente podrá elegir la forma de «notificar fehacientemente» a su empleador distintas situaciones, debiendo optar, por una cuestión de economía, por el medio gratuito que distintas normas ponen a su alcance, mientras que el empleador puede optar por costear otros medios de comunicación diferentes a las misivas (ej. notificar por medio de escribano).- 

El trabajador no es un experto en estas cuestiones de comunicación formal, como sí lo es normalmente el empleador, habituado por su ejercicio del comercio a este tipo de actos. Por si esto fuera poco, normalmente el trabajador no cuenta con las condiciones necesarias para la recepción de misivas, ya sea por habitar en lugares precarios que no están bien señalizados y/o individualizados, o porque no cuenta con una persona que se encuentre de manera constante en el domicilio para recibir misivas, además de trabajar comúnmente en los horarios en que debe retirar las misivas cuando se le deja un aviso de visita. Por lo tanto, en el caso del trabajador es aún más necesario tener presente la buena fe, la colaboración y la solidaridad al momento de evaluar si recibió o no una misiva cursada por su empleador, pero también al momento de evaluar si sus actos fueron o no, conforme a derecho.- 

Quien proporciona un domicilio, -sea empleador y/o empleado/a- a todos los efectos del contrato de empleo, está asumiendo «la carga» de que toda comunicación dirigida a ese domicilio va a ser normalmente recibida(1). Por lo tanto, se trata de un acto de trascendencia que las partes deben tener presente, tanto al momento de suministrar un domicilio a la contraria como cuando reciben una indicación al respecto.- 

El trabajador suele indicar un domicilio a su empleador al momento de iniciar la relación de trabajo, de manera más o menos informal, a veces mediante una declaración por escrito y otras de manera verbal, no siendo la regla que el trabajador conozca el domicilio del trabajador. Cuando el trabajador indica un domicilio a su empleador, como lugar de su residencia, en principio, deben cursarse al mismo las comunicaciones que el segundo dirige al primero; ya que, de indicar o solicitar que las comunicaciones le sean enviadas a un domicilio distinto, siempre y cuando ello luzca razonable, no hay razón para que el empleador no cumpla con el pedido.- 

Por su parte, el empleador tiene, en la casi totalidad de los casos, un domicilio que el trabajador conoce, que suele ser el lugar donde se desarrolla la relación de trabajo. Por otra parte, puede que este domicilio no coincida con otros que el empleador declare, por ejemplo, el que se suele consignar en los recibos de salario, o el domicilio legal cuando se trata de personas jurídicas. Cuando el empleador no aclara expresamente que las comunicaciones que le dirige el trabajador deben ir a un domicilio determinado, el trabajador puede optar por el domicilio que le resulte más razonable. Si el empleador expresamente indica un domicilio a los fines de la recepción de comunicaciones, el trabajador debe dirigir sus misivas al mismo, salvo que por algún motivo justificado (cierre del local o en el caso de personas jurídicas) elija dirigir las comunicaciones a otro domicilio conocido de su empleador.- 

Es cierto que muchas veces el trabajador debe constituir un domicilio diferente al de su vivienda para recibir notificaciones, un «domicilio a los efectos legales» diferente a su «domicilio real». La elección puede recaer sobre el domicilio de un pariente, conocido o comercio amigo, o puede ser el domicilio de su abogado asesor. 

Tal domicilio elegido puede ser modificado en cualquier momento, mientras que el cambio se realice de buena fe y el nuevo domicilio sea comunicado de manera fehaciente, a la vez que sea posible la notificación en el mismo; en estos casos, no hay motivos para rechazar o ignorar la constitución de un domicilio especial por parte del trabajador a los efectos de recibir las comunicaciones de su empleador.- 

Cuando el empleador y/o el empleado/a toman una elección de constitución domiciliaria, deben cargar con la torpeza y/o la mala fe de la misma. Las partes no deben apartarse  de lo que indican los criterios de buena fe (cfr. art. 63 LCT) si alguna de las partes decidió cursar sus misivas a un domicilio que no era el facilitado por la contraria, se encontraran violando el (art. 62 LCT) ergo, la asegurabilidad de la recepción de las comunicaciones postales.-

Por este motivo, la conducta del empleador es equiparable al silencio, ya que no cualquier envío de una misiva y/o notificación resulta válida, sino que la misma debe realizarse con buena fe y conforme a derecho para su validez. Todo lo relativo al domicilio donde se cursan las comunicaciones, como se adelantó, es una materia de suma relevancia, como puede verse en el caso concreto, ya que puede terminar por definir la continuidad o no de una relación de trabajo y la suerte de los reclamos derivados de su extinción.- 

La mala fe, la negligencia o cualquier actitud negativa del empleador no pueden terminar perjudicando al trabajador cuando se frustran las comunicaciones por no llegar al destinatario.- 


(1) Cfr. GUERRERO, Agustín A., "Comunicaciones telegráficas en el contrato de trabajo", DT 2007 (marzo), 269. 

miércoles, 27 de febrero de 2019

"Los castigos no deben expresar desprecio; un criminal es siempre un hombre" Federico Nietzsche

Por más paradójico que pueda parecer al sentido común de algunos, cuantas menos personas tengamos en las cárceles, mayor será el nivel de seguridad real en la sociedad.

La prisión como institución de reducción del crimen, nunca cumplió sus promesas declaradas. Si consideramos que -particularmente en la provincia de Bs. As.- desde nuestra organización en (1854) no han existido planes de prevención del delito orientados a evitar la inequidad que conduce a la marginalidad de determinados sectores sociales, sectores que, según los administradores del poder son la cuna del inicio delictivo, nos lleva a concluir que estamos y continuaremos fracasando como sociedad. 

En este sentido, parece atinado he interesante el reciente fallo del Juez en lo Criminal de Necochea Dr. Mario Juliano que brevemente se comenta a continuación: 

El Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, a cargo del juez Mario Juliano, ordenó dar marcha atrás con el castigo impuesto a un interno de la Unidad Penal IX de La Plata, cuyo director ordenó separarlo por seis días del área de convivencia y enviarlo a una celda en solitario. (Buzón) 

Según el relato de los hechos que realizó el jefe de la Unidad, el condenado violó artículos de la ley 12.256 cuando un oficial procedía a dar paso a los internos que volvían de recibir visita en sus respectivos pabellones, en un momento dado y sin mediar motivo alguno, vociferó "...la concha de tu madre gorra, tanto vas a hacer renegar, vení a darme paso loco...", sosteniendo las autoridades penitenciarias que de esa manera alteró el normal desarrollo de las actividades reinantes en el establecimiento. 

El magistrado consideró que someter a un individuo al "área de separación" en los hechos significa confinarlo y aislarlo en celdas de muy reducidas dimensiones, generalmente con pésimas condiciones de habitabilidad, durante 23 horas al día, en un régimen de aislamiento francamente enajenante. Y, como podemos apreciar en este caso, usualmente por cuestiones banales, que bien podrían ser dirimidas con otro tipo de respuestas. 

En ese sentido, el Juez Juliano agregó que "...esta causa es una demostración de las lógicas empleadas por buena parte de nuestros Servicios Penitenciarios para disciplinar la vida intramuros, apelando a formas violentas frente a hechos de menor trascendencia, en desmedro de la búsqueda de la convivencia....". 

El Juez aclaró que con esta resolución no estaba avalando ni legitimando que una persona privada de la libertad insulte a los trabajadores penitenciarios o al resto de la población, pero tampoco sin descuidar que, tal como lo señala la defensa, por lo general se trata de personas que en su vida cotidiana se relacionan del modo que lo hizo el recluso en esta ocasión. 

El fallo sostiene que este tipo de castigos constituye una práctica que más temprano que tarde deberá desaparecer de los mecanismos de los sistemas penitenciarios, por tratarse de una forma cruel, inhumana y degradante de gestionar los conflictos derivados de la convivencia.


lunes, 14 de enero de 2019

IMPUTABILIDAD ó PUNIBILIDAD? DE LOS MENORES DE EDAD EN ARGENTINA



A contramano de la insistencia oficial en bajar la edad de imputabilidad de los menores, la estadística muestra que es marginal la incidencia de adolescentes en la comisión de delitos graves, y que por lo contrario, muchos de ellos mueren en situaciones de violencia institucional.

En nuestro país es PUNIBLE todo menor a partir de los 16 años de edad.

IMPUTALIBILIDAD: Es la posibilidad de atribuir un delito a alguien. 

PUNIBILIDAD: Se trata del sometimiento a proceso penal y aplicación de una pena y/o condena a alguien.

Según la estadística que ofrece la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, apenas un 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años. Este dato duro es del año 2015.-

Asimismo y también de 2015 es el informe que publica el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires -no habiendo al presente, otras cifras oficiales- en este informe se establece que sobre 175 homicidios registrados, hay (1) un caso que fue cometido por un menor de 16 años.-

En toda la provincia de Bs. As. la tendencia no difiere. Según los datos proporcionados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se cuantifican para el período (2015) la instrucción de 26.798 causas contra menores de 18 años (a razón de 73,4 hechos por día sobre una población de 18 millones de habitantes) de las cuales, solo 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea, menos del 0,5% del total.-

Cuando hablamos de instrucción debe quedar absolutamente claro que NO HUBO TODAVÍA CONDENA judicial, razón por lo cual, si se mantiene la tendencia tribunalicia, no más del 35% de los casos llegarán a obtener sentencia condenatoria, ergo, habrá un 65% de esos menores que resultarán absueltos en sus diferentes modalidades.-

Ahora bien, por lo contrario, no existen dudas que los jóvenes están en la otra vereda, es decir, en la vereda de las víctimas.-

De acuerdo al archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2017 elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el 50% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, el sector que se corresponde a personas de 25 años o menos de esa edad, (sólo en los primeros (2) dos años de la gestión de la gestión Macri han habido 725 muertes, que en un cálculo sencillo nos da más de un asesinato por día, récord absoluto desde el regreso de la democracia), la mayoría de estas víctimas lo han sido a manos de policías con facilidad para apretar el gatillo y, –un dato que alcanzaría para desalentar definitivamente la idea regresiva de bajar la edad de punibilidad– tales muertes acaecieron en los lugares de detención.-

O sea que, concretamente, están matando a más de un pibe o piba por día, pero el gobierno y los medios interesados insisten con la demagogia punitiva. La doctrina Chocobar; 'el que quiera estar armado, que ande armado' de Bullrich, el Programa Restituir, la compra de pistolas Taser, es toda una seguidilla que deja en claro que el gobierno no tiene ningún logro para mostrar y, entonces apuesta al voto bala.-
Obsérvese que con un gran sentido del oportunismo, el ministro de Justicia Germán Garavano afirmó en 2017 que el gobierno vería con buenos ojos bajar la edad de punibilidad a los 14 años y, ahora en 2019 impulsan un nuevo Régimen Penal Juvenil para ser enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero, pero en este caso contemplando una edad de 15 años. O sea, a simple vista les da lo mismo 14, 15 o 16 años denotando el trato oportunista y marquetinero que le dan a un tema de tanta importancia como es el régimen penal juvenil.-

Hoy, para los menores existe la internación compulsiva y, viendo las estadísticas, la mayoría de los menores que cometen delitos lo hacen contra la propiedad (no contra la vida), con lo cual, en el mejor de los casos no tendrían ni que estar encerrados.-

Concretamente, cuando un adulto roba un celular no va preso, en cambio si un adolescente comete el mismo ilícito, normalmente lo dejan adentro por varios años en institutos de menores que son cárceles de niños.-

Entiendo que debemos ir hacia un sistema que considere a los menores como sujetos de derechos. Que tengan la posibilidad de asistencia letrada, ofrecimiento y control de pruebas y, en definitiva se los someta a un proceso penal con las mismas garantías que a cualquier persona, caso contrario, vamos a tener cada vez más menores y más  presos a edades más tempranas.-


viernes, 14 de diciembre de 2018

CONDENA de 18 años de prisión por violar a su hija


El fiscal a cargo de la Fiscalía General Nº4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dictaminó en contra del recurso interpuesto por el defensor oficial de un acusado por abuso sexual a una menor de edad, en autos CCC51114/2004/T01/1/CFC1 del registro de la Sala IV, caratulados: “G.L., J. s/recurso casación”

Según consta en la causa, el imputado fue juzgado por los abusos sexuales cometidos sobre su hija de 12 años, con quien convivía desde 2000. Fue acusado de haberla accedido carnalmente, al menos en dos oportunidades, la última de ellas acaecida en 2004, mediante el ejercicio de violencia física y amenazas de muerte sobre la menor para que no lo denunciara.

En 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 12 de Capital Federal lo condenó a la pena de 18 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en reiteradas oportunidades, en concurso ideal con el delito de corrupción de una persona menor de dieciocho años.

La defensa oficial interpuso un recurso de casación que fue concedido por la Sala IV de esa instancia, que anuló el fallo y ordenó el reenvío de las actuaciones a otro tribunal para que realizara el nuevo juicio y se dictara sentencia con arreglo al voto mayoritario.

Luego, la Fiscalía General interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación derivó en un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió dejar sin efecto el fallo y ordenó la devolución de las actuaciones a la Cámara de Casación para que resolviera de acuerdo a ese pronunciamiento.

A mediados de 2012, el Tribunal confirmó la condena impuesta y notificó al defensor. Los camaristas fijaron dos audiencias  para tratar la sentencia de la Sala IV de la  Cámara de Casación, pero el imputado no asistió, por lo que se ordenó su captura a la Policía Federal Argentina para que, una vez habido, se lo derive a la unidad que correspondiera a los fines e cumplir con la pena impuesta. También se notificó de la decisión al defensor oficial, sin que esa parte presentase cuestionamiento alguno.

En agosto pasado, el imputado intentó ingresar al país. Allí se lo notificó de la sentencia firme y quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. En este escenario, defensa solicitó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del hombre.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del condenado. En primer lugar, los jueces señalaron que la condena se encontraba firme con anterioridad a la orden de captura del nombrado, puesto que tras la notificación de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal a la defensa, ésta no había presentado impugnación.

Además añadieron que, no obstante esa circunstancia –lo cual permitía el rechazo in limine del planteo–, la acción penal “no estaba prescripta”. Frente a dicho pronunciamiento, el defensor interpuso el recurso de casación que dio lugar a la opinión del fiscal general Javier De Luca.

En su dictamen, el fiscal opinó que el imputado fue notificado personalmente de la sentencia condenatoria mediante la lectura del veredicto. El representante del MPF sostuvo que la condena “fue notificada personalmente al imputado y se encuentra firme”, y así solicitó rechazar el recurso y confirmar la pena impuesta por el TOC Nº12.





* Fuente: Diario Judicial


sábado, 6 de octubre de 2018

Tenencia de hojas de coca, el coqueo entre la tradición, el estigma social y la prisionización

En un claro dispendio jurisdiccional y abuso de autoridad, una vez puesta en marcha la locomotora de una política criminal errática y discriminatoria, deja al descubierto que tanto fuerzas de seguridad como muchos de los operadores jurídicos ven que, cualquier actividad  realizada por jóvenes morochos y pobres se transforma en la comisión de algún delito.- 

Cuando la política persecutoria de un Estado gira en torno a premisas que -solo- sostienen el modelo de guerra a las drogas, considero que los destinatarios son y serán siempre los mismos, la población marginalizada. Ratifico lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años que en nuestras prisiones no hay grandes narcotraficantes, sino jóvenes presos –en mayor medida- por narcomenudeo, por comercio minorista y delitos contra la propiedad, cuando no, inocentes como el caso que nos ocupa.- 

Lo infra relatado no hace sino confirmar una vez más, que seguimos errando al no darnos como sociedad un política criminal adecuada.-
La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, liberó a un joven hijo de migrantes bolivianos que mantuvieron preso durante un mes, por tenencia de hojas de coca.-

José Luis Zurita Delgadillo es un estudiante universitario y fue detenido el pasado 25 de agosto por tener en el baúl de su auto 77 paquetes envueltos en papel de diario con 400 gramos de hojas de coca en estado natural, destinados a compartir con la comunidad boliviana que festejaba la fiesta de la Virgen de Urkupiña.-

Luego de pasar un mes detenido en el Penal de Marcos Paz, los jueces Irurzun y Bruglia, dictaron el día viernes 05/10/18 la falta de mérito y ordenaron su inmediata liberación.-
Sostuvieron al respecto que, “…advertimos que las constancias obrantes en el expediente no permiten avalar la hipótesis delictiva sostenida de conformidad con las previsiones del artículo 5, inciso “a”, de la ley 23737. Ello, por cuanto no fueron hallados en poder de los imputados elementos de corte, de acondicionamiento o precursores químicos que den cuenta del destino de la sustancia achacada. Tampoco se encontró información -almacenada en los dispositivos celulares secuestrados entre sus pertenencias- que revelen la existencia de maniobras compatibles con la actividad en debate….”

En su escueto fallo, los miembros del Tribunal se limitaron a señalar que las hojas de coca en estado natural incautadas estaban destinadas a la práctica del coqueo o masticación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la ley 23.737.- 

Si bien el joven fue apresado por cometer una supuesta infracción a la Ley 23.737, esta sostiene en uno de sus artículos que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.-


De esta manera, los magistrados revocaron la sentencia de grado dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5 y ordenaron la liberación del imputado.-

martes, 2 de octubre de 2018

RELACIÓN DE CONSUMO


La historia de Guillermo Tomás Holzwarth es la muchísimos otros jubilados y consumidores. Un día pidió un préstamo de 10 mil pesos en la Asociación Mutual Solydar, pagó las cuotas a través de un código de descuento de su haber jubilatorio, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta que había devuelto el triple de lo que había obtenido. Solicitó el stop debit a la Caja de Jubilaciones de la provincia, la mutual prestamista pidió inmediatamente la ejecución de un pagaré de consumo por 82 mil pesos. Esto es, 8 veces la suma que había solicitado el jubilado.- 
En primera instancia, la Justicia a través del juez Eduardo Bruera le dio la razón a la mutual pero luego la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba emitió una sentencia en favor del jubilado. En este caso, el fallo judicial llegó una semana después del fallecimiento del jubilado de 89 años.-
Básicamente, la Justicia determinó que había una relación de consumo, esto es, que la mutual ejercía la actividad de prestar dinero de manera regular y “profesional”, y que por lo tanto debía aplicarse la normativa sobre derecho del consumidor en detrimento de otras. Uno de los principios de este sistema, es que hay un oferente y un consumidor, y que la ley debe equiparar las posibilidades de cada uno de ellos dado que se presume que los primeros tienen ventajas sobre los segundos.-
Dentro de este marco (Ley de Defensa del Consumidor) se estableció, además, que la Asociación Mutual Solydar no entregó a la Justicia la documentación necesaria para acreditar que había informado adecuadamente a Holzwarth sobre las condiciones que implicaba el acceso al crédito. En ese contexto, la Cámara integrada por los jueces Raúl Eduardo Fernández y Federico Alejandro Ossola, definió que el pagaré no podía ser ejecutado como pretendía Solydar en su planteo contra Holzwarth.-
Los jueces dicen en su fallo que, “…no se trata de desconocer el derecho del acreedor al cobro, por la vía expedita del juicio ejecutivo, en tanto aquél cumpla con los recaudos legales (y en el caso, y no es menor, también constitucionales). (…) Si no lo hace, pudiendo hacerlo no se le niega el derecho al cobro, pero deberá debatir la cuestión sobre la base de la prueba de la existencia y adecuación normativa y axiológica de la relación de consumo, canalizable a través de un proceso declarativo. (…) Por lo tanto, no se trata de premiar al deudor sino de no perjudicarlo, contrariando la manda constitucional (artículo 42 de la Constitución Nacional)…”
El abogado patrocinante de Holzwarth fue su nieto, Tomás Vega Holzwarth. El profesional que “…en este caso demostramos en Tribunales que esta mutual se dedicaba a la intermediación financiera y que lo hacía a intereses usurarios, una situación que abre un debate del rol que prestan las mutuales de este tipo. Y sobre todo, algo que es muy importante, la Justicia protegió a los dos más débiles, algo que se resume en la persona de mi abuelo, que son los consumidores y jubilados…”
QUÉ DIJO LA JUSTICIA
La cámara sentenció en primer término que correspondía la apelación al fallo del juez de primera instancia, al señalar que “…en un juicio ejecutivo fundado en un pagaré, es posible declarar la nulidad del título (inhabilidad) por violación de las reglas consumeriles, atento la desatención de los recaudos previstos en el artículo 36 de la Ley 24.240…” Es decir, que estas previsiones son una condición a partir de que existe una relación de consumo.
La norma citada por los jueces, indica las siguientes precauciones a tener en cuenta al establecer una operación de este tipo. Esto es, que el consumidor debe conocer antes de rubricar el contrato:
“...En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.
c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado.
d) La tasa de interés efectiva anual.
e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.
f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses.
g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere…”

·         * Fuente: Enredaccion.com.ar


martes, 28 de agosto de 2018

NO SE PRIORIZO LA CONTINUIDAD DEL VINCULO...!!!


Una empleada despedida por “desleal” porque habría ofrecido “información sensible” por medio del e-mail corporativo de la empresa en la que trabajaba a competidoras de la misma, será indemnizada por despido injustificado, ya que la Justicia del Trabajo consideró que se le debió haber informado sobre las “políticas” sobre cómo utilizar las herramientas informáticas de la firma. 

La Cámara del Trabajo consideró que no procedía el despido justificado por “pérdida de confianza” por haber dirigido e-mails “a personas que están directamente vinculadas con epresas competidoras”, proponiendo enviar datos de la cartera de clientes de la firma accionada y en consecuencia ratificó la procedencia de la demanda por despido incoada en autos “A. M. E. c/ S. P. T. S.R.L. s/ Despido”, que obliga a la empresa a indemnizar a la actora con $60.000. 

El fallo, dictado por la Sala VII de la Cámara y que cuenta con los votos de los jueces Néstor Rodríguez Brunengo y Graciela Carambia compartieron el criterio de grado respecto de que la pérdida de confianza “es una figura bajo la cual subyace un estado subjetivo del patrón y que por ello precisa de un elemento objetivo indicador de un apartamiento de los compromisos laborales”. 

“No es imprescindible una conducta dolosa si en el contexto que se produce, genera dudas razonables acerca de la buena o mala fe del dependiente. Tampoco lo es que su proceder ocasione un daño de magnitud a los intereses del empleador. Basta que se configure el hecho atribuido y se someta el aspecto subjetivo a la valoración prudencial de los jueces en el marco de las obligaciones que prescribe la Ley de Contrato de Trabajo”, explicó el juez Rodríguez Brunengo, que encabezó el acuerdo. 

Según el magistrado, a cuyo voto adhirió su colega de Sala, si bien la parte actora admitió haber enviado el e-mail en cuestión, el despido no era procedente porque la demandada “no demostró haber notificado fehacientemente a la actora la política de la empresa sobre la utilización de las herramientas informáticas y el correo electrónico corporativo”. 

Tampoco se comprobó que la firma “haya requerido el consentimiento de previo expreso del empleado autorizando al empleador monitorear y controlar sus comunicaciones con el e-mail de la empresa, afectando así su privacidad”. 

“Por otro lado la propia demandada admitió que se trató de un ofrecimiento y no del suministro de información y no probó que la persona a la que iba dirigida estuviera en algún modo relacionado con empresas competidoras”, agrega el fallo. 

Sobre esa base, el Tribunal de Apelaciones estimó que, “aún de considerarse probada la falta que se le imputa, la demandada bien pudo acudir a otra sanción sin embargo su obrar se perfiló contrario a la vocación de continuidad del vínculo cuya preservación incumbe a ambas partes”. 

CAUSA Nº 46.186/2013 - SALA VII - JUZGADO Nº 79 “ALABART MARISOL ELENA C/ SYNERGIA PERSONAL TEMPORARIO S.R.L. S/ DESPIDO”

* Fuente: Diario Judicial